El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este viernes 12 de diciembre un paro armado de 72 horas que iniciará a las 6:00 a.m. del domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del 17 de diciembre.
En un comunicado, la guerrilla pidió a la población que no viaje por carreteras ni ríos navegables durante ese periodo y advirtió que existe un riesgo para quienes circulen por esos espacios, aunque afirmó que “respetarán a los civiles y sus bienes”.
Los mapas de presencia y análisis de conflicto señalan zonas con actividad sostenida o confrontaciones entre el ELN y fuerzas del Estado u otros grupos armados. El Ejército de Liberación Nacional mantiene influencia en más de 200 municipios distribuidos en al menos 22 departamentos del país.
Esa presencia se concentra, principalmente, en regiones donde durante los últimos años también se han reportado incidentes de violencia, confrontaciones armadas y acciones guerrilleras, lo que permite dimensionar los posibles efectos del paro armado anunciado.
Uno de los focos donde históricamente el ELN ha tenido presencia es Norte de Santander, particularmente en Cúcuta, Tibú y la región del Catatumbo. Esta zona del nororiente del país ha sido señalada como un territorio con actividad armada de la guerrilla y confrontaciones con la Fuerza Pública y otros grupos ilegales, especialmente en zonas rurales.
En municipios del Catatumbo como Tibú, Ocaña y La Playa de Belén también se presentan continuamente choques armados, uso de artefactos explosivos y hechos de violencia que han dejado víctimas en distintos momentos.
Las vías nacionales y secundarias que conectan Cúcuta con el Catatumbo y las zonas rurales también suelen ser señaladas por las autoridades como corredores sensibles en materia de seguridad, en particular carreteras alternas y caminos veredales.
En el Chocó, en la región del Pacífico colombiano, el ELN mantiene una presencia sostenida. En este departamento, la guerrilla ha recurrido históricamente a paros armados y restricciones de movilidad, medidas que en ocasiones han afectado el transporte, el comercio y los desplazamientos de la población civil.
Asimismo, el grupo ha desarrollado acciones para influir en rutas interiores y territorios vinculados a economías ilegales, como la minería, una dinámica que en el pasado ha derivado en confinamientos de comunidades y limitaciones a la movilidad.
En este contexto, los trayectos fluviales por el río Atrato y las carreteras locales que conectan a Quibdó con municipios vecinos figuran entre los corredores que podrían verse afectados de manera indirecta, ya sea por presencia armada o por el temor a confrontaciones.
