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El presidente Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; y el gobernador del Valle, Angelino Garzón; durante la reunión de este jueves en el puerto de Buenaventura.

AUTORIDAD

¿Puede el Jefe de Estado ordenar la captura de un ciudadano señalado de un delito?

En una decisión sin antecedentes, el Jefe del Estado ordenó en público la captura de Adolfo Chipantiza, secretario de Gobierno de Buenaventura, a quien un oficial de la Armada lo vinculó con el narcotráfico. El DAS se llevó al funcionario pero después tuvieron que dejarlo en libertad.

26 de octubre de 2006

No hay duda de que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los políticos que mejor maneja los medios de comunicación, en especial la televisión. Pocos hombres como él saben decir la palabra precisa, hacer la pausa justa, medir el tono de voz y marcar con sus movimientos de manos el énfasis en el discurso. Eso le ha permitido llegarles a grandes mayorías del país que avalan todo lo que él dice.
 
En la mañana de este jueves volvió a protagonizar una escena que quedará grabada en la memoria de los colombianos. Ordenó la captura de Adolfo Chipantiza, secretario de Gobierno de Buenaventura, a quien un oficial de la Armada lo vinculó con el narcotráfico. Su orden fue emitida en pleno consejo de seguridad y ante la presencia de las cámaras que registraron todos los detalles.

El consejo de seguridad que adelantaba el Presidente de la República en Buenaventura ocurría con toda normalidad. Iban 30 minutos de la reunión cuando de repente, el Presidente señaló de “indigno de ejercer sus funciones” al secretario de Gobierno del municipio Adolfo Chipantiza. Según el Jefe del Estado había recibido una información gravísima que ameritaba la acusación. El funcionario tenía vínculos con el narcotráfico.

Como prueba el Presidente le pidió a su fuente, al comandante de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Número Dos, capitán de Navío, Héctor Pachón, que revelara en público la información que tenía. El oficial tomó el micrófono y lo denunció. Dijo que el secretario de Gobierno del municipio le pidió devolver una gran cantidad de cocaína que había sido incautada en el puerto.

Según el capitán Pachón, el secretario de Gobierno, le propuso “que hiciéramos el cambio de una droga que habíamos acabado de incautar para evitar que se presentaran algunas muertes y algunas amenazas”.
El Presidente, entonces, en torno firme pero sereno, preguntó: “¿Quién representa aquí a la Fiscalía? ¿Hay alguien de los jueces de la República? ¿Ustedes pueden ayudar a la Fiscalía en un procedimiento, señor director del DAS (Andrés Peñate)? Como no hay representantes de los jueces de la República voy a pedir lo siguiente: que el DAS, que tiene facultades de Policía Judicial, con el apoyo de los funcionarios de Fiscalía y de CTI, con la vigilancia de la Procuraduría y con su testimonio, conduzcan al secretario de Gobierno, ya, a donde los jueces, para que los jueces dispongan lo que deben disponer, que es capturarlo, porque nosotros tenemos que dar una batalla efectiva y con lealtad con la Patria, una batalla contra el narcotráfico.
Procedamos, hágalo por favor, usted señor coronel, jefe de seguridad de la Presidencia lo conduce, lo conduce allá y nosotros seguimos con el consejo”.
 
Todos los presentes dirigieron sus miradas al secretario. En el recinto además del Jefe del Estado, también estaban el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el comandante del Ejército, general Mario Montoya; el comandante de la Armada Nacional, almirante Guillermo Barrera; el gobernador del Valle, Angelino Garzón y el alcalde del municipio, Saulo Quiñones, entre otras autoridades y los gremios y empresarios de la región.

Naturalmente que semejante decisión llevó a todos los noticieros de televisión a abrir sus informativos con la escena. Sin embargo, en el ambiente quedaron flotando varias preguntas. Una de ellas es por qué el capitán Pachón esperó tanto tiempo para hacer la denuncia ya que según su propio testimonio el hecho ocurrió hace más de una semana. “El 17 de octubre, recibí una llamada a las 12 de la noche del señor secretario del Interior, doctor Chipantiza, solicitando hablar conmigo urgente sobre una situación que se le había presentado. Como estamos en este problema de la red de cooperantes para obtener información, le dije que por favor fuera a mi casa. Llegó aproximadamente a los 00:14 minutos, entró a mi casa, de inmediato me abordó, proponiéndome que hiciéramos el cambio de una droga que habíamos acabado de incautar para evitar que se presentaran unas muertes y algunas amenazas”.

El capitán Pachón también señaló que el secretario Chipantiza le había pedido “que aliviáramos la tensión a esta ofensiva que estamos haciendo al narcotráfico, que dejara algunas áreas descubiertas seguramente para traficar con droga”. El oficial agregó que: “Como es una persona con la que me he reunido y hemos hablado sobre la situación de Buenaventura, pues lógicamente quedé estupefacto, porque es una persona muy allegada a la Brigada y ante esa propuesta lo único que atiné fue a retirarlo de mi casa”. ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Por qué no llevó la información ante los jueces? ¿Por qué no la hizo pública en su momento?

Y la pregunta más importante: ¿puede el Presidente ordenar la captura de un ciudadano señalado de un delito? Aunque el Presidente se cuidó muy bien de utilizar el termino “conducción” luego hizo el énfasis cuando agregó: “los jueces dispongan lo que deben disponer, que es capturarlo”.

En este caso el Presidente se equivocó legalmente porque un ciudadano solamente puede ser aprehendido por la Policía en caso de flagrancia o conforme al articulo 28 de la Constitución Nacional mediante orden escrita de autoridad judicial competente.

Ya habían transcurrido ocho días desde el supuesto delito luego no había flagrancia. Y tampoco había orden judicial de captura porque la Constitución dice que nadie puede ser arrestado ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad judicial competente que conforme a las normas de procedimiento es un juez a menos que el sindicado sea aprendido en flagancia.

Según las normas de procedimiento cuando la captura es ilegal, el fiscal o el juez de garantías deben disponer su libertad como en efecto ocurrió. “No existe ninguna denuncia contra mí”, explicó el secretario de Gobierno.

¿Qué viene ahora? Lo que tiene que hacer el capitán de Navío, Héctor Pachón, es presentar la denuncia para que el procedimiento se ajuste a la ley. Entre tanto, el señalado seguirá en libertad porque a pesar de que en realidad tenga vínculos con el narcotráfico nadie puede saltarse las leyes para capturarlo. Y si es inocente su rostro ya abrió todos los noticieros de televisión. En una escena en la que de nuevo se vio al presidente Uribe con el tono de voz, la palabra y la pausa justa y sus movimientos de manos que causaron gran impacto entre los colombianos.