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| 5/12/2018 9:38:00 PM

Horas cruciales para Roberto Prieto, ¿irá a la cárcel?

La Fiscalía destapó las cartas con las que pide enviar a prisión a Roberto Prieto. Lo que sorprende es que entre las acusaciones no están ni Odebrecht ni la campaña presidencial de Santos.

Roberto Prieto podría ir a prisión El próximo martes continuará la audiencia. El juez escuchará los descargos del acusado y luego entrará a decidir si lo priva o no de la libertad

Roberto Prieto estuvo sentado por ocho horas –evidentemente nervioso– ante un juez escuchando los argumentos con que la Fiscalía solicita mandarlo a la cárcel, dado que en libertad representaría un peligro para la investigación que lo acusa de cinco delicados cargos.

La opinión pública esperaba esa imputación desde hacía varios meses, pues Prieto se había convertido en el símbolo del escándalo entre Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos. Por eso, inicialmente no sorprendió que lo acusaran de falso testimonio, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e interés indebido en celebración de contratos.

No todo el mundo registró que esos cargos nada tenían que ver con Odebrecht ni con la campaña del presidente. Se trataba de un supuesto tráfico de influencias de Prieto para que la concesionaria Yuma, cuyo mayor accionista es la multinacional italiana Impregilo, ganara el contrato para los diseños de un puente en el municipio de Plato, Magdalena. Ese contrato, de un valor cercano a 7.000 millones de pesos, correspondía a un punto vacío y necesario dentro de la autopista Ruta del Sol III, a cargo de Yuma, el último tramo de la megaobra que unirá el centro del país con la costa. Aunque el nombre es prácticamente igual al de Ruta del Sol II, la del escándalo de Odebrecht, administrativa y contractualmente no tienen nada que ver.

En audio: Las interceptaciones que podrían enviar a la cárcel a Roberto Prieto

A Prieto lo acusan de influir ante la ANI para que esta le otorgara el contrato del diseño del puente faltante a una subcontratista de Yuma, la firma Consultores Unidos de su entonces amigo Eduardo Zambrano. Como esto sucedió, Prieto recibió 650 millones de pesos disfrazados por medio de una factura falsa expedida por una tercera compañía llamada Megaland. Esta gestión es el único elemento de fondo en el cual se basa la imputación de cargos de la Fiscalía contra Prieto. Eduardo Zambrano, después de diez meses de cárcel, negoció un principio de oportunidad para reducir su condena a cambio de declarar contra su antiguo socio y cómplice.

El ingeniero Zambrano está ahora en detención domiciliaria y en su declaración le aseguró a la Fiscalía que “el señor Roberto Prieto precisaba reunir dineros para cubrir el déficit de la campaña Santos Presidente (reelección, segunda vuelta 2014-2018). Él decía que debía cubrir un déficit, pero que ya no les podía pedir más a los brasileños de Odebrecht porque habían dado mucho, y le daba pena pedirles más. De ahí sale la idea de pedirles a los italianos de Impregilo y la opción era el puente Plato-Ruta del Sol III, porque ellos ofertaron doble calzada el tramo de Yuma y lo único que quedaba sin doble calzada era el segundo puente sobre el río Magdalena; era un tema técnico que permitía realizar esa doble calzada a través de un otrosí”.

En torno a esa declaración hay dos interpretaciones, la de la Fiscalía y la de los abogados de Prieto. Para el ente investigador el entonces gerente de la campaña de Juan Manuel Santos le pidió a la empresa italiana plata para cubrir el déficit a cambio de influir en la asignación del contrato. Como esos 650 millones de pesos no están registrados en las cuentas de la campaña, la Fiscalía concluye que se fueron a sus arcas personales.

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Para los abogados del acusado las cosas son bien diferentes. Roberto Prieto no era un funcionario, sino un ciudadano particular. La gerencia de una campaña presidencial no es un cargo público, sino privado. Su condición de directivo de esta no exigía exclusividad, y una de sus actividades particulares siempre ha sido la de abrirles paso a compañías internacionales interesadas en invertir en Colombia, como Impregilo. Eso, en la práctica, consiste en hacer gestiones ante agencias del Estado, lo que todo el mundo conoce como lobby. Cuando esas gestiones tienen un resultado favorable, el responsable recibe una comisión de éxito, en este caso 650 millones de pesos. Ese dinero nunca fue pedido ni destinado a la campaña presidencial.

