SEMANA revela la grave denuncia que cursa en la Fiscalía contra una exjueza militar y su secretaria, quienes se habrían confabulado, en un presunto contubernio delictivo, para manipular, engavetar y desaparecer pruebas de procesos de falsos positivos en Antioquia.
La gravedad de los hechos, al parecer cometidos por la entonces jueza 25 de instrucción militar penal de Rionegro, Antioquia, la mayor del Ejército, María Teresa Ladino Restrepo, y su secretaria, Claudia Patricia Jurado Echeverry, quedaron consignados en la extensa denuncia de más de 40 páginas.
Los cargos contra las dos exfuncionarias son graves: se les acusa de ser las presuntas responsables de graves conductas como concierto para delinquir agravado, prevaricato agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público agravado.
Para entender la magnitud del asunto, basta con ir a la denuncia que fue dirigida por la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar (UAEJPMP) a Martha Alejandra Parra Chavarro, directora de la Unidad Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la denuncia, las dos exfuncionarias, aprovechando sus cargos, habrían cometido al menos 69 delitos de prevaricato por omisión, es decir, que retardaron o no actuaron decenas de procesos que prescribieron por falta de acción y otros están a punto de morir. En otras tres ocasiones, habrían destruido, suprimido u ocultado pruebas.
“El pacto criminal entre María Teresa Ladino y Claudia Patricia Jurado Echeverry tuvo ocurrencia en Rionegro, Antioquia, entre 2015 y 2023 (...) hizo víctima a la Justicia Penal Militar porque los delitos que la juez y su secretaria acordaron cometer y que luego materializaron atentaron contra la justicia”, señala la denuncia.
Y es que los señalamientos contra la mayor Ladino –quien no fue llamada a ascenso a teniente coronel– y su secretaria se dieron en una de las regiones con mayor número de casos de falsos positivos, incluso en la actualidad la Justicia Especial de Paz investiga al general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, quien fungió como comandante de la IV Brigada, una de las unidades más salpicadas por los homicidios de inocentes disfrazados de subversivos.
En el documento que reposa en la Dirección Contra la Corrupción se denuncian posibles maniobras que formarían parte de esa supuesta alianza criminal. Está bajo los radicados 2045-416; 2005-044; 2010-177, sobre los cuales la Procuraduría, en la tarea de ejercer control de vigilancia, informó que el juzgado 25 se había sustraído de resolver las solicitudes hechas por las partes.
Para la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar, la secretaria Jurado Echeverry sabía “que concertar con la juez para cometer indeterminado número de delitos constituía un hecho delictivo”.
Sobre el engavetamiento de procesos, se conoció mediante oficio n.° 301384 del 23 de mayo de 2023, que de los 115 procesos a cargo del juzgado 25 de instrucción penal militar, el 6,1 por ciento posiblemente ha prescrito y el 28,69 por ciento se encuentra próximo a prescribir. “El rendimiento, edificación y eficiencia de ese despacho judicial es el más bajo de toda la jurisdicción”, señala la denuncia.
La pregunta que queda ahora por responder es quiénes fueron los beneficiados por el actuar criminal, como lo dice la Unidad Administrativa Penal Militar, de la jueza Ladino Restrepo y su secretaria Jurado Echeverry. Esta entidad le pidió al Tribunal Superior Militar que inspeccione más de 20 expedientes por casos de homicidios y narcotráfico en los que prácticamente la acción del juzgado 25 habría pasado de agache. Tras la gravedad del asunto, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar sacó del cargo a las dos funcionarias.