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| 5/9/2020 5:08:00 AM

No cesa la horrible noche para los líderes sociales en Colombia

SEMANA narra la escalofriante historia detrás de la masacre de una familia en el Cauca. Un líder social, su esposa, un hijo y una nieta de 15 años murieron en medio de una ráfaga de disparos sin piedad a su casa de bahareque. Radiografía del drama que están viviendo los líderes sociales en el Cauca y el resto del país.

Líderes sociales: el drama del liderazgo en medio de la violencia Las amenazas y asesinatos de los líderes sociales no se detienen en medio de la cuarentena. Foto: ILUSTRACIONES: JORGE RESTREPO
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*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

La noche del 29 de abril, los primeros disparos en la casa de los Narváez Daza no fueron intensos. Desde la finca vecina, José Vicente Isandará escuchó un par de veces el ruido seco de un arma de corto alcance. Hubo segundos de silencio, pero luego vino un sonido más violento: el de los tiros de varios fusiles que retumbaron con fuerza en la vereda El Vado, zona rural de Mercaderes, sur del Cauca. “Están matando a mi compadre Álvaro”, le dijo José Vicente a su esposa.

Él vio en medio de la oscuridad el destello de tres armas que, desde el antejardín, disparaban contra la casa de bahareque. No dudó que el ataque iba dirigido hacia Álvaro Narváez Daza, líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal y desde hace menos de una semana declarado objetivo militar por parte del frente disidente de las Farc Carlos Patiño. 

A Álvaro ese día no lo llamaron para que abandonara su casa. Porque seguramente lo habría hecho, de eso está seguro José. Los hombres armados llegaron en silencio, se ubicaron en el costado y frente de la vivienda. Asesinaron primero a su esposa, María Delia Daza, que a las 8:20 de la noche cenaba en un comedor al aire libre; luego vaciaron tres proveedores de fusil –cada uno de 35 cartuchos– sobre las paredes de barro seco.

Los disparos alcanzaron en el cuarto principal a Álvaro, a su hijo Cristian Narváez Daza, de 22 años, y a su nieta Yenni Catherine López Narváez, de tan solo 15 años. A esa hora, la familia estaba reunida en semicírculo de cara al único televisor. Los tres fallecieron. 

La masacre pudo ser peor. Cinco integrantes de la familia se salvaron. Álvaro Jr. Narváez, de 17 años, hijo menor de Álvaro, intentó refugiarse en un viejo armario, pero lo derribó sobre las redes eléctricas de la vivienda. Todo quedó a oscuras y los pistoleros asumieron que la tarea estaba terminada. Era casi imposible que alguien quedara con vida después de esa violenta arremetida.

El armario caído sirvió como refugio para el adolescente malherido y dos niños de 4 y 7 años, nietos de Álvaro, ambos con heridas de bala en los brazos. Dos mujeres salieron ilesas tras refugiarse en el baño trasero de la casa. Doce horas después, en el levantamiento de cuerpos, las autoridades contaron 110 disparos en la vivienda de los Narváez Daza, 30 de ellos quedaron sobre la puerta metálica azul. 

Masacre en Mercaderes, Cauca

Los asesinatos de líderes sociales no paran en el país. 

Siete días antes de que las balas atravesaran su cuerpo, en la última reunión de la Junta de Acción Comunal, dos personas, en diferentes momentos, le advirtieron que la guerrilla ya no quería hablar con él; uno de los emisarios le entregó un papel con letras dispersas, pero con un mensaje claro: “Álvaro, estás muerto”. 

A los violentos les incomodaba la presencia de Álvaro en El Vado, un estrecho caserío rural del corregimiento Mojarras, al occidente de Mercaderes, pegado a la frontera con Nariño y vecino del río Patía, Argelia y El Bordo (Cauca). Esta es una zona de alto tráfico de cocaína hacia el Pacífico caucano, que actualmente se disputan el Comando Coordinador de Occidente –que agrupa tres frentes y tres columnas disidentes de las Farc–, el frente José María Becerra del ELN y pequeñas estructuras paramilitares vinculadas con el Clan del Golfo.

Las disidencias ya tienen el control criminal del norte del Cauca. Se abrieron paso entre las comunidades indígenas con amenazas y masacres, como la perpetrada en Tacueyó, zona rural de Toribío, en octubre de 2019. Allí asesinaron a la gobernadora nasa Cristina Bautista y cinco comuneros de la guardia ancestral. Los interceptaron en una vía destapada y desde las montañas se escucharon las ráfagas de fusil. 

