Colombia enfrenta hoy un riesgo real y creciente de repetir el colapso venezolano, no por azar ni por simples diferencias ideológicas, sino como consecuencia de la adopción de un modelo político que tolera —cuando no legitima— al narcotráfico y a los grupos armados ilegales como instrumentos de poder, debilita la institucionalidad democrática y confronta de manera irresponsable a sus aliados estratégicos.
La imagen de Nicolás Maduro llegando esposado a suelo estadounidense tras ser capturado en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos no sería propaganda ni humillación simbólica: representaría el desenlace lógico de un régimen criminal que convirtió el narcotráfico en política de Estado. Pero, sobre todo, sería una advertencia inequívoca para Colombia, que hoy avanza por una senda peligrosamente similar.
El problema de fondo no es Maduro; es el modelo. Un modelo en el que el narcotráfico deja de ser una amenaza para convertirse en el motor financiero de la toma y permanencia en el poder, el combustible de alianzas criminales y el blindaje de proyectos autoritarios. Ese fue el camino de Venezuela y, con inquietante similitud, ese mismo patrón comienza a reproducirse en Colombia, como lo evidencia la infiltración de estructuras del Estado por parte de las disidencias de las Farc, entre otras.
El chavismo no emergió como dictadura de la noche a la mañana: se construyó progresivamente, apoyado en grupos armados ilegales, financiado con economías ilícitas, mediante la cooptación institucional y el desmontaje sistemático de los contrapesos democráticos. El resultado fue un narcoestado articulado a redes criminales transnacionales, acusado de dirigir el Cartel de los Soles y de establecer alianzas con organizaciones terroristas y bandas criminales regionales.
Colombia aún no ha llegado a ese punto terminal, pero ya transita por el mismo camino. El narcotráfico sigue financiando estructuras criminales disfrazadas de guerrilla, que controlan territorios, intimidan a la población, penetran procesos políticos y avanzan en la captura del Estado. Cambia el discurso, se maquilla la retórica, pero el modus operandi es idéntico: legitimación política de actores armados, debilitamiento de la Fuerza Pública y tolerancia frente a las economías ilegales.
Especialmente alarmante es la reacción política frente a lo ocurrido en Venezuela. Los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda no se alinean con la defensa de la democracia ni con el pueblo venezolano, sino con el régimen. No es una posición ingenua: es una señal política preocupante, dadas las múltiples acusaciones que pesan sobre el chavismo por sus vínculos con organizaciones terroristas, bandas transnacionales como el Tren de Aragua y grupos armados colombianos como el ELN y las disidencias de las Farc.
Dicho sin rodeos: Colombia está jugando con fuego. Ya no se trata de debates ideológicos ni de disputas electorales, sino del riesgo cierto de transformar el Estado bajo la lógica del narcotráfico, donde la democracia se degrada a fachada y el poder se convierte en botín criminal. Venezuela no es un accidente histórico ni una advertencia abstracta: es el manual completo de cómo termina un país cuando el crimen organizado se fusiona con el poder político.
A este escenario se suma una política exterior confrontacional con Estados Unidos e Israel —aliados estratégicos históricos—, una estrategia antinarcóticos débil e ideologizada y un proceso de “paz total” que, lejos de pacificar el país, ha fortalecido a los grupos criminales, ha expandido su control territorial y ha colocado a la Fuerza Pública en una guerra asimétrica contra un enemigo financiado por rentas prácticamente ilimitadas.
Es responsabilidad indelegable del jefe de Estado saber leer con claridad el momento geopolítico de la región. Hoy ha quedado demostrado que Estados Unidos, la única superpotencia militar del mundo, no solo conserva capacidades inigualables en todo el espectro de la guerra moderna, sino que cuenta con un factor decisivo que marca la diferencia: voluntad política. Bajo el liderazgo de Donald Trump, esa voluntad se ha traducido en hechos concretos que confirman una realidad incuestionable: el hard power ha vuelto y la Doctrina Monroe está más vigente que nunca.
Persistir en una confrontación estéril y sin sentido, precisamente cuando Estados Unidos busca cooperar para enfrentar un problema de seguridad nacional compartido como el narcotráfico, no es un acto de soberanía ni de dignidad política; es una ceguera estratégica deliberada. Ningún país enfrenta con éxito amenazas transnacionales aislándose de sus aliados naturales o alineándose ideológicamente con regímenes cuestionados.
Lo ocurrido en Venezuela no es un relato lejano ni una exageración retórica: es un hecho fáctico que anticipa lo que podría sucederle a Colombia si continúa atrapada en una lectura equivocada de la realidad regional y en un alineamiento ideológico por el lado incorrecto de la historia. Como sentenció Henry Kissinger: “La historia castiga severamente a quienes confunden deseos con realidades.”
A la luz de los recientes hechos en Venezuela, el próximo gobierno en Colombia debe aprovechar esta coyuntura para replantear con seriedad la lucha contra el narcotráfico como una política de Estado, no como un ejercicio retórico. Ello implica volcar a toda la institucionalidad en una estrategia integral que fortalezca el marco jurídico, restablezca la autoridad del Estado y garantice una presencia efectiva y sostenida en los enclaves cocaleros, combinando control territorial, justicia, inversión social y alternativas productivas reales, en coordinación estrecha con los aliados estratégicos. La lección es clara: cuando el narcotráfico no se enfrenta con decisión, termina capturando al Estado; todavía estamos a tiempo de evitarlo.
La pregunta es inevitable: ¿qué pretende el presidente Petro y su candidato al insistir en un camino que ya demostró su fracaso absoluto en Venezuela? Un modelo que destruyó la democracia, colapsó la economía, degradó a las Fuerzas Armadas e impulsó la mayor crisis humanitaria y migratoria del hemisferio, con más de ocho millones de personas forzadas al exilio.
Este es un llamado urgente a la sociedad colombiana y a la opinión pública nacional. La izquierda radical no ofrece un camino de justicia ni de prosperidad, sino un fracaso anunciado, ampliamente documentado en la región. Ha llegado la hora de defender la institucionalidad, los intereses nacionales y la democracia, antes de que el país cruce el punto de no retorno.
Venezuela ya mostró el final del camino. Ignorar esa lección no sería un error: sería una decisión consciente de caminar hacia el abismo.