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| 4/28/2019 4:48:00 PM

¿Quién quiere matar al veedor de Pereira?

A Daniel Silva Orrego, un joven abogado cuyas denuncias han motivado procesos jurídicos contra varios políticos de Risaralda, le estarían planeando un atentado con fusiles y explosivos. Él ya es persona protegida y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Quién quiere matar a Daniel Silva Orrego, el veedor de Pereira? Daniel Silva Orrego, abogado y veedor de Pereira, Risaralda, amenazado por sus denuncias. Foto: Cortesía y Luis Ángel Murcia / Semana

Daniel Silva Orrego no es cualquier veedor. Entre sus logros como fiscalizador de políticos y funcionarios públicos tiene el haber ganado demandas de pérdida de investidura contra un congresista, cinco concejales (4 de Pereira y 1 de Dosquebradas) y la nulidad del cobro anticipado por valorización que le hicieron a los pereiranos, lo que motivo la devolución de por lo menos 16.000 millones de pesos a los contribuyentes. Todo ello lo logró aún sin haberse graduado como abogado.

Además, lideró la nulidad de la elección de los dos últimos directores de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Al final esos funcionarios terminaron desvinculados de sus cargos y en la actualidad aumentó su activismo como veedor, escribiendo una columna de opinión en un portal web llamado La Cola de la Rata, desde donde amplifica sus investigaciones que luego se convierten en denuncias ante los entes de control. Silva también es el autor de la demanda que busca la pérdida de investidura y muerte política de Iván Márquez, exjefe de la guerrilla de las Farc.

Por cuenta de esos triunfos jurídicos, Silva Orrego empezó a ser considerado como el terror de la clase dirigente de Risaralda y de los corruptos que veían en él una amenaza. Pero cuando esa campaña moralizadora estaba en su pico más alto, llegaron los problemas de seguridad para él y su familia. En marzo de 2017 fue amenazado de muerte por un hombre que timbró en su casa para apuntarle con un revolver en la cabeza mientras le decía: “Vea, malparido, no queremos más investigaciones de denuncias suyas, queda advertido”.

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Ese incidente hizo que Silva Orrego denunciara el caso ante las autoridades y solicitara seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP. No obstante, y frente a la negativa de que le otorgaran el esquema de protección, el joven abogado acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; ese organismo internacional lo protegió con una medida cautelar que obligó al Gobierno a ofrecerle cinco escoltas y dos carros (uno de ellos blindado).

Y cuando el líder social creía que todo iba viento en popa y su seguridad ya no era un problema, la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, lo sorprendió con una información que lo dejó frío: “el 23 de marzo, llegó al correo de la Flip, un mensaje anónimo en el que se advertía de la planeación de un atentado en contra del señor Daniel Silva Orrego”, dice la carta que la enviaron desde esa fundación.

La importancia de esa información anónima es que tenía datos muy específicos sobre el esquema de protección del veedor, sus rutinas y las ciudades que frecuentaba. De ahí argumenta el denunciante que el atentado sería ejecutado con armas de largo alcance y explosivos.

La importancia de esa información anónima es que tenía datos muy específicos sobre el esquema de protección del veedor, sus rutinas y las ciudades que frecuentaba. De ahí argumenta el denunciante que el atentado sería ejecutado con armas de largo alcance y explosivos.

“En el último mes se ha estado planeando un atentado contra el señor Daniel silva Orrego que vive en la ciudad de Pereira se tiene información certera que se tiene planeado un atentado con armas de largo alcance y explosivos ya que cuenta con un esquema de seguridad fuerte (5 guardaespaldas y dos camionetas y una de ellas blindada) le han hecho seguimientos y se sabe que viaja mucho a Bogotá por tierra y a pueblos de Risaralda. Hay mucha gente contra él. Guardar absoluta reserva”, dice textualmente el correo.

De inmediato el asunto disparó las alarmas y los primeros en pronunciarse fueron los de la Flip, pero de manera privada porque argumentaron que, al visibilizar la amenaza, “es posible que un comunicado lo expusiera más y tuviera un efecto contrario al de proteger su seguridad”, explicaron tras enfatizar que le harán seguimiento a la situación y colaborar en la investigación.

Silva por su parte puso la respectiva denuncia ante la Fiscalía y notificó del nuevo riesgo a la UNP, la Procuraduría y a la CIDH, pero aclarando que no requiere que le aumenten la protección, “sino que haya resultados en la investigación y mientras ello sucede, mejoren el blindaje de las camionetas que me asignaron”.

