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Contraloría General nombra a Jenny Lindo para vigilar finanzas del cierre del gobierno Petro

La designación busca supervisar presupuestos, gastos y movimientos económicos del Estado antes del cambio de administración.

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28 de enero de 2026, 6:34 p. m.
Jenny Lindo, nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado
Jenny Lindo, nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado Foto: Suministrada/ API

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la Contraloría General de la República realizó un ajuste en sus delegaciones clave. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, designó a la abogada Jenny Lindo como nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado, cargo desde el cual tendrá a su cargo la vigilancia del cierre del gobierno de Gustavo Petro.

Lindo asumirá la supervisión de la ejecución del presupuesto nacional, los movimientos financieros de la administración pública, los gastos y resultados derivados de dichos recursos, así como el impacto económico de las decisiones del Gobierno. Además, evaluará los movimientos presupuestales hacia gobernaciones y alcaldías, así como los ingresos y el recaudo de estas entidades. La contralora delegada “vigilará los dineros que cada ciudadano deposita para las inversiones y gastos del Gobierno”, según comunicó la institución.

Jenny Lindo es abogada de la Universidad Libre y cuenta con experiencia en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También ha trabajado con la Federación Nacional de Departamentos y participó en la intervención de Electricaribe. Es docente en la Universidad de los Andes y ha sido reconocida con el premio de Política Técnica que otorga la Universidad del Rosario.

Hasta este cambio, Lindo se desempeñaba como contralora delegada para el sector justicia, donde supervisó la administración de justicia, el sistema penitenciario y la justicia transicional. En ese periodo, la Contraloría reportó más de 150 hallazgos fiscales, 80 penales y evitó la pérdida de más de 200.000 millones de pesos en la gestión de la justicia, según comunicados oficiales de la entidad.