El clamor de los familiares de los colombianos detenidos en Venezuela: “El presidente no nos da la cara, tampoco la canciller”

Edilma Lara Suárez y José Roberto Espitia Sánchez llevan once meses esperando a su hijo Arlei Danilo, quien fue detenido en Venezuela desde el 13 de septiembre de 2024, mientras cruzaba la frontera por el departamento de Norte de Santander para acompañar a una de sus amigas a hacer diligencias en ese país.

Cuando Arlei Danilo se presentó en el puesto de control migratorio, con su pasaporte en mano, fue retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Su familia solo tuvo noticias de él hasta tres semanas después, cuando Diosdado Cabello mencionó su caso en medio de un programa de televisión, acusándolo de ser un jefe paramilitar.

Pasaron ocho meses sin que Edilma y José, dos campesinos de Cómbita, Boyacá, tuvieran más noticias de él. La siguiente señal llegó el 15 de mayo desde la cárcel Rodeo 1, de Caracas, un día que el joven tuvo acceso a un celular para llamar a su familia y decirle que estaba vivo.

Desde entonces, sus padres emprendieron una lucha para conseguir que regrese a casa, una libertad que no depende de ellos, sino de que el gobierno de Gustavo Petro haga gestiones ante la dictadura de Nicolás Maduro para conseguir el retorno de los 37 connacionales que están detenidos en ese país, según las cuentas que hacen los familiares.

“No sabemos por qué el presidente Gustavo Petro no nos tiene en cuenta a nosotros los colombianos, sabiendo que nosotros lo apoyamos para subir a la Presidencia. Si está ayudando a las personas de otros países que han sido liberadas, ¿por qué a los colombianos no los han liberado", reclamó Edilma.

Las familias saben que muchos de los colombianos detenidos en Venezuela están en ese centro carcelario sobre el que organizaciones como Amnistía Internacional, Wola y Provea han emitido alertas sobre las posibles violaciones a los derechos humanos que se presentan dentro del penal.

El registro de connacionales presos lo levantaron a pulso