El Gobierno abrió una investigación sobre el papel de las represas en las inundaciones que han golpeado a Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. El presidente Gustavo Petro anunció que ordenó indagaciones inmediatas a las superintendencias para establecer si el manejo de los embalses contribuyó a la magnitud del desastre.
“He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe”, afirmó.
Estás inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2026
1. La crisis climática imprevisible que trajo un frente frío artico. Hoy y mañana tendremos su coletazo final:
mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño.
2.…
El mandatario sostuvo que la emergencia no puede explicarse únicamente por factores climáticos. Aunque reconoció el impacto de la crisis global y de un frente frío ártico, advirtió que existe un segundo factor que debe ser examinado por las autoridades.
“Estas inundaciones… tienen dos orígenes diferentes a investigar”, escribió el jefe de Estado, al señalar que la operación del sistema hidroeléctrico pudo haber agravado la situación.
Según Petro, las represas operaban con niveles elevados de agua en un contexto en el que el país era alertado sobre una supuesta escasez de gas. “Las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite”, aseguró. En ese escenario, cuestionó la liberación masiva de agua: “La botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.
El presidente también planteó interrogantes sobre el modelo energético y las decisiones del sector. “¿Esa energía perdida acaso no debió sustituir al gas, diez veces más caro que la energía hídrica?”, preguntó.
A renglón seguido, criticó la importación de gas y sugirió posibles intereses económicos: “¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses?”.
Como parte de sus señalamientos, Petro pidió la salida del gerente de Urrá, al afirmar que la empresa mantuvo durante semanas niveles superiores a los permitidos. Para el mandatario, lo ocurrido trasciende una contingencia natural.
“Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental”, concluyó, mientras el Gobierno activa una investigación que podría derivar en responsabilidades administrativas, empresariales y políticas.