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| 5/16/2020 5:15:00 AM

“En el Cauca hay un nivel infrahumano del conflicto": Luis José Rueda Aparicio

SEMANA dialogó con el arzobispo de Popayán, Cauca, sobre la violencia que afronta ese departamento en medio de la pandemia. Asesinatos de líderes, niños y población civil han encendido las alarmas.

Violencia en el Cauca: "Hay un nivel infrahumano del conflicto" Luis José Rueda Aparicio, arzobispo saliente de Popayán Foto: Cortesía archivo particular
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La situación en el Cauca no podría ser más adversa. En medio de la incertidumbre económica que trajo la pandemia, el departamento vive una escalada violenta contra líderes sociales, e intensos enfrentamientos entre grupos armados por el control del narcotráfico. El arzobispo Luis José Rueda, trasladado recientemente por el papa Francisco a Bogotá, advierte que el nivel de barbarie ha sobrepasado los límites.

Semana: ¿Qué pasa en el Cauca y por qué esta nueva escalada violenta? 

Luis Rueda: El departamento históricamente ha sido flagelado por la violencia, el narcotráfico y por una deuda estructural. El Cauca tiene 1.243.000 habitantes, 42 municipios, costa por el Pacífico, y hay unos grupos armados que buscan controlar este territorio y eso lleva a los actos violentos contra la población civil. 

Semana: Es una zona del país con una violencia reciclada, pero en esta ocasión con la aparición de disidencias de las Farc y unos niveles de barbarie muy elevados…

L.R.: Nosotros tenemos en el norte algo que se llama el Triángulo de Oro de la Marihuana, que comprende los municipios de Miranda, Corinto y Toribío. Eso está dominado por la columna disidente Dagoberto Ramos, que son ex-Farc. Del otro lado, también está la columna Jaime Martínez, también ex-Farc, que tiene el mando desde la zona cerca al Valle (en Jamundí) hasta Cajibío, municipio centro del departamento. Además, el frente disidente Carlos Patiño, que está en la zona central y va hasta Balboa (sur), y domina todo el cultivo de coca de la cordillera Occidental. A eso se suma la llegada de la guerrilla Segunda Marquetalia, junto con el ELN, que tiene unos frentes como el José María Becerra, Manuel Vásquez Castaño y otras compañías que azotan la región; se disputan el territorio y en medio de eso quedan los campesinos, cultivadores de coca y marihuana, indígenas y afros. A todo eso agréguele que en el departamento tenemos emisarios del Clan del Golfo y carteles mexicanos. 

Semana: ¿Esa disputa armada es solo por el narcotráfico o existe otra causa? 

L.R.: Hay unas variables económicas en el conflicto que tienen que ver con la economía del narcotráfico, pero al lado de eso también hay tráfico de armas. Además, tenemos la minería ilegal, que se ha convertido en un detonante y una variable socioeconómica que produce guerra. Históricamente, hay otro problema que es la distribución de la tierra; muchos campesinos tienen que abandonar sus tierras, y esos territorios se convierten en trofeo para aquellos grupos.

Semana: En medio de esa disputa armada también han quedado los líderes sociales. En solo un mes fueron asesinados 20, algunos de ellos junto con sus familias.

L.R.: Los líderes sociales están expuestos porque son los voceros de la comunidad para manifestar las problemáticas y los alcances de la economía ilegal, que alimenta el conflicto armado, y también para dar a conocer que los cultivadores son víctimas de ese poderío nacional e internacional del narcotráfico. Los líderes se atreven, en muchas ocasiones, a proponer soluciones que debe asumir el Estado. Antes atacaban al líder social, y eso era lamentable, pero ahora están atacando también de una manera indiscriminada a los niños que hacen parte de su núcleo familiar. 

Semana: Además de ese ataque a los niños (siete en el último mes), ¿también hay reclutamiento forzado de menores?

L.R.: Eso tiene que ser denunciado al mundo. Hay un reclutamiento creciente de menores por parte de estos grupos armados. Abordan a las familias, las atemorizan, y se llevan a los menores para obligarlos a empuñar un arma por una causa que ellos ni siquiera identifican. Les pedimos que paren el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes sociales; estamos haciendo un llamado desde la ética cristiana y desde el derecho internacional humanitario. El llamado a los violentos es que paren ya esta guerra fratricida, y a Colombia que mire para el suroccidente y no nos dejen solos. 

