Tragedia sin fin

La masacre de nueve militares en el Catatumbo por parte del ELN era algo que se veía venir. No se trata de estar en contra o a favor de la paz total. Ese no es el debate. El tema es el control territorial y el uso de la fuerza legítima del Estado para controlar organizaciones criminales. Por ahora, el fracaso del Gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, en esta materia es estruendoso.

Lo primero que hay que entender es que el concepto que Petro tiene de la fuerza pública y del uso legítimo y legal de la fuerza es que no se debe utilizar. Él y su ministro tienen paralizada a la fuerza pública con su discurso incoherente de cese al fuego o cese de hostilidades. No han entendido para qué están los militares y la policía: para disuadir o combatir a los criminales siempre con el mismo fin, proteger a los ciudadanos.

Sin control territorial lo que se viene es un crecimiento de todo tipo de organizaciones criminales. Y por supuesto, el desamparo del ciudadano de a pie. Un proceso de paz sin ese principio no llega a ningún lado. Por eso, las organizaciones armadas terroristas o criminales nunca se dejan amarrar a territorios de concentración si no es al final, cuando tienen la certeza del fin del proceso. 

Un segundo error, gigante además, de esta política de paz, porque no hay política de seguridad, es no dar alternativas o salidas a los negocios ilegales. Sin política seria contra el narcotráfico, que el Gobierno Petro no tiene, o contra la minería ilegal, que, en cambio, tampoco, lo que va a suceder es que esas organizaciones criminales van a seguir cosechando las rentas ilegales con total tranquilidad, pues no hay control territorial ni poder disuasivo de la fuerza pública.

El resultado de estas dos terribles equivocaciones de política pública va a ser claro: crecimiento inmensurable de la economía ilegal y de las organizaciones criminales. ¿El paganini? En el caso del Catatumbo fueron los soldados que dieron su vida, pero ya en muchas regiones donde han aumentado las masacres y los asesinatos se siente este crecimiento y control de las organizaciones criminales llámese ELN, disidencias, Farc o bandas criminales. En muchas regiones del Cauca, de Nariño y del Putumayo sienten que hoy están como hace 25 años. Es más, un conocido en el Rosario, Nariño, me contó que se sentían como si fuera 1998.

¿Qué organización va a negociar algo cuando está en el mejor de los mundos?, tranquilos y cosechando los recursos de la ilegalidad. ¿Cuál incentivo puede tener cualquiera de estas organizaciones para avanzar en una mesa de negociación? Por el contrario, buscan prolongar todo lo que puedan ese escenario que solo beneficia a la criminalidad. De nuevo, el ciudadano indefenso paga los platos rotos.

Y el tercer error, que es más del ELN, pero con complacencia del Gobierno, es creer que con esta masacre de soldados indefensos va a lograr más en una negociación. Logran exactamente todo lo contrario, desacreditar las palabras paz y negociación. Se les olvida lo que pasó en el plebiscito. La violencia que quedó con ese proceso de paz incompleto ya generó gran escepticismo en la mayoría de los ciudadanos. 

Uno se imaginaría que el ELN, supuestamente una organización muy integrada a sus bases sociales, entendería y aprendería esas lecciones del pasado. Pero ya no es esa organización política armada. Primero, es un grupo criminal que se financia de la minería ilegal y del tráfico de coca. Segundo, es un grupo criminal binacional, con protección y bases en Venezuela y en Colombia. No tienen incentivo alguno para que algo salga de la mesa de negociación. Solo podemos esperar que se fortalezcan lo que ya se ve en Arauca, pasaron de tres atentados contra el oleoducto el año pasado a diez en estos tres meses, y en el Catatumbo.

El Gobierno, por su parte, sigue empeñado en ese voluntarismo que solo beneficia a las organizaciones criminales. En vez del respaldo a las Fuerzas o la condena clara y contundente a la organización que masacró nueve jóvenes militares, el presidente se empeña en consolidar lo que él llama un gabinete de paz que no tiene nada que ver con la negociación. Con esa conducta, el presidente solo crea más desconfianza de las Fuerzas en su comandante supremo y el aumento de la deslegitimación de la negociación en la sociedad.

A diferencia del desorden y la falta de política en otros temas, en el de la paz y la seguridad lo que va quedando es un reguero de cadáveres que todos los días crece. El silencio de las organizaciones de derechos humanos es impresentable; claro, la mayoría de quienes las operaban hoy son funcionarios del Gobierno, pues los ciudadanos, los activistas y los defensores siguen siendo asesinados. 

Una de las claves del éxito de la política de seguridad democrática entre 2002 y el 2010, que redujo el homicidio en 50 por ciento y el secuestro en 95 por ciento, fue recuperar el control territorial en gran parte del país. Fue muy difícil y costó mucha sangre y dolor. Ahora vemos cómo se pierde. Es más, lo poco conseguido en el proceso de paz de Santos también pierde terreno cada día. Tanto así que hasta el exlíder de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo públicamente que se sentían más seguros en el Gobierno de Duque que hoy. 

Por ahora tendremos que aguantar en estos tres años y medio más muertos, masacrados y desplazados bajo el silencio cómplice de organizaciones nacionales e internacionales. Este proceso no va a ningún lado distinto al de fortalecer todas las organizaciones criminales, a entregar territorios a la economía ilegal y dejar a millones de colombianos expuestos a la violencia indiscriminada de estos grupos.

Sí, vivimos un gran momento de cambio. Bienvenidos al pasado.