Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

Para la Contraloría existen seis graves irregularidades en el contrato que firmó en el segundo semestre de 2020 la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur). Esta entidad tiene la responsabilidad de manejar el pago de las pensiones a oficiales, suboficiales y personal de nivel ejecutivo de la institución, así como la implementación de servicios sociales, bienestar y recreación de los policías en retiro.

En un informe de auditoría conocido en exclusiva por SEMANA, el órgano de control fiscal manifiesta que el contrato firmado entre Casur con la empresa Dibanka S. A. S. para la transformación digital de los trámites de los afiliados tiene fallas, como gastos injustificados, cobros de porcentajes sin un sustento y falta de transparencia en las cuentas.

“La revisión integral del convenio suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S. A. S. evidenció una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad, transparencia y eficacia en la administración de recursos públicos”, enfatizó la Contraloría en el contundente informe de 22 páginas.

Tras hacer una minuciosa revisión del contrato y analizar las respuestas enviadas por Casur ante peticiones de aclaración, la Contraloría advirtió que no existen soportes claros y definidos de los objetos contractuales. Tal situación afecta directamente a los policías pensionados y a las arcas de la institución.

La conclusión es reveladora: “Estos hechos no solo reflejan deficiencias administrativas y contables, sino que también generan una profunda incertidumbre sobre la integridad de la cuenta, la legalidad de los pagos realizados, la validez de los soportes documentales y la oportunidad en la toma de decisiones financieras en el interior de la entidad”.

Y agrega la Contraloría: “Se advierte así un patrón reiterado de omisión institucional frente a la vigilancia y protección de los intereses públicos en el marco del convenio Casur-Dibanka”.

Pero ¿qué llevó al organismo de control fiscal a esta conclusión? Primero, se observa que el contrato se firmó “sin valor contractual aparente”, y en la letra pequeña se estableció una reducción de porcentajes frente a las acciones que se iban a gestionar, es decir, un porcentaje que se le iba a asignar a la empresa.

En este punto en especial, la Contraloría manifestó que no existe una justificación visible y sostenible sobre la forma como “se fijó esta reducción porcentual a favor de Casur”, que se estableció para el año 2021 en un 17 por ciento, y un aumento al 18 por ciento para los años posteriores.

La respuesta que recibieron de Casur dejó más dudas que claridades. “Esta respuesta del ente auditado no argumenta de ninguna manera la forma exacta en la que se llegó a establecer el porcentaje de devolución a favor de Casur y que al final se traduce en productos y/o servicios en el término de derivados”.

Una de las irregularidades más grandes y sonoras tiene que ver con un subcontrato firmado entre Dibanka y la Fundación Donarte, que, no es casualidad, operan en el mismo domicilio en Bogotá, en una oficina en la calle 26 con 92.

Esta parte del convenio tenía como finalidad actividades de concientización sobre la salud mental y física de los policías pensionados. Se tiene en cuenta que –según advierte la auditoría– la mayoría de afiliados a Casur tienen más de 60 años y cuentan con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, trastornos del sueño y síntomas de estrés o ansiedad.

Pese a la importancia del convenio en materia de salud preventiva y bienestar, la Contraloría no encontró soportes sobre cómo se iba a ejecutar, los beneficiarios ni las acciones adelantadas para cumplir los objetivos. De lo que sí se halló evidencia fue de los descuentos porcentuales a favor de Dibanka.

“Es decir, se le trasladan estos costos directamente a Casur y no se desagregan ni se desglosan estos valores cobrados por la Fundación, valores que se solicitaron por este ente de control desagregar y discriminar, pero finalmente no fueron allegados a esta auditoría”, complementa.

Diversión

El tema de recreación quedó como un espejismo. La referenciada Fundación tenía como compromiso contractual un proyecto vacacional en el municipio de Apulo, Cundinamarca, para que los policías en retiro disfrutaran de días de descanso con su núcleo familiar.

Sin embargo, hasta el sol de hoy, el proyecto está en veremos. Los policías en retiro han señalado que “no hay ladrillo sobre ladrillo” en dicho lugar. Esto –en su concepto– es una muestra más de los incumplimientos y falta de transparencia en la forma de obrar de la Fundación y de Dibanka. Sin embargo, advierten que tiene que responder quien, desde la Policía, elaboró el polémico contrato.

Frente a estas irregularidades, la Contraloría pidió la apertura de una investigación preliminar para establecer la “cuantía final del presunto daño” por la ejecución del mencionado contrato. En uno de los apartados de la petición se señala una cifra parcial a las cuentas que no cuadran: 1.622 millones de pesos.

“Validación del pago (...) no se logra establecer el porqué del costo-beneficio y debida justificación del valor que se cobra por parte de la Fundación Donarte a Dibanka y que finalmente ‘paga’ Casur, ya que se les descuenta directamente. Es decir, se le traslada esos costos directamente a Casur y no se desagregan ni desglosan estos valores cobrados por la Fundación, servicio que se cataloga como ‘servicio plataforma nube’ y que supera los 1.622 millones de pesos”, concluye.

Desde hace cinco años, policías adscritos a Casur han señalado falencias en los servicios prestados por Dibanka y Donarte. Los descuentos que se realizan, advierten, no tienen un soporte, lo que se traduce en una afectación al fondo de los pensionados.

“Otra de las empresas fachada de Dibanka, en este caso una fundación fachada que ni siquiera tiene página web oficial, donde Dibanka y sus directivos siguen descaradamente sacando (y) lavando gran cantidad de recursos de nuestra caja de sueldos de retiro en complacencia plena de los directivos de Casur y nadie les dice nada”, señala la queja que fue la piedra angular del informe de auditoría.

En una queja conocida por SEMANA, se indica que desde el principio existieron irregularidades. Por ejemplo, Dibanka fue constituida el 18 de agosto de 2020 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, su contratación ya le había sido informada en mayo de ese año a los 105.000 afiliados de Casur por medio de la página web.

“Es decir que el acuerdo se dio antes de que dicha plataforma existiera legalmente”, aseveraron en su momento. “El brigadier general (Jorge Alirio) Barón Leguizamón, director de Casur, no hizo ningún estudio de mercado y mucho menos consultó los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los representantes legales de la empresa con la que iba a contratar”, alegaron.

El informe de la Contraloría señala que existen vacíos en la manera como se realizó la respectiva contratación, que llevó a que no se cumplieran los objetivos previstos. “La situación obedece a fallas estructurales en la planeación, ejecución y control del gasto por parte de Casur, al haberse contratado un servicio sin contar con los requisitos legales y técnicos mínimos”.

“Se evidencia la ausencia de estudios previos, evaluación de idoneidad del contratista y seguimiento del cumplimiento contractual (...). Se evidencian deficiencias en la supervisión, que incluyó la firma de actas, autorizaciones de pago y verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales asociadas al servicio de plataforma en la nube relacionadas con actividades de promoción y prevención en salud”, concluye el informe.

SEMANA intentó varias veces contactarse vía WhatsApp y telefónicamente con el coronel Álvaro Arenas, director de Casur, para conocer su posición frente a las conclusiones del informe de la Contraloría y las quejas de los policías retirados, pero no obtuvo respuesta alguna. Por su parte, Bernabé Barragán, vicepresidente de Operaciones de Dibanka, aseveró que la próxima semana responderán a los cuestionamientos planteados y a los hechos referidos en el informe.