Semana: ¿Esta nueva escalada violenta en el Cauca es producto de una mala implementación del acuerdo de paz?

L.R.: Yo creo que esa es una variable. Si queremos disminuir esta escalada violenta, se hace necesario disminuir la afectación de la población civil; esto tenemos que decírselo a las Fuerzas Militares y a todos los grupos que usan las armas. Debemos atacar la pobreza y marginación. Es urgente la creación de programas para que estos territorios sean atendidos, pero además es importante la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito; pactar con las comunidades para ir saliendo de estas esclavitudes que tienen nuestros campesinos, y crear acuerdos humanitarios en los que los líderes sociales estén acompañados.

Semana: ¿Hace parte eso de lo que usted llama deuda histórica del Estado con el Cauca?

L.R.: Mire, por ejemplo, que de Popayán a la zona pacífica, allá donde están los municipios de Timbiquí y Guapi, no hay carretera. Si van a sacar un enfermo, tienen que hacerlo por el Pacífico, llevarlo hasta Buenaventura (Valle) y luego a Cali; mientras se da todo ese recorrido, el enfermo se agrava o se muere, para citar solamente un caso. Además, no tenemos universidades en la zona pacífica y allí hay una población abandonada. Tenemos que decir que el Estado adeuda en educación, infraestructura, salud y atención a los campesinos, y eso también produce violencia.

Semana: ¿Como Iglesia han tenido la oportunidad de dialogar con estos grupos armados?

L.R.: Como Iglesia hemos estado en todos los territorios y nos encontramos con toda clase de grupos, pero no hacemos ningún trato ni alianza. Como evangelizadores sí les pedimos al Gobierno y a los violentos establecer diálogos formales de paz, que puedan permitir una respuesta a la problemática social de la región.

Semana: Con las Farc había unas cabezas visibles y líneas de mando, pero con estos grupos no hay tal figura. 

L.R.: No sabemos con quién dialogar, no hay una estructura organizada de estos grupos. Ese fraccionamiento creemos que es una estrategia para no sentarse a dialogar; esto lleva a que haya muchas partículas con armas y nadie se responsabiliza de nada, nadie es líder y nadie asume las consecuencias. Estos grupos no tienen ideología política, sino una motivación antiética, económica, de muerte basada en el narcotráfico y el tráfico de armas.

Semana: Usted que ha estado en otras regiones de Colombia, ¿se había enfrentado ya a situaciones de violencia similares?

L.R.: Yo soy de Santander y como párroco en distintos lugares de ese departamento tuvimos que vivir momentos muy dolorosos cuando empezaron a aparecer los grupos paramilitares; estoy hablando de hace 30 años. Después fui a trabajar en Montelíbano, sur de Córdoba, y había zonas muy conflictivas por el narcotráfico. Ahora, esta misión aquí en el Cauca me ha permitido entender que el problema es en todo el país. Los obispos del Catatumbo, Arauca, Chocó, La Guajira y Amazonas también están enfrentando situaciones de sufrimiento y dolor.

Semana: ¿Por qué la mayoría de víctimas en el Cauca son dirigentes de la guardia indígena y líderes sociales?

L.R.: Lo atribuyo a dos razones. Una, porque cuando no hay presencia efectiva del Estado de manera integral con todos los elementos de salud, educación e infraestructura, entonces las comunidades se organizan y hacen las veces de autoridad local, lo que las convierte en objetivo de estas estructuras criminales. Dos, porque ellos no están acompañados y tienen que luchar en soledad sin armas en medio de un conflicto de muchísimo dinero.

Semana: Septiembre de 2019, octubre de ese mismo año, abril de 2020. Esas son fechas de masacres contra líderes, políticos e indígenas en el Cauca perpetradas con armas de largo alcance…

L.R.: Es un nivel infrahumano del conflicto. Se han perdido todos los referentes y mínimos éticos y de conflicto contemplados en el derecho internacional humanitario. Definitivamente, se bajó al subterráneo moral, aquí ya la vida no tiene ningún valor, para estos grupos lo único importante es el dios dinero y por él hacen cualquier cosa, como destruir la vida de las comunidades con sevicia. Son capaces de asesinar y luego incinerar; de masacrar a una familia completa; de reclutar menores; de asesinar a una bebé de 9 meses como lo ocurrido la semana pasada en Suárez.

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