La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro contra el sector constructor, a raíz de sus señalamientos sobre una presunta “estafa delictiva” en la fijación de precios de la Vivienda de Interés Social (VIS).
La verdadera estafa es su Presidencia que desconoce la ley. Estafa fue acabar con Mi Casa Ya y acabar con los subsidios de vivienda. Estafa las decisiones populistas, tomadas sin rigor técnico, sin análisis de impacto y que hoy disparan el costo de vida.
— Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) January 6, 2026
No es cierto que la… https://t.co/ZTllwW6MRh pic.twitter.com/XLPiRhw0k0
Según la congresista, estas declaraciones han generado “miedo, incertidumbre y desconfianza” en un sector que, asegura, es clave para la economía y el empleo en el país.
Arbeláez explicó que los topes de precios de la VIS no dependen de decisiones discrecionales de las constructoras, sino que están definidos por la ley y establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.
“Se encuentran indexados al salario mínimo como límites máximos, no como aumentos automáticos”, afirmó, señalando que presentar esta situación como una práctica irregular “distorsiona la realidad” y desvía la atención de los problemas estructurales de la política de vivienda.
En su análisis, la congresista también hizo referencia al impacto que tuvo el incremento del salario mínimo sobre el sector, así como a la cancelación del programa Mi Casa Ya, que, según dijo, dejó a más de 24.000 familias sin acceso a vivienda en 2025.
“Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados tuvieron que desistir”, advirtió.
La representante citó cifras del sector que muestran una caída superior al 40 por ciento en las ventas de vivienda nueva, lo que, a su juicio, evidencia una crisis que no estaría relacionada con la actuación de los constructores, sino con decisiones de política pública.
Además, alertó sobre los efectos en el empleo, señalando que, de acuerdo con el DANE, la informalidad en actividades asociadas a la construcción alcanzó el 70 por ciento.
Arbeláez consideró que convertir al sector constructor en un adversario “es un error político y económico”, y cuestionó que, pese al discurso oficial sobre una “revolución de la vivienda”, se estén construyendo menos proyectos y otorgando menos licencias.
Finalmente, sostuvo que la política de vivienda requiere reglas claras y coordinación público-privada, y recordó experiencias pasadas que, según dijo, lograron resultados medibles. “Sin credibilidad, no hay política social que funcione”, concluyó.
