¿Traidor a la patria?

EL DELITO DE TRAICION A la patria parece una cosa muy seria. Y lo es en efecto. Tanto que en 1819 el general Simón Bolívar mandó fusilar a una buena cantidad de soldados -algo así como unos 300 según cuenta la historia- entre ellos uno de apellido Vinoni, acusados de entregarle información a los españoles para que ocuparan el fuerte de Puerto Sabello. Bolívar ordenó su fusilamiento al descubrirlos en las tropas, en el momento de pasar revista, poco después de la batalla.
Más de 170 años después, un funcionario público es acusado e investigado por el mismo delito. Se trata del alcalde de Providencia y Santa Catalina, Alexander Henry Livingston, quien acaba de ser suspendido del cargo por orden de la Fiscalía General de la Nación que le adelanta una investigación en su contra que puede derivar en un llamamiento al primer juicio por traición a la patria en este siglo. De comprobársele el cargo, ello querría decir, ni más ni menos, que el funcionario atentó contra la soberanía nacional.
La historia comenzó a mediados del año pasado cuando Henry Livingston, respaldado por el Concejo de Providencia y Santa Catalina, creó el CRIL, compañía que se encargaría de explorar y explotar las riquezas depositadas en siete galeones que naufragaron en las costas del archipiélago, según se cree a finales de 1600. Para ello se asoció con unos exploradores estadounidenses a quienes les ofreció una tajada del botín que se pudiera recuperar.
Las gestiones del alcalde de Proidencia y Santa Catalina fueron conocidas por la Comisión de Antiguedades Náufragas, que preside el secretario general de la Presidencia, Miguel Silva, quien denunció al funcionario ante la Procuraduría General de la Nación. Una de las razones para tomar esta decisión es que la Ley prohíbe a los particulares explotar las especies náufragas puesto que son propiedad exclusiva de la nación, tal como lo estableee la Ley 163 de 1959 y lo reitera la Ley 10 del 78.
La experiencia del galeón San José, que terminó en un prolongado litigio con la compañía estadounidense Sea Search y que sigue sin definirse, le enseñó al Gobierno de Colombia que en estos temas no se podía quedar quieto. Por ello en esta ocasión el Gobierno prefirió golpear primero antes de que los particulares le metieran muela al jugoso botín, calculado en varios miles de millones de dólares, y según algunos, más valioso que el tesoro del San José.
Con la carta de la Presidencia en la mano, el procurador general Carlos Gustavo Arrieta remitió la información a su delegado en San Andrés, Luis José Mojica Niño, quien inició entonces la investigación.
La indagación de Mojica terminó en una acusación contra Livingston ante la Fiscalía, bajo el cargo de traición a la patria. Livingston fue suspendido luego por el gobernador Simón González a solicitud de la Fiscalía, entidad que para ello no sólo consideró la denuncia de Mojica, sino otras dos medidas de aseguramiento que pesaban contra el alcalde de Providencia y Santa Catalina por otros procesos.
Nadie sabe cuál será el final de esta historia de piratas. En caso de ser hallado culpable, Henry Livingston no será fusilado como el soldado Vinoni, sino que deberá pagar una condena que va de los cinco a los 15 años. SEMANA trató de hablar con el ex funcionario, pero al parecer, este ex alcalde con apellido de explorador británico del siglo XIX, deció esperar en silencio el desarrollo de su excepcional proceso penal.