Eso tiene muy mala presentación por la simultaneidad de las dos actividades, pero no es automáticamente ilegal mientras Impregilo no lo desmienta. En otras palabras, si la firma que giró la plata dice que contrató a Prieto como lobista, los argumentos de su defensa son sostenibles. Si, por el contrario, afirma que le ofrecieron influencia ante el gobierno a cambio de plata para la campaña, Prieto estaría perdido. La Fiscalía insiste en que el acusado aprovechó su cercanía con el presidente para incidir a favor de la firma italiana. Los abogados de Prieto no lo niegan, pero aclaran que el acceso al poder que buscan todas las compañías que contratan lobistas no es ilegal ni entraña un delito.

Prieto sí está enredado en la forma de pago de esos 650 millones de pesos. Para esto hicieron una triangulación en la que Zambrano consignó la suma a la empresa Megaland sobre una factura por servicios inexistentes; y el dueño de esta, Gilberto Saldarriaga, amigo de Prieto, le entregó de vuelta la plata en efectivo. Esta es una maniobra evasiva y claramente ilegal. Ni siquiera los abogados de Prieto pretenden negar que la factura del pago es falsa. Como este aspecto no tiene defensa, se limitan a decir: “A la factura se le está dando una connotación penal, cuando, y solo eventualmente, podríamos estar frente a una infracción de carácter tributario, cuya valoración estaría a cargo de las autoridades correspondientes. Las faltas tributarias en Colombia no son un delito, sino una infracción administrativa”, asegura Marlon Díaz, defensor de Prieto.

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Pero la Fiscalía no solo presentó la factura falsa como prueba. También hay una serie de interceptaciones telefónicas comprometedoras. Lo sorprendente es que esas conversaciones no tienen que ver con el asunto por el que se está enjuiciando a Prieto, sino con el caso Odebrecht, en el cual no tiene ninguna acusación. En la primera de estas interceptaciones se escucha a Prieto feliz, llamando a Zambrano luego de leer en la prensa que el empresario Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, declaró que nunca le dio plata a él. “Lo que dijo Martorelli ya salió, todo superbién… ¡Usted es un putas, la prepago que le tengo le va a quitar todos los dolores!”, celebra Prieto. En otra llamada, le pregunta a Zambrano si le hizo llegar un documento a Martorelli: “¿Usted entregó el documento al fin? (…) Bueno porque es que Martorelli es muy particular, dice sí pero no, tal vez, quién sabe… es muy confuso”.

Para la Fiscalía estas llamadas significan que Prieto quería ‘cuadrar’ su testimonio con el del alto ejecutivo brasileño. Su vehemente negativa sobre ese intento de coordinación de testimonios con Martorelli no suena convincente. La multinacional Odebrecht ha dado datos concretos a la justicia norteamericana sobre nombres, fechas y pagos en cada uno de los países donde hubo sobornos. A su turno, las directivas de Odebrecht en Colombia han hecho delaciones que pusieron contra la pared a personalidades como el viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales y, a partir de ahí, a los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías, Plinio Olano y Musa Besaile, entre otros. Pero nunca se ha mencionado a Prieto. Marlon Díaz dice que “resulta curioso que la Fiscalía le crea todo a Martorelli cuando acusa a los protagonistas del escándalo, pero no cuando aclara la no participación de Prieto”.

Hay una tercera llamada, entre Prieto y Liliana Baena de la firma Connecta. Esta es la empresa encuestadora que le mide el pulso de la opinión pública al gobierno. Se trata de una larga conversación sobre temas laborales y, en un momento, Prieto le dice a Baena: “Eso es del 2010, también desaparezca todo eso”. La Fiscalía entrevistó a Baena sobre el asunto y ella confirmó que Prieto le pidió borrar los resúmenes de unos informe, pero aseguró que ello “no tenía ningún misterio, en mi negocio, con todos los clientes se maneja un nivel de confidencialidad (…) Es posible que un cliente le diga a uno toma este documento, léelo, infórmate y luego bórralo porque no quiero que esté volando por ahí”. Para la Fiscalía la ‘destrucción’ a que hace referencia la charla no es una práctica normal, sino el ocultamiento de algo. Sin embargo, ese algo nunca se sabrá, pues no apareció en los computadores incautados en el allanamiento.

La fiscal del caso presentó las llamadas como prueba de que Prieto podría obstruir la investigación y que eso amerita una medida de aseguramiento preventiva. Llama la atención que esas conversaciones no tienen nada que ver con la imputación de cargos, pues están relacionadas con Odebrecht y con la campaña de Santos, y Prieto no ha sido vinculado judicialmente a esos hechos. Como ya se dijo, él está acusado por el contrato de Yuma para el diseño del puente de Plato, Magdalena.

