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| 11/19/2019 7:54:00 PM

Fronteras cerradas, militares acuartelados: ¿son excesivas las medidas frente al paro?

La víspera de las manifestaciones ha estado marcada por decisiones en materia de seguridad que han causado cuestionamientos. Sectores que promueven la protesta las ven como provocaciones, mientras el gobierno las justifica como medidas preventivas.

Paro nacional del 21 de noviembre: fronteras cerradas, militares acuartelados Pocas manifestaciones como el paro de este jueves han provocado tanta tensión en los años recientes. Foto: SEMANA

Pocas manifestaciones como el paro de este jueves han provocado tanta tensión en los años recientes. Las razones de esa atmósfera pasan por el contexto regional, marcado por protestas, muchas violentas, que han puesto contra las cuerdas a varios gobernantes; y por la variada lista de inconformidades y cuestionamientos que los manifestantes esgrimen contra el gobierno Duque. Pero en la última semana se sumó un ingrediente que ha enrarecido el ambiente: las medidas que las autoridades han tomado frente al paro.

Varias de esas decisiones se han visto pocas veces de cara a una manifestación. La orden de acuartelamiento que el mismo comandante de las Fuerzas Militares le dio a su tropa y el cierre de las fronteras nacionales durante el día de las manifestaciones no tienen precedentes recientes. A eso se le suma que las calles del centro de Bogotá, que sin duda es una de las zonas claves de las manifestaciones en todo el país, estuvieron militarizadas en los días previos. Y una serie de allanamientos y un par de capturas que, aunque las autoridades justificaron como procedimientos enmarcados en investigaciones anteriores, algunos han leído como gestos amenazantes a los manifestantes.

Esta serie de medidas comenzaron justo una semana antes del paro, aunque este fue convocado hace un mes y medio. El 5 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores anunció la jornada nacional de protesta contra las reformas laboral y pensional y el incumplimiento a lo pactado en La Habana. Desde entonces se empezaron a sumar distintos sectores, cada uno con sus propios reclamos. El magisterio, los estudiantes, los líderes políticos del acuerdo de paz… Para completar, la racha de asesinatos de indígenas nasa y la caída del exministro Guillermo Botero, luego de que se conociera la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo del Ejército, aumentaron el descontento.

La que parecía otra manifestación convocada por el sindicato más representativo del país, terminó en una protesta que generó expectativas generalizadas y levantó la preocupación en el Gobierno. La primera medida fuerte llegó por parte del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. El 14 de noviembre, el líder castrense firmó un radiograma en el que ordenaba el acuartelamiento en primer grado de sus tropas desde el lunes previo al paro. Es decir, se suspendían los permisos y las vacaciones en las filas y los soldados tenían que estar prestos para reaccionar.

El documento describe un grado de alarma inusitado para una manifestación civil. Pide, un máximo estado de alerta y ordena disponer esfuerzos para evitar amenazas, prever planes de intervención en coordinación con la Policía y las autoridades y extremar medidas de seguridad en instalaciones militares, infraestructura económica y del Estado.

Este martes, Migración Colombia anunció el cierre de las fronteras nacionales. Su director, Christian Kruguer, comunicó la determinación del gobierno: "El gobierno nacional con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas el próximo jueves 21 de noviembre ha tomado la decisión de cerrar las fronteras terrestres y fluviales (…) para evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad", dijo.

En los últimos días, esa entidad expulsó a 15 venezolanos que, supuestamente, pretendían generar alteraciones en medio de la convocatoria al paro. El argumento de la infiltración de marchas desde el extranjero lo esgrimieron también los gobiernos de Chile y Ecuador en los momentos más violentos de sus manifestaciones.  

Este mismo martes, la Policía hizo decenas de allanamientos que causaron la indignación de los convocantes. En Bogotá, la misma institución reportó 27 diligencias en las que fueron capturados dos hombres, y se incautaron elementos químicos que supuestamente se usarían para fabricar explosivos, hasta pinturas y pañoletas. Hubo operativos incluso en la sede de un medio de comunicación y en espacios de colectivos artísticos.

Desde varios sectores que se han sumado a la movilización convocada para el jueves han salido cuestionamientos a las actuaciones judiciales, justo a dos días del paro. La Central Unitaria de Trabajadores emitió un comunicado en el que “rechaza los allanamientos que se están realizando en Bogotá, Cali y Medellín contra organizaciones sociales y sindicales que se encuentran promoviendo esta actividad”.

La Policía de Bogotá explicó que estas diligencias se han desarrollado en el marco de investigaciones para “identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad”. Las diligencias fueron cuestionadas por presentarse a dos días del paro. “Los allanamientos a dirigentes y organizaciones sociales como @adebogota  y Adida en Medellín son una provocación inaceptable a magisterio y demás promotores del #ParoNacional21Nov Son una nueva razón para marchar. No al regreso del estado de sitio”, escribió la exalcaldesa de Bogotá, Clara López, en su cuenta de Twitter.

Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, también se refirió a los operativos. “Lo que está haciendo la Fuerza Pública contra colectivos alternativos es gravísimo. En las últimas horas se han presentado allanamientos simultáneos en Bogotá, Cali, Medellín, a casas y sedes de grupos artísticos. ¿Es esta una orden del Gobierno?”. Gustavo Petro, Ángela María Robledo, entre otros, también se manifestaron.

Aunque las autoridades están es su legítima atribución de llevar a cabo todas estas medidas, lo cierto es que entre los convocantes lo han leído como una provocación. En redes sociales ya circulan manuales y recomendaciones de autocuidado para los manifestantes, de cara a posibles choques contra la Fuerza Pública. En Twitter, por ejemplo, luego de los allanamientos del martes, se volvió tendencia el tag #Duquetienemiedo.

En entrevista con Noticias Caracol, este lunes, el presidente Duque aseguró que "la protesta pacífica siempre es un mecanismo de expresión ciudadana en una democracia", el cual defiende y atenderá, pero dijo que hay personas que están "tratado de pescar en río revuelto y han tratado de exacerbar sentimientos ciudadanos de odio, de rechazo, sobre la base de mentiras".

Todo este tipo de declaraciones y medidas que el gobierno ha explicado como naturales y preventivas, a la larga han generado una mayor expectativa sobre lo que sucederá el jueves. Independientemente de que sea tan masiva como se espera, incluso de que transcurra en calma o esté atravesada por brotes de violencia, la manifestación del jueves ya ha causado un alto impacto en la opinión pública y en las preocupaciones del gobierno, como lo dejan ver las decisiones que el mismo ha tomado para enfrentarla.

EDICIÓN 1962

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La situación para el presidente no es fácil. Puede que después de las protestas de este año consiga la paz política con los partidos. Pero llegar a la paz social con los del paro resultará mucho más difícil.

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