En ese mismo sentido también se pronunció el coronel Manuel Gilberto González Salcedo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien a través de un comunicado al director de la UNP, le pide “estudie la posibilidad de rotar el parque automotor asignado al señor Silva, ya que (…) dichos vehículos se encuentran detectados y reconocidos por parte del supuesto victimario”, argumentó el oficial.

Agregó que ”este comando recomienda la traslación de los mismos, con el fin de garantizar su vida e integridad y así evitar la rutina y generar una recepción de cambio”, dijo el coronel González.

Las denuncias

En los últimos años Daniel Silva Orrego se dedicó a ‘coleccionar‘ investiduras de políticos. Estas son algunas de las demandas que ya prosperaron o investigaciones que ventiló en su columna de opinión.

El caso Soto

El 28 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia llamó a acusación al ex senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, de La U. Al legislador el Consejo de Estado ya le había declarado la muerte política en marzo de 2017, tras una demanda de pérdida de investidura que le formuló Silva Orrego por el sonado escándalo de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de su hijastro.

Puede leer: Muerte política para el senador de La U Carlos Enrique Soto

Ahora Soto Jaramillo enfrenta nuevamente a la justicia por ese mismo episodio, pero por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal. Todo ello por haber certificado por varios meses que su hijastro había cumplido labores en la UTL, pero en realidad estuvo de viaje en el exterior y estudiando dos carreras en jornada diurna en la Universidad de Los Andes, lo cual le impedía cumplir con sus labores en el Congreso, donde devengaba un salario mensual de 4.900.000 pesos.

El caso Gallo

Una de las demandas que promueve Silva es justamente contra el actual alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya. Se trata de un proceso de pérdida de investidura ante la sección primera del Consejo de Estado, por violación al régimen de conflicto de intereses y se remonta al año 2008 cuando era concejal y votó en la elección del entonces contralor municipal Iván Early Ruiz Guarín.

El conflicto surgió porque para entonces, Gallo Maya tenía una investigación en curso en ese organismo de control. Silva Orrego asegura en la demanda que, a los pocos meses de posesionarse como Contralor, éste le archivó el proceso a Gallo.

El caso Márquez

Silva también es el autor de la demanda por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que se adelanta contra el exjefe de las Farc, Iván Márquez, según él por incurrir en la causal de no posesión del cargo.

El joven abogado y veedor que milita en el Polo Democrático de Pereira, argumenta en la demanda que Márquez incurrió en esa falta, ”toda vez que decidió no asistir a la sesión inaugural del 20 de julio de 2018 y tampoco concurrió dentro de los ocho días siguientes a tomar posesión, como lo exige la Constitución”.

El proceso se encuentra pendiente para audiencia pública dentro de las tres semanas siguientes y en él actúa como consejero ponente, el magistrado Alberto Montaña Plata.

Caso García

Daniel Silva Orrego denunció a Johan Stiven García, excandidato al concejo de Pereira por el partido Liberal en 2015. A él la Fiscalía lo capturó por presunta estafa por los cargos de captación masiva de dineros, bajo la fachada de ejecutar unos planes de vivienda piratas en Dosquebradas y Pereira.

Según el veedor, García se hacía pasar por víctima de desplazamiento forzado y en esa actividad la Fiscalía estima que recaudó alrededor de 1.000 millones de pesos. Adicionalmente, en las últimas semanas fue denunciado nuevamente “porque al parecer desde la cárcel seguía contactando a las víctimas vía WhatsApp, con el objetivo que le retiren las denuncias”, aseguró Silva.

Los dardos contra Merheg

Y desde su columna de opinión, Daniel Silva, la emprendió contra el polémico exsenador y empresario de la suscripción por cable, Habib Merheg Marún, hermano del actual senador Samy Merheg, conservador.

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Precisamente fue el veedor Silva quien desde enero de este año denunció el retorno a la arena política, en cuerpo ajeno, del polémico exsenador investigado por parapolítica y salpicado por el escándalo de los terrenos baldíos en el Vichada, que resultaron a nombre de decenas de personas de su círculo de confianza y laboral.

El abogado publicó una columna titulada “El regreso de Habib Merheg”, en la cual se hizo un recuento de todos sus escándalos. Asímismo, sus presuntos vínculos con el Bloque Central Bolívar de las autodefensas y Macaco, respaldando dicha versión con testimonios de jefes de esa agrupación, tales como: Ernesto Báez, Rasguño y Don Berna. “Los cuales reposan en el expediente que le lleva la Corte Suprema de Justicia, y que ahora está en manos de la JEP en estudio, a la espera de si puede ser admitido en dicha jurisdicción”.

También aseguró que la esposa de Habib, podría ser candidata a la gobernación de Risaralda, lo que confirmaría la versión en el sentido de que el exsenador hará política en cuerpo ajeno.

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