Con la llegada del nuevo gobierno, el rumbo del país empieza a cambiar. Venimos de un periodo marcado por el sabotaje institucional, la confrontación permanente y una lógica de lucha de clases que terminó haciéndole mucho daño a la democracia y a su estabilidad. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de romper con esa lógica. Los nuevos liderazgos, tanto institucionales como sociales, pueden trascender la reducida discusión entre derechas e izquierdas, enfrentar la corrupción y, sobre todo, renovar el diálogo con líderes de sectores que durante años han sido tratados desde un asistencialismo pasivo que termina estancando el desarrollo.
Ese nuevo horizonte empieza a verse, por ejemplo, en los encuentros que el presidente De La Espriella ha sostenido con líderes de los pueblos indígenas y con representantes de las comunidades negras de Colombia. No se trata simplemente de cambiar unos nombres por otros. Se trata de reconocer que las comunidades necesitan nuevos liderazgos capaces de representar sus intereses sin convertir esa representación en un instrumento de presión política o confrontación.
Cuando una organización termina hablando en nombre de una comunidad durante décadas y convierte la interlocución con el Estado en un mecanismo de presión, el diálogo también termina estancándose.
El caso del CRIC es una muestra de ello. Ante la minga anunciada para los próximos días, el presidente fue claro: el Gobierno respeta la protesta pacífica, pero no está dispuesto a negociar bajo presión, mediante vías de hecho o amenazas. También anunció que se revisarán los recursos que el Estado reporta haber entregado al CRIC, que ascienden a $1,13 billones. Los indígenas sí serán escuchados, y lo están siendo, pero ninguna organización puede pretender tener el monopolio de su representación ni utilizar esa representación para imponerle condiciones al Estado.
Abrir la puerta a nuevos interlocutores sociales también permite alejarse de una lógica que caracterizó al Gobierno anterior: un asistencialismo pasivo que muchas veces buscó responder a las necesidades de las comunidades principalmente mediante subsidios, en lugar de integrarlas plenamente en una visión de desarrollo basada en sus capacidades, su identidad, su territorio y sus posibilidades de crecimiento.
El verdadero desafío será demostrar que ese diálogo renovado produce resultados. Que las comunidades tengan más oportunidades, que sus territorios puedan desarrollarse y que sus representantes puedan sentarse con el Estado a discutir soluciones, no únicamente a reclamar recursos. Si el cambio de interlocutores no viene acompañado de una nueva forma de entender la relación entre el Estado y las regiones, habremos cambiado los nombres, pero no la política.
Estos nuevos liderazgos pueden abrir una etapa en la que el Estado escuche más voces, premie la capacidad de construir y deje atrás el viejo esquema de dependencia y presión. Se requiere una renovada apuesta por la unidad nacional. Colombia no necesita liderazgos que conviertan la representación social en un mecanismo de presión permanente sobre el Estado. Necesita liderazgos capaces de representar a sus comunidades, defender sus intereses y, al mismo tiempo, respetar la democracia, la ley y las instituciones. Petro y sus mañas quedaron en el pasado.