Con el norte y sus cultivos de marihuana conquistados, el escenario de guerra se trasladó al sur del departamento, donde prospera la coca en grandes cantidades. Allí hay un corredor perfecto para llegar a López de Micay, Guapi y Timbiquí, Pacífico caucano, para luego comercializar el alucinógeno con emisarios de carteles mexicanos. La droga es embarcada en semisumergibles hacia Centroamérica.

El ELN y narcos independientes manejaban a sus anchas el negocio en el sur hasta mediados del pasado enero, cuando a la zona arribó el frente disidente Carlos Patiño. Venían de la subregión La Cordillera en el norte de Nariño. Municipios como Cumbitara, Policarpa, Leiva, Taminango y El Rosario fueron su centro de operación por cinco años. 

El Vado tiene una conexión rural con La Cordillera por el río Patía. Por ese afluente escapó Álvaro hace dos años con su familia, después de varias amenazas y hostigamientos del ELN en cercanías a su finca. Lo culpaban de “propagar chismes entre la comunidad” por liderar procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. 

Álvaro, junto con la Alcaldía de Mercaderes y gremios campesinos, visitó cada una de las fincas donde se cultivaba coca en El Vado para ofrecer la sustitución de esos cultivos por el de limones. Había logrado atraer la atención de autoridades nacionales y departamentales para que la compra de ese producto se hiciera en la misma vereda. Los campesinos, entonces, tendrían vendida su cosecha antes de sembrarla. 

Los grupos armados no dan tregua en la cuarentena contra los líderes sociales. 

Muchos accedieron al cambio, incluso el mismo Álvaro regó su finca con este fruto. El frente José María Becerra del ELN lo declaró objetivo militar en noviembre de 2017. Cinco días después, los Narváez Daza abandonaron El Vado en una madrugada lluviosa. 

El destierro solo duró tres meses. Yenni Catherine López Narváez, la nieta mayor de Álvaro, precipitó el regreso. Lloraba casi a diario, quería retornar a su escuela en Mojarras, donde era famosa por interpretar la quena y la trompeta. La vena artística la heredó de su joven tío Álvaro Jr., quien toca el trombón en esa misma institución educativa. 

“Cuando regresó, parecía que fuera otro Álvaro”, cuenta José Isandará. El liderazgo ya no era solapado, sino frentero. Nuevamente, fue escogido presidente de la Junta de Acción Comunal y sus palabras eran certeras, sin miedo. “Era una actitud como de dolor y rabia por lo que había pasado junto a su familia. En las reuniones nos decía que de ahora en adelante para los violentos no había nada en El Vado”, agrega José.

Con la llegada del frente Carlos Patiño a El Vado regresaron los días de incertidumbre. Los disidentes informaron a través de un comunicado que durante la cuarentena toda la comunidad debía apoyar su lucha armada contra el Ejército Nacional y el ELN. Cada finca tendría que aportar gallinas, ganado o cualquier otro producto que requirieran hombres de esa estructura criminal. Álvaro se negó públicamente. La guerrilla lo mandó a buscar en varias oportunidades. 

Ante la negativa, le enviaron el mensaje: “Álvaro, estás muerto”. Ese mismo panfleto también fue enviado a Teodomiro Sotelo, dirigente de la organización Afro Renacer y líder de procesos de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos en Betania, zona rural de El Tambo, a escasos 20 kilómetros de El Vado. 

El mensaje firmado por el frente Carlos Patiño se hizo extensivo a más de 30 líderes en todo el departamento. Ellos, al igual que Álvaro, guiaban procesos para erradicar la coca y mostraban resistencia al actuar violento en sus comunidades. 

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, asegura que en la cuarentena nacional se han multiplicado los asesinatos contra líderes sociales en Colombia: 38 casos en tres departamentos (Antioquia, Córdoba y Cauca), con una cifra récord de 20 asesinatos en menos de un mes. 

La caravana de la muerte en el Cauca comenzó en Buenos Aires, zona norte. En plena plaza principal balearon a Mario Chilhueso, dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas así como del movimiento social Marcha Patriótica. 

Horas después fue asesinado Hugo de Jesús Giraldo, docente y defensor de derechos humanos, en Santander de Quilichao. Entre el 11 y 24 de abril, la muerte se trasladó al cañón del Micay, un vasto territorio cocalero entre Argelia y El Tambo, que además es la única ruta de salida terrestre hacia el mar. 

