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| 1/25/2020 7:00:00 PM

La carretera que devora la selva

Una trocha ilegal de 138 kilómetros arrasa miles de hectáreas en el corazón de la Amazonia colombiana. A pesar de que un fallo exige su cierre, intereses económicos, negocios criminales y necesidades de las comunidades no permiten frenar el ecocidio.

Trochas ilegales acaban con la Amazonia colombiana Las carreteras son una de las seis grandes amenazas que tiene hoy la selva amazónica, según el World Wildlife Fund (WWF), el Ideam y prestigiosos investigadores mundiales como Bill Laurence.
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Sobrevolar el Amazonas ofrece una sensación parecida a recorrer el infinito. La selva es tan extensa y tupida que quienes se adentran en ella pueden perderse en días de camino sin ver el final de ese verde espeso. Por eso, lo que encontró Rodrigo Botero hace unos días lo aterró. El experto ambientalista, conocedor de este bosque como pocos, monitorea por su trabajo el avance de la deforestación y para ello suele recorrer por los aires este patrimonio natural de la humanidad. La semana pasada se encontró con una imagen dantesca.

En medio del paisaje exuberante vio una trocha que se abría paso al costo de arrasar miles de hectáreas de bosque virgen. Se trata de una carretera de 138 kilómetros, la distancia que hay entre Bogotá e Ibagué, que se enrosca en los caminos que fueron abriendo los violentos en tantos años de conflicto en el Guaviare. La vía conecta a Calamar con Miraflores desde hace casi 20 años. Conecta a dos municipios que fueron víctimas del poder territorial de las Farc y que ahora sufren el yugo de las disidencias y las mafias. Estos grupos buscan seguir explotando el lucrativo negocio de los cultivos ilícitos, y para ello se apropian de las tierras baldías de la nación. Botero publicó en su Twitter las imágenes de la carretera, y miles de colombianos se conmovieron ante esa tragedia ambiental que sucede a las espaldas de todos.

El ambientalista tiene el registro gráfico de cómo esa expansión acaba vorazmente con el bosque. Hace dos años, el lote más grande que iba en la “punta de colonización” tenía 12 hectáreas. Hoy ya supera las 200. Los mapas satelitales muestran cómo al avanzar la vía, el bosque ha ido cayendo para convertirse en vastas extensiones de tierras que, a pesar de ser reservas naturales, hoy tienen ‘dueños’. La selva amazónica representa más del 40 por ciento del territorio colombiano. Mientras sus árboles estén en pie, es un patrimonio de la nación. Pero una vez estos caen, personas inescrupulosas y a su vez familias necesitadas las convierten en sus fincas. Alrededor de esta vía podría haber medio millón de hectáreas con este riesgo. Esto lo demuestran varios estudios que confirman que esta zona presentó una de las mayores intensidades de deforestación en 2019 para la Amazonia continental.

La vía es objeto de una compleja disputa. Aunque su construcción se atribuye a las Farc, una mezcla de intereses políticos y económicos la ha expandido. La carretera fue una de las promesas de campaña del exgobernador del departamento, Nevio Echeverry, y de los exalcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa, y Miraflores, Jhonivar Cumbe. Ellos aseguraban que la comunidad de Miraflores, en la que viven aproximadamente 5.000 personas, merecía estar conectada en mejores condiciones, y por eso comenzaron a tomar acciones para abrir la vía, e incluso propusieron al Invías pavimentarla.

"De acuerdo con el Ideam, el arrasamiento de la selva se triplicó durante el periodo de los últimos mandatarios locales, y pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018".

El entonces ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo llevó el caso a la Fiscalía, y en diciembre la justicia tomó decisiones. Según las pesquisas de la entidad, los alcaldes de Calamar y Miraflores “habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial de 138 kilómetros, y al parecer fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron”. A ambos les imputaron cargos por haber permitido “la construcción de una vía entre los dos municipios sin los permisos ni licencias ambientales”.