Otro elemento inusual del caso Prieto es que, según el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, la asignación del contrato de diseño al concesionario Yuma no tuvo relación alguna con el lobby de Prieto. Se trató de una decisión colectiva con criterios técnicos y financieros en muchas instancias. Además, Yuma había manifestado su interés en el proyecto seis meses antes de que apareciera Prieto, y la asignación tuvo lugar seis meses después de su visita.

La anterior afirmación puede ser verdad. Nadie que conozca a Andrade ha puesto en duda su integridad personal. Sus problemas judiciales se atribuyen más a su ingenuidad que a cualquier otra cosa. Sí puede haber sucedido que Prieto pudo haber cobrado sus honorarios por una gestión que habría tenido el mismo resultado sin su participación. Esa sí es una práctica frecuente en el mundo del lobby.

En todo caso, en este escándalo hay cabos sueltos. La acusación de la Fiscalía reitera una y otra vez los nexos de Prieto con la campaña de Santos y con Odebrecht. Lo asocia concretamente con todos los aportes irregulares ya conocidos: el de los 450.000 dólares por los afiches en 2010 y el millón de dólares de la supuesta encuesta de Sancho BBDO en 2014. También menciona los 290 millones de pesos de InterBolsa en la primera campaña.

Sin embargo, nada de lo anterior tiene consecuencias de ninguna clase. Las violaciones a las normas electorales le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Este órgano archivó el proceso contra Óscar Iván Zuluaga, pues no encontró responsabilidad alguna. Esa exoneración era una decisión política, ya que está totalmente demostrado que Odebrecht pagó una parte de los gastos por asesoría de publicidad. El propio fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó su desacuerdo con esa decisión. 

La absolución a Zuluaga fue interpretada como la antesala de la absolución de la campaña de Santos en la cual, según el fiscal, también hubo aportes de Odebrecht. Pero el proceso de la campaña del actual presidente no ha caducado y tampoco ha sido archivado. El presidente de la república ha pedido que, en la eventualidad de que los términos lleguen a vencerse, se levante la caducidad. Es poco probable que se llegue tan lejos, pues si se le dio un tratamiento favorable a Zuluaga, seguramente el CNE buscará una absolución simétrica entre los dos casos. 

Volviendo al proceso penal, otro interrogante es qué pasó con el millón de dólares de Odebrecht que Otto Bula asegura haberle entregado a Prieto por medio de un emisario. Este último lo niega, pero Bula dio muchos detalles y no tiene por qué haberse inventado esa historia de la nada. Si el millón de dólares le llegó a Prieto, solo podría ser una comisión de éxito por lobby o un dinero para la campaña presidencial. Bula en una carta desde la cárcel aclaró que él nunca había afirmado que fuera para la campaña.

De ser esto verdad, se trataría entonces de un pago a Prieto a nivel personal, por servicios prestados a Odebrecht. Algo parecido al lobby que hizo por la empresa Yuma con el puente de Plato, Magdalena. El millón de Bula, con maletines llenos de billetes entregados en el Hotel El Virrey en Bogotá, había sido el capítulo más espectacular de la telenovela armada alrededor de Roberto Prieto en estos últimos dos años. Sin embargo, este episodio ni siquiera aparece en la acusación de la Fiscalía. Otto Bula intenta negociar un principio de oportunidad con la Justicia, y el destino de esa plata seguramente es uno de los puntos clave de esa negociación.

El gran interrogante es si todo lo anterior va a dejar a Prieto tras las rejas y cuándo. El juez que ya escuchó la acusación de la Fiscalía oirá los descargos de Prieto el próximo martes. La decisión dependerá, en gran parte, de la valoración que haga de la reunión que tuvo lugar entre Prieto y Luis Fernando Andrade en febrero de 2015 para hablar del puente de Plato. Como todos los otros episodios de este escándalo no han sido judicializados, la suerte del acusado está atada fundamentalmente a lo transcurrido en esa reunión. La disyuntiva es fácil: o Prieto se robó una plata que había pedido para la campaña a cambio de un contrato para Yuma, y es culpable de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; o hacía lobby para ese consorcio y falsificó una factura para no pagar impuestos sobre sus honorarios. En ambos casos hay delito, pero en el primero habría cárcel y en el segundo no.

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