Ni FECODE ni el país pueden quedarse impávidos frente a esta historia real y demostrable. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) como “cuenta especial de la nación”, manejada por Fiduprevisora, la entidad fiduciaria de mayoría estatal, para pagar las prestaciones sociales y “garantizar los servicios médico-asistenciales”. La Ley 100 de 1993 mantuvo el régimen exceptuado, sin preexistencias ni copagos, extensivo a núcleos familiares, libre de EPS, hoy con 818.860 afiliados al Fomag.
El Fomag se nutre del 5 por ciento del sueldo de cada docente y aportes adicionales, así como del 8 por ciento sobre los factores salariales que pone la nación para garantizar la seguridad social, que abarca además la salud de 200.000 pensionados, quienes cotizan y forman parte de los 401.114 afilados mayores de 50 años. Quienes fueron enganchados bajo el decreto 1278 de 2002, hoy mayoría, están en el régimen general de jubilación.
Desde inicios del siglo, los servicios de salud se contrataron con operadores regionales exclusivos, escogidos por el Consejo Directivo del Fomag, compuesto por tres ministros y dos representantes sindicales. No obstante, ante una segunda prórroga de los contratos existentes a octubre de 2023, grupos de base advirtieron de la amenaza que se colaba contra el régimen especial y alertaron sobre las maliciosas denuncias de Petro de “corrupción”. Ya va en la tercera dilación hasta mayo. (Soberanía, n.° 3, pág. 9).
Develaron el libreto de arremetidas, como la propuesta rechazada en el Plan de Desarrollo para cambiar la naturaleza de la administradora de los recursos, o del sonsonete presidencial de asociar el Fomag a la reforma a la salud. La alerta se hizo realidad cuando en un plenario de Fecode, realizado el 5 de marzo recién pasado, el ministro Jaramillo y el viceministro Urrego plantearon la reestructuración del modelo de salud de los docentes en línea con el proyecto moribundo en el Senado.
Cada docente escogería, como si fuera un CAP de los de la reforma propuesta, la institución a la que quedaría adscrito y “un articulador” pagará por los servicios, según el laxo sistema de factura por evento. El resto fue un discurso de frases vacías como que “ustedes se merecen una colonoscopia como Roy Barreras”, “ustedes mismos manejarán el sistema”, “no tenemos datos”, “si esto sale adelante, van a demostrar…”, “el que necesite, podría ir a Imbanaco”. ¡El imperio de la retórica y la suposición!
El monto neto total para 2024 sería de 3 billones de pesos, pese a que Jaramillo acotó que el gasto histórico es solo 60 por ciento del ingreso al Fomag por salud, lo que, complementado con la frase del viceministro Urrego, “nada está escrito en piedra”, da para inferir que, como en la reforma a la salud, tampoco se sabe cuánto costaría, y, de hecho, revoca la ley 91 de 1989 (Declaración Colectivo Polo, Alianza Magisterial, Educadores Colombia Soberana).
El desmonte del modelo de salud del magisterio es uno de los atajos que Petro tomará, ahora con más fuerza, ante el fallido trámite en el Senado. Incorpora un conglomerado estable en ingresos y numeroso como el magisterio, los pensionados y sus familias. Lo hace a costa de quitarles la exclusividad y prioridad de atención, de dispersarlos en 11.000 IPS, todavía más que las 3.000 del presente, y de sembrar la desigualdad por la heterogeneidad entre y dentro de las regiones y municipios. No es igual un adscrito al hospital de Rioblanco (Tolima) que otro en la Fundación Santa Fe en Bogotá y deja en el vacío la suerte de quienes padecen enfermedades crónicas. Según Jaramillo, se resolverá con “redes integradas” en “un sistema único de información”, cuya conformación será aún más difícil con más proveedores.
Al día siguiente, el Comité Ejecutivo de Fecode fue a la Casa de Nariño y, según algunos presentes, Petro lo instó a ser “pionero” en la aplicación de la reforma “vuelta realidad en el magisterio”, a la vez que ofrecía préstamos blandos para comprar vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro. “Doy para que me des”, un soborno social.
¿Echar mano a la plata del Fomag, que incluye billonarios dineros de los afiliados, formaría parte de la “necesaria reforma tributaria” sobre la que “divaga” el ministro Jaramillo y, de paso, acatar al Fondo Monetario Internacional que prescribe “cautela fiscal” en las iniciativas “sociales”? ¡Blanco es, gallina lo pone!
Las bases de Fecode tienen la palabra frente al despojo del régimen especial, porque, por ahora, hay señales de que el comité ejecutivo tiene disponibilidad de permitirlo. Un anhelo neoliberal que ningún Gobierno anterior pudo concretar, añeja pretensión de los organismos de crédito, presentada ahora con Petro como “reformismo”.