El juez consideró que el riesgo de perder este ecosistema era tan grave que ordenó el cierre definitivo de la vía. Aseguró que el paso continuo de vehículos pesados, los asentamientos y las quemas estaban destruyendo el bosque, como evidencian las imágenes de satélite, el monitoreo del Ideam y las fotografías de Botero (ver abajo). A su vez, la Procuraduría sancionó a los mandatarios y la corporación autónoma regional les puso una multa millonaria: al gobernador, un poco más de 1.000 millones de pesos, y a cada alcalde, 700 millones.

Estas impresionantes fotografías muestran el avance de la deforestación que produce una vía. Esta es la comparación desde el mismo punto entre abril de 2018 y enero de 2020. Fotos: Rodrigo Botero

Aunque la noticia pasó inadvertida por las fiestas de diciembre, la decisión era muy simbólica. Las carreteras son una de las seis grandes amenazas contra la selva amazónica, según el World Wildlife Fund (WWF), el Ideam y prestigiosos investigadores mundiales como Bill Laurence. Estos han documentado cómo la selva virgen desaparece rápidamente una vez que una vía la atraviesa.

Guaviare ha vivido este desastre aceleradamente. El 90 por ciento del departamento es zona protegida (pues hay allí una reserva, parque natural o resguardo indígena), pero la deforestación avanza a pasos agigantados. De acuerdo con el Ideam, el arrasamiento de la selva se triplicó durante el periodo de los últimos mandatarios locales, y pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal, lo que representa una amenaza que avanza hacia los grandes resguardos indígenas del Vaupés, y hacia el parque Chiribiquete, uno de los principales refugios del Amazonas.

A pesar del fallo, el peligro que representa el avance de esta vía no cede. Esta tiene hoy autorizado el paso de vehículos que no superen los cuatro pasajeros. Los alcaldes de los municipios del Guaviare y el propio gobernador tienen reservas frente a la medida. En una entrevista con María Jimena Duzán, el mandatario regional aseguró que existe una estigmatización frente a los campesinos del Guaviare cuando “la realidad es que detrás de la deforestación están grandes terratenientes”. Según él, estas personas compran la posesión a precios irrisorios y luego se hacen a fincas millonarias.

El Guaviare vive una enorme paradoja por cuenta del proceso de paz. Como el conflicto bajó, existe cierta esperanza en que a esos territorios que antes ocupaba las Farc pueda llegar el desarrollo, representado en ganadería o cultivos de palma. Eso ha creado un negocio de especulación de tierras sobre las reservas naturales que le ha metido una fuerte presión a la naturaleza.

Por otro lado, nadie sabe cómo resolver el problema que representa que en estos refugios naturales se hayan asentado en los últimos años miles de personas. “El Guaviare es el norte de la Amazonia, y nosotros tenemos que transportar comida y enseres al Vaupés y a uno de nuestros municipios, que es Miraflores. A esa comunidad no podemos aislarla”, dijo el gobernador en esa entrevista.

La deforestación se ha triplicado en el Guaviare. Si avanza, están en riesgo reguardos indígenas y el Parque Chiribiquete.

El alcalde de El Retorno, Yeison Pineda, tiene el mismo clamor. Según él, la medida ha impactado a 17 veredas en donde viven muchas personas que le han apostado en esos territorios a reemplazar sus cultivos ilícitos. “Nuestros campesinos son legales, pero hoy volvieron a la ilegalidad. Tienen que salir a la mitad de la noche con el chontaduro por culpa de una medida”, explicó en la emisora Guaviare Estéreo. Allí aseguró que están represadas 11.000 toneladas de esa fruta y que además, el cierre de la vía ha perjudicado las rutas escolares que recogían a los niños.

En los próximos días se realizarán unas audiencias en la región con el juez que emitió la orden, para revisar su cumplimiento. Los mandatarios piensan pedir no cerrar la vía hasta tanto no exista una conexión entre los municipios y sus veredas. De cerrarla, como debería ser, pues está en una zona protegida ambientalmente, el Estado debería garantizar subsidios o soluciones por vía aérea o fluvial a las comunidades que la habitan. Como suele suceder en todos los conflictos ambientales, las respuestas no son sencillas. Pero el país debe cuidar urgentemente el enorme tesoro natural que representa su Amazonía, en un mundo que cada vez sufre más las consecuencias del daño que los hombres le han producido al planeta.

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