¿Dónde están los $20.000 millones para salvar el río Dagua? El Estado debía entregarlos hace 13 años, pero no

En 2012, una sentencia judicial obligó al Estado colombiano a financiar un estudio ambiental integral para evaluar los daños causados por la minería ilegal en la cuenca del río Dagua, uno de los más importantes del Valle del Cauca. Trece años después, los 20.000 millones de pesos ordenados para tal fin siguen desembolsarse, y las comunidades afectadas continúan esperando justicia ambiental, social y económica.

La denuncia la lidera Jorge Enrique Torres, accionante de la demanda de acción popular que dio origen al fallo. El reconocido líder ambiental afirma que las autoridades no solo han incumplido la orden judicial, sino que han “revictimizado” a las comunidades rurales de Buenaventura que, históricamente, dependen del río Dagua para su subsistencia.

“Ni el juez ha aplicado la celeridad debida, ni las entidades responsables han entregado los recursos. Las víctimas siguen siendo los pescadores, agricultores y familias enteras que vivían del río y hoy enfrentan aguas contaminadas con cianuro y metales pesados”, denuncia Torres.

Según consta en el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura y ratificado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, se ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) asumir el costo total del estudio —valorado en $20.000 millones— y transferirlo a la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), encargada de ejecutar el dictamen pericial.

Además, el tribunal ordenó la creación de un comité de verificación y seguimiento, e incluso autorizó que el dinero se entregara en dos pagos de $10.000 millones. Pero nada de esto se ha cumplido.

La UCEVA, en su defensa ante una reciente tutela de Torres, aseguró que ha enviado comunicaciones reiteradas al Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Minería, Planeación Nacional y otras entidades, sin obtener recursos ni respuestas efectivas. Alegan que no son responsables del incumplimiento, pues el dinero nunca llegó.

El problema de fondo es que ninguna de las entidades directamente responsables —entre ellas los ministerios de Minas y Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y el Distrito de Buenaventura— ha asumido la financiación del estudio. El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, al cual también se dirigieron los recursos en su momento, argumentó no tener disponibilidad jurídica ni presupuestal para realizar el giro.

Mientras tanto, la crisis socioambiental se profundiza. El río Dagua, que nace en las montañas de Dagua y desemboca en el Pacífico, ha sido fuente de vida, turismo y cultura durante décadas. Hoy, está contaminado, sedimentado y olvidado.

“Esta sentencia reivindica los derechos de una comunidad golpeada por la violencia y la minería ilegal. En Zaragoza murieron 21 personas. El río fue territorio de guerra entre FARC y paramilitares, y hoy es invadido por disidencias y bandas como Los Shotas y Los Espartanos”, señala Torres, quien además denuncia que la desatención ha empujado a muchos jóvenes al reclutamiento por parte de estos grupos.

La falta de cumplimiento judicial ha obligado a las comunidades a emprender nuevas acciones legales. Actualmente, cursa una impugnación para declarar al río Dagua como sujeto de derechos —una figura ya aplicada a otros ríos en Colombia— y una tutela contra la CVC y el juez del caso, por dilaciones injustificadas.

Pese al abandono institucional, la comunidad cuenta con el respaldo de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien preside la junta de la CVC y ha expresado su compromiso con el cumplimiento de la sentencia.

“Este es un caso que ahora estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano podría ser condenado por omitir su deber de garantizar derechos colectivos y proteger un ecosistema vital”, advierte Torres.

La sentencia no solo contempla reparaciones, sino también un plan para determinar si es viable realizar minería legal en la zona, bajo control comunitario y ambiental. El estudio permitiría identificar oportunidades sostenibles para la región, como turismo ecológico, aprovechamiento hídrico o incluso energías limpias.

“La minería no es solo oro. Hay potencial de gas, petróleo, agua embotellada e incluso generación hidroeléctrica. Pero si no se hace el estudio, todo eso queda en la ilegalidad, en la destrucción, en la pobreza”, concluye Torres.

Por ahora, los 20.000 millones de pesos siguen “embolataos”. El río Dagua sigue contaminado. Y las comunidades continúan esperando.

Responde la CVC

A través de un comunicado, la Corporación señaló que “no existe ninguna orden judicial que condene a esta entidad o a otra institución al pago de veinte mil millones de pesos”. Y además, recalcaron que la CVC “ha invertido más de $10.000 millones en acciones de recuperación ambiental en áreas afectadas por la minería ilegal y en la mitigación de pasivos ambientales en la cuenca del río Dagua. No obstante, aún no se ha realizado el estudio técnico de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) que fue ordenado por los jueces como requisito previo para determinar los daños ambientales y sociales, y que debe ser financiado por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”.

Asimismo, añadieron que “Es importante reiterar que ninguna de estas sentencias impone a la CVC o a otra entidad el pago de veinte mil millones de pesos. El Tribunal Administrativo del Valle estableció que el responsable de financiar dicho estudio es el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”.