Tala polémica

El proyecto de sustitución de árboles, que forma parte del programa denominado ‘Bogotá se viste de verde’, que había comenzado con cierta timidez en 1999 y se había suspendido a causa de una medida jurídica, ha vuelto con todos sus fierros. Los habitantes de Bogotá, incluidos aquellos que poco o ningún interés sienten por los árboles, han detectado cómo, en las últimas semanas, han sido talados gran cantidad de éstos en distintos puntos de la ciudad.

Y no es un tema menor o marginal, como aparentemente podría pensarse. Por un lado, el costo total del programa es de 43.000 millones de pesos. Además lo que está en juego es el patrimonio de la ciudad, pues un estudio de la facultad de economía de la Universidad de los Andes valoró los árboles de Bogotá que se han talado y se piensan talar en 895 millones de dólares por los servicios ambientales y sociales que prestan.

El alcalde Enrique Peñalosa en repetidas oportunidades ha justificado este proyecto con varios argumentos: en Bogotá los árboles están mal sembrados, le provocan daños a su infraestructura de vías y redes de servicios. Además, señala que no son de una misma especie y que ese “revoltillo asqueroso, ese matorral espantoso” quita visibilidad y genera inseguridad.

Sostiene, además, que el proyecto es el primer plan serio de arborización que se lleva a cabo en Bogotá pues por primera vez se programa la siembra de 120.000 árboles en la ciudad, muchos de ellos, de acuerdo con los planes del alcalde, en localidades como Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Kennedy, donde jamás se ha sembrado un árbol.

Sin embargo un grupo de entidades de diferentes disciplinas y sin ningún interés político, entre ellos el Comité Pro Arbol, así como la Procuraduría y la Defensoría, han encontrado arbitrariedades en los planteamientos del programa y graves irregularidades en su ejecución, por lo que se han visto obligados a apelar a distintas instancias legales para intentar detener, hasta ahora sin demasiado éxito, lo que ellos consideran un arboricidio de proporciones y consecuencias incalculables: a marzo 28 de 2000 le había significado a la ciudad la pérdida de más de 14.870, cifra que rebasa en más de 3.000 el número de árboles que, de acuerdo con el Jardín Botánico, se iban a sustituir en la ciudad.

Según cifras oficiales emanadas de un informe presentado por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debía sembrar 3.800 árboles para compensar la tala de 322, y señala que en realidad se talaron 760 y sólo sembraron 322 nuevos árboles. Este, entre muchos ejemplos, le muestra al Comité que las cifras que presenta el Distrito no son confiables y, además, que la capacidad de siembra no permite hacer pensar que en los meses que le quedan a esta administración se lleguen a sembrar los 120.000 árboles planeados, pues en tres años se han plantado 51.371, de acuerdo con datos oficiales del Jardín Botánico.

La administración sólo tiene previsto darles mantenimiento durante seis meses. “Cuando pase este tiempo, ¿quien velará por el crecimiento de estos pequeños árboles?”, le preguntó Paula Caballero, integrante del Comité, al alcalde, quien le respondió: “Los árboles crecen solos”.

El Comité ha encontrado gran cantidad de fallas en todas las etapas del programa, desde sus planteamientos conceptuales y su formulación hasta su ejecución. La propia abogada del Distrito, María Claudia Rodríguez, reconoció públicamente en la sede del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se habían cometido “errores y atropellos”, así como equivocaciones.

La administración afirma que la tala obedece a criterios ‘técnico-científicos’ pero, de acuerdo con el Comité Pro Arbol, la ausencia total de control sobre los contratistas y las irregularidades en las fichas técnicas han llevado a la tala de árboles en perfectas condiciones y que no presentaban amenaza alguna por tener, según la ficha técnica, ‘un valor estético negativo’ o, como dijo un contratista “porque estaba feo”. Ciudadanos que han seguido el desarrollo de diversas talas han encontrado fichas técnicas que se equivocan en la identificación de especies y que demuestran desconocimiento científico de la estructura natural de algunas especies, o que simplemente se emplean para justificar el corte de más de un árbol.

Consideran que la tala no es el único remedio que se le puede aplicar a un árbol enfermo ya que, por un costo menor al del corte, se les puede dar tratamiento fitosanitario, tal como ocurrió con los urapanes del Park Way de La Soledad, gracias a la intervención de la Junta de Protección del Patrimonio Urbano. Estos árboles, que hoy gozan de perfecta salud, estaban condenados a ser talados.

En el sur de Bogotá, donde la siembra prometida de árboles es una imperiosa necesidad, el Dama encontró que el 90 por ciento de los programas se encuentran en total estado de abandono y que la sustitución de los árboles talados se ha efectuado en muchas localidades con pastos y plantas de jardín. “¿Por qué se siembran magnolios en el norte y plantas en el sur? ¿ Por qué talan y siembran en el norte, donde ya existen árboles, en vez de concentrar los recursos en sembrar árboles en el sur?”, se pregunta Lina de Ruiz, miembro del Comité.

También han encontrado gran cantidad de irregularidades en la ejecución. El programa se llevó a cabo durante más de un año sin un plan de manejo ambiental. La Contraloría Distrital constató que solamente el IDU tiene un plan de manejo ambiental, pero sólo para tres de sus proyectos. Por lo tanto las demás talas efectuadas no estarían autorizadas.

La administración fundamentó su programa en un manual que aún no existe. Sin embargo su estudio preliminar concluye que las especies que mejor se han adaptado a la ciudad son precisamente las exóticas que el alcalde pretende talar. Este manual, además, en ningún momento avala la tala masiva de los árboles y señala que existen vacíos y deficiencias de conocimiento que es necesario corregir.

Las insuficiencias del proyecto son tan graves que la propia Subdirección de Calidad Ambiental del Dama solicitó la suspensión de la tala hasta no evaluar la viabilidad del plan de manejo ambiental. No obstante, dos meses y medio más tarde Manuel Felipe Olivera, director del Dama, revocó esta recomendación mediante la resolución 0248 de 7 febrero de 2000.

El tema de la sustitución de árboles está muy lejos de resolverse. La próxima semana debe pronunciarse la Contraloría y para el 20 de mayo está prevista una audiencia pública con representantes de la administración, el Ministerio Público y representantes de la comunidad. Y mientras siguen cayendo los árboles de la ciudad las opiniones a favor y en contra de este programa se polarizan más y más.