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ENTREVISTA

“Se requiere que la ley regule insultos, injurias y amenazas en redes”: experto alemán

El político alemán Norbert Lammert visitó Colombia. Manifestó su preocupación por la difusión de mensajes falsos y exagerados que tienen impacto político y representan una pérdida masiva de la cultura del debate.

28 de septiembre de 2019

Uno de los políticos más influyentes de Europa es Norbert Lammert, quien como partidario de la Unión Demócrata Cristiana fue por 12 años el presidente del Parlamento Alemán, uno de los tres cargos de más alto poder. En el XXV Encuentro de jueces de América Latina que se llevó a cabo en Cartagena, Lammert habló con SEMANA y explicó por qué ahora como Presidente de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) -organizadora del evento- considera que urge un debate trasnacional sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la difusión de mensajes.

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SEMANA: Las redes sociales pueden llegar a ser decisivas en el empoderamiento de líderes políticos. ¿Cuál es el reto de los medios de comunicación para que esos mensajes que lleguen a la gente obedezcan a una realidad y no a una ‘fake news’?

Norbert Lammert: Voy a tratar de responder con un proceso de conocimiento que yo mismo viví. Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos manifestó esa pasión por los mensajes en Twitter, se podía observar durante la campaña electoral., Pero cuando meses después alguien abordó ese tema: que el número de seguidores en su Twitter superaba el número de todos aquellos que compran constantemente periódicos estadounidenses, en ese momento capté cómo ha cambiado la comunicación con estos medios digitales.

 “El derecho fundamental a libertad de expresión, no significaba tener derecho jurídico a injuriar y difamar”

 “El derecho fundamental a libertad de expresión, no significaba tener derecho jurídico a injuriar y difamar”

Hoy en día con la digitalización tenemos un sistema que está a disposición de cualquiera y en el marco de este, casi todo se puede enviar a casi todos sin que exista ninguna instancia que pueda supervisar, controlar o confirmar la relevancia o el contenido verdadero del mensaje. Es uno de los retos más grandes para los sistemas democráticos de cara a que estadísticamente los medios de comunicación por escrito cada vez son menos o están desapareciendo debido a estas formas que llamamos medios sociales. Bombardear a una opinión pública difusa, prácticamente con el contenido que quieran hacerlo.

Con la ayuda de fake news se pueden manipular o influenciar campañas políticas y en su caso resultados electorales. Entre tanto, esto no se basa en especulaciones, sino disponemos de indicios que esto pasa bajo la influencia o también en representación de entidades estatales públicas. De esta manera, hasta otros países pueden tener injerencia no solo en la opinión de otros sino precisamente en campañas electorales.

SEMANA: Alemania es pionera en promover una regulación para que las plataformas intervengan frente a mensajes de odio o insultos so pena de ser sancionados. ¿Qué les ha dejado esta experiencia?

N.L.: El balance hasta el día de hoy es ambiguo. Lo que sí es verdadero es que se requiere que la ley regule o precise cuándo se emiten insultos, ofensas, injurias y también amenazas a través de redes electrónicas. Hay que hacerlo, a pesar de que cualquier forma de configurar o formular leyes por parte del Estado puede ser percibido por esa opinión pública que es afín a las redes como una sospecha de censura.

SEMANA: Darle el poder a una plataformas para controlar los mensajes que difunden es un riesgo de que particulares terminen violando la libertad de expresión ¿Cómo superar este debate adecuadamente?

N.L.: Eso es precisamente lo que quería expresar con lo ambiguo. Para muchos que observan esta evolución, los marcos legales que se han cambiado no lo han hecho lo suficiente. En cambio, para gran parte de la comunidad de redes con estos cambios legales les parece que han ido demasiado lejos. Personalmente no le puedo hacer seguimiento cuando se dice que de esta manera se viola el derecho fundamental. El derecho fundamental a libertad de expresión, de opinión, nunca ha significado tener derecho jurídico a injuria a difamar u ofender. En el momento en que estos delitos se hayan hecho visibles en le mundo análogo, por supuesto que habrá que sancionarlos, no he escuchado hasta ahora un argumento convincente de por qué de cara a estos delitos se pueden realizar a nivel digital y pero son sancionables si son a nivel análogo.

