Una vez más el procurador arremete contra el acuerdo de cese al fuego

Como si fuera el pan de cada día, el procurador Alejandro Ordóñez volvió a arremeter contra el proceso de paz, esta vez, poniendo en duda la capacidad que tendrán las instituciones para evitar que las FARC aprovechen el acuerdo sobre el cese de las hostilidades para atentar contra el orden público.

El procurador envió al presidente Juan Manuel Santos una carta con 60 preguntas en las que expresa su desconfianza en temas como la desmovilización, la entrega de armas y la capacidad de la fuerza pública para impedir que la guerrilla utilice las zonas de concentración de sus efectivos para cometer delitos.

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Uno  de los principales temores que refleja el procurador es el proceso de desmovilización. Por eso, no entiende por qué en el acuerdo no se señala expresamente que sea esa la consecuencia de la terminación de la confrontación militar ni se asegura qué se debe entender por el acto de desmovilizarse.

Además, cree que si el objetivo es la desaparición del aparato armado de la guerrilla ha debido convocarse a las milicias urbanas de la organización, especialmente las que se autodenominan como bolivarianas y a quienes integran el Partido Comunista Clandestino (PC3).

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Ordóñez tampoco cree en el desarme. Dice que no hay mecanismos que permitan verificar que el arsenal que entreguen las FARC pertenezca realmente a la organización, que no hay forma de comprobar si lo que entreguen corresponde realmente a todo su armamento y, lo más preocupante, no parece existir la posibilidad de investigar qué delitos se cometieron con esas armas.

Para el alto funcionario, urge establecer con precisión cuál será el rol que cumplirán los verificadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y si las autoridades penales y organismos de policía judicial tendrán alguna posibilidad de examinar el armamento.

El procurador tiene miedo de que las zonas de concentración en las que permanecerá el personal de la guerrilla pueda ser utilizado para la concreción de actos delictivos que pongan en riesgo la seguridad y los derechos humanos de las poblaciones aledañas.

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Por eso, pide al presidente que indique bajo qué condiciones la fuerza pública podrá preservar el orden en las regiones y zonas por donde pasen los sitios de ubicación y si organismos del Ministerio Público como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán la oportunidad de acceder a esos campos, al tratarse de autoridades no armadas interesadas en defender los derechos de las comunidades.

El jefe del organismo de control cree que el Gobierno debe explicar con claridad qué podrán hacer las autoridades para evitar que pobladores de las regiones afectadas sean víctimas de extorsión, abigeato y demás abusos de los que históricamente ha sido víctima la ciudadanía cuando ha tenido cerca la presencia de guerrilleros.

Para él, es necesario además garantizar que los actuales integrantes de esa guerrilla no terminen asociados a otras estructuras violentas organizadas como el ELN o las bacrim. Por eso, dice, es necesario conocer cuál será el plan de la institucionalidad para provocarla reinserción social de los hoy guerrilleros, a través de proyectos productivos y demás estrategias.

Adicionalmente, el procurador Ordóñez hizo el llamado al presidente Juan Manuel Santos para que no olvide la advertencia de la Corte Constitucional sobre la obligación que tiene el Gobierno de dar a conocer a la ciudadanía el contenido completo y detallado de los acuerdos antes de que el electorado tome decisiones.