Pelea de gallos

La sesión de la sala plena de la Corte Constitucional del pasado 26 de julio ha sido una de las más accidentadas de las que se tenga conocimiento. Ese día los nueve magistrados de la corporación definían la suerte final de las llamadas Unidades de Valor Real (UVR), que substituyeron al Upac. La decisión de los magistrados mantenía en vilo a cerca de un millón de personas que tienen créditos de vivienda pendientes con las corporaciones de ahorro.

Luego de siete horas de deliberación, en las cuales se escucharon todo tipo de argumentos a favor y en contra de salvar la llamada ley de vivienda, los magistrados tomaron la decisión de declarar exequible la ley 546, que había sido aprobada por el Congreso el año pasado. No obstante, la corporación hizo algunas precisiones. Entre otras, eliminó el plazo de tres meses que tenían los morosos para solicitar la reliquidación de la deuda y estableció que los intereses de los créditos hipotecarios deben ser los más bajos del mercado.

Este último punto fue, sin duda, el más controvertido del día. Después de un acalorado debate entre el ponente del proyecto, magistrado José Gregorio Hernández, y sus colegas Vladimiro Naranjo y Eduardo Cifuentes, la sala plena en su mayoría decidió que las tasas de interés para la financiación de vivienda no sólo deberían ser las más bajas del mercado financiero sino que estarían sujetas a la intervención de la Junta Directiva del Banco de la República. Al final del debate, tanto Naranjo como Cifuentes decidieron apartarse de la opinión de la mayoría y anunciaron su salvamento de voto. “La Corte no puede sustituir al Legislativo en lo que respecta al desarrollo del derecho a la vivienda digna” dijo, al calor del debate, uno de los magistrados opositores.



Cruce de cartas

A pesar de que la discusión del 26 de julio alcanzó altos decibeles, lo peor estaba por llegar. En efecto, dos semanas más tarde Eduardo Cifuentes y Vladimiro Naranjo radicaron su salvamento de voto y aprovecharon la ocasión para manifestar que, “aunque, como fruto del debate, la mayoría aceptó en parte nuestros planteamientos, persiste nuestro disentimiento”.

De paso, los dos magistrados ratificaron las razones por las cuales se opusieron al concepto de la mayoría. El tono del salvamento de voto fue muy fuerte y los términos muy duros. “La sentencia anuncia con claridad que ha nacido en el panorama de los órganos reguladores del Estado uno superior a todos, dotado de poderes de intervención, cuyas resoluciones incluso no experimentan las limitaciones que se pueden hacer valer ante las autoridades competentes. Este órgano no es otro distinto de la propia Corte Constitucional”, afirmaron Naranjo y Cifuentes en uno de sus apartes. Y como si ello fuera poco, los magistrados agregaron: “La Corte se expone a toda clase de críticas o elogios puesto que decidió transformarse en instancia puramente política, lo que puede deteriorar su prestigio y responsabilidad”.

Como era de esperarse, este tipo de expresiones generaron una reacción inmediata entre sus colegas, incluyendo a muchos de los que habían estado de acuerdo con sus planteamientos con respecto a la ley de vivienda. “Es un irrespeto para con la Corte Constitucional y es muy triste que lo digan dos magistrados que están de salida de la corporación. Los términos no se compadecen de la alta dignidad de los magistrados que se van, ni de los que se quedan, ni de los que van a llegar”, dijo a SEMANA un magistrado de esta Corte que prefirió no ser identificado.

Pero era apenas natural que el salvamento de voto de Cifuentes y Naranjo recibiera una respuesta igual de fuerte. El magistrado Alfredo Beltrán, con la adhesión de José Gregorio Hernández, respondió que Cifuentes y Naranjo “no pueden —en ningún caso— pretender que con su postura individual se sustituya la decisión colectiva, como quiera que no son jueces singulares sino integrantes de una corporación colegiada”.

En su constancia escrita Beltrán y Hernández dijeron, además, que las posiciones de Naranjo y Cifuentes “resultan contrarias a derecho, son antidemocráticas, constituyen un irrespeto a la corporación, de la que todavía forman parte, pues pese a haber renunciado ostentan hoy la calidad de magistrados de esta Corte, e invitan francamente a la desinstitucionalización de la República en momentos especialmente difíciles. (…) Es muy distinto discrepar de la decisión de la mayoría que intentar descalificar a la Corte y procurar su desprestigio”, declararon los dos magistrados.

La constancia radicada por Beltrán y Hernández tampoco ahorró calificativos para referirse al comportamiento de sus colegas. Palabras más, palabras menos, los dos magistrados afirmaron que si la sentencia final de la Corte Constitucional resultaba acorde con la posición personal de los magistrados Cifuentes y Naranjo, ellos consideraban que se ceñía a lo establecido por la Constitución. Pero en caso contrario, es decir, si el fallo se adoptaba sin su voto, la sentencia resultaba, según su criterio, violatoria de la Carta.



Mal precedente

Aunque es apenas natural que en una alta Corte del Estado, en la cual confluyen todas las líneas del pensamiento y las manifestaciones políticas, se presenten discrepancias en torno a un fallo o pronunciamiento jurídico, lo que desde todo punto de vista resulta reprochable es que estas diferencias no se ventilen con la altura que merecen. Al punto de dar origen a constancias en las que los otros jueces colegiados tengan que dejar por escrito que se sienten injuriados por los términos de un salvamento de voto, que lo común es que no trascienda más allá de las posiciones meramente jurídicas.

Es claro que el espectáculo del cruce de cartas entre estos magistrados poco contribuye a solucionar la crisis del Estado, como seguramente es la aspiración de estos altos jueces de la República. Por el contrario, atenta contra la propia integridad de la corporación de la cual hacen parte. Ello se refleja en el hecho de que para muchos es bastante probable que este tipo de situaciones reprochables tengan que ver con el deseo de algunos magistrados de la Corte Constitucional de aspirar a ocupar otras dignidades del Estado. Como se recuerda, la mayoría de ellos deberán ceder sus cargos a nuevos magistrados a partir de marzo del próximo año.

Quizá todo el meollo del asunto radique en que, inexplicablemente, para la Constitución de 1991 los magistrados de la Corte Constitucional son los únicos funcionarios del Estado que no están inhabilitados para ejercer un gran número de altos cargos oficiales inmediatamente después de su retiro. Entre estos se destacan magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del Pueblo y Procurador General, entre otros. De ahí que en época de retiro de algunos magistrados un grueso de la opinión tienda a leer los fallos no desprevenidamente, como corresponde a cualquier pieza jurídica de una alta corporación, sino tratando de descubrir algún elemento que identifique al ponente con la campaña que públicamente se sabe que adelanta para determinado puesto. Y eso, más que hacer justicia, es hacer campaña política.