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SEMANA: ¿Cuál debería ser el papel de la justicia en este tipo de confrontaciones entre particulares o figuras públicas en redes?

N.L.: En cuanto al caso colombiano no quiero ni debo decir nada. Especialmente en tiempos recientes tenemos una visión autocrítica de lo que es la justicia en sí. En la mayoría de las investigaciones por parte de la Fiscalía debido a hechos ni siquiera han redundado en una demanda formal y mucho menos en una sentencia. Los fundamentos que se han dado para esa falta de consecuencia por la real o supuesta identificación de aquél que lo emitió. Me sorprende cuando dice que en muchos casos no se trata de una amenaza real sino “virtual”.

Adquiere importancia que en los requisitos jurídicos que se hacen a medios convencionales, por ejemplo, medios escritos o también a medios electrónicos, les achacan la responsabilidad de los contenidos que ellos emiten. Un ejemplo concreto, si un periódico publica una carta de un lector con insultos o amenazas, el propio medio de comunicación es el responsable. Por lo tanto, usted puede hacer valer la responsabilidad de ese medio jurídicamente. Mientras que otros medios que existen y se entienden como plataformas técnicas dicen que son simplemente un puente que hace posible una transmisión desde el punto de vista técnico sin tener ningún papel o responsabilidad legal de medios. La cuestión es que esta diferencia hay que abordarla o va a permanecer; es una de las problemáticas que se tienen que abordar con urgencia.

SEMANA: ¿De no establecer una regulación sobre las plataformas cuáles son los riesgos que prevé que existan a futuro?

N.L.: Existe la amenaza de manipulación, de la injerencia en procesos electorales que

de por si ya es grave. Pero no solo eso, más allá de la comunicación política existe un efecto visible sobre la comunicación privada y pública, y desde mi punto de vista y mi percepción esta caracterizada porque trata de bajar cada vez más el nivel. Cada vez son más usuales las exageraciones por fuera de todo tono. Desde mi percepción, significa una pérdida masiva de la cultura del debate. Y una parte de la explicación de pronto la encontramos en que esa masa tan grande de mensajes solo se percibe aquello que es extremo, desaforado, no creíble o perverso. Dicho de otra manera, el método para que no se visibilice un mensaje es emitir algo razonable, si es así, seguro que nadie se va a dar cuenta ni lo va a ver.

“No he escuchado un argumento convincente de por qué de cara a ciertos delitos se pueden cometer a nivel digital y pero son sancionables a nivel análogo”

SEMANA: Parece inútil que las naciones emprendan debates individuales sobre estos temas ¿Cuál es la importancia de emitir controles de manera articulada frente a mensajes que le pueden dar la vuelta al mundo?

N.L.: Yo observo esta tendencia global hacia una renacionalización y veo ese éxito tan sorprendente que tienen partidos y candidatos, que además están en pro de volver a instaurar esas condiciones nacionalistas, que no creo que a nivel internacional se vayan a tomar medidas conjuntamente frente a este tema sensible. Pero si quiere escucharlo, de mi parte, en cuanto a preguntas de este calibre transnacional por supuesto necesitamos reglas transnacionales, de hecho esta presunción la reconfirmo.

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SEMANA: El manejo de datos se convirtió un escándalo sobre todo de cara a procesos electorales. Alemania también emprendió regulaciones en este sentido ¿Qué aciertos o desaciertos se pueden evaluar?

N.L.: En lo que respecta a experiencias con manipulaciones de procesos electorales por supuesto hay siempre un intercambio de experiencias con instituciones respectivas a nivel nacional pero las consecuencias tienen que tomarse por cada país de manera autónoma.