Policarpo Guzmán Mage, integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, fue la primera víctima. Lo hallaron el 11 de abril en zona rural con diez heridas por arma de fuego.

Teodomiro Sotelo fue asesinado el 17 de abril. Hombres armados llegaron a su casa, pero no lo llamaron. Simplemente dispararon desde afuera. 35 balas de un proveedor de fusil traspasaron las paredes de madera y encontraron al líder social sentado en la sala. No hubo tiempo para hacer mucho. Cuando miembros de la comunidad en Betania llegaron, ya la sangre asomaba por debajo de la puerta. 

Dos horas después, en la vereda Honduras del mismo municipio, atacaron la casa del comerciante Andrés Caicimance. Él no era el objetivo, iban detrás de su esposa, Beatriz Páez, una valiente lideresa social que había denunciado ante las autoridades el reclutamiento forzado de menores para engrosar las filas guerrilleras.

El ataque también fue desproporcionado y desde el exterior. Dos pistoleros se acomodaron en el frente de la casa y vaciaron un proveedor de fusil. Andrés estaba en la cocina, acababa de montar una olla de arroz en la estufa. Recibió todos los disparos en la espalda. 

La madrugada y mañana del 18 de abril, hombres de la Carlos Patiño con uniformes verde oliva desgastados y botas de caucho se pasearon con lista en mano por las calles y veredas de Argelia y El Tambo. Buscaban otros ocho líderes sociales –entre ellos Beatriz Páez–, que lograron huir hacia el pico del cañón del Micay. Allí permanecieron dos días a la intemperie hasta que una misión humanitaria del Ejército y la Defensoría del Pueblo los rescató en helicóptero. 

Ese 18 de abril, Álvaro leyó el mensaje enviado por las disidencias. Y a pesar de los hechos conocidos en otras veredas, no contempló un nuevo desplazamiento. A su compadre José le dijo que si debía morir, moriría en su casa. 

Tres días después asesinaron en San Juan del Micay, corregimiento de comunidades negras históricamente azotado por la violencia, a los jóvenes Jesús Albeiro Riasco y Sabino, ambos pertenecientes a la organización Afro Renacer. Los hombres de la Carlos Patiño llegaron con lista en mano a una reunión que adelantaban varios líderes para analizar la situación violenta en sus territorios. 

Hicieron arrodillar a las víctimas y les dispararon tiros de gracia, a pesar de las súplicas para que les perdonaran la vida. Luego, se sentaron y obligaron a los demás asistentes a continuar con la reunión sin alterarse por la presencia de los dos cadáveres. 

Veinticuatro horas después del homicidio de Álvaro –y en el otro extremo rural de Mercaderes– fue asesinado Ueneslao Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curacas. Fue alcanzado por los violentos cuando intentaba salir de la zona.

Las comunidades enfrentan amenazas y desplazamientos. 

“Hoy no queda ni un solo presidente de Junta de Acción Comunal en Mercaderes. Todos renunciaron. Se fueron. La comunidad está muy asustada, consternada. Hasta yo mismo a veces siento el pánico”, dice Fernando Díaz, alcalde de Mercaderes.

El día de su muerte, Álvaro se levantó temprano como de costumbre. Era un día especial para él. Logró gestionar ante la Alcaldía más de 50 mercados para personas de escasos recursos en El Vado. Él mismo pasaba las dificultades por el aislamiento, pero donó la parte que le correspondía. A la jornada llegaron más familias de las presupuestadas y las ayudas no alcanzaron para todos. José lo acompañó en toda la actividad.

Por primera vez hablaron de la muerte. Álvaro era reservado, pocas personas conocían de las amenazas en su contra. No le gustaba tocar esos temas “porque eso es darle importancia a los violentos”, decía. José le preguntó qué haría entonces, y él le respondió que ojalá el día que lo llegaran a buscar tuvieran la valentía de cogerlo solo. Pero no fue así. 

Cuando escuchó las ráfagas y vio el destello de las armas, José sabía que el muerto era Álvaro, pero jamás imaginó la barbarie contra su familia. Una masacre de la que nunca habían sido testigos. El sonido de descargas de fusil era común en ese territorio azotado por la guerra, pero la sevicia contra la comunidad no. El ruido de las ráfagas que corta el viento y ahuyenta a los pájaros jamás volverá a pasar desapercibido en la vereda El Vado ni en ningún otro rincón del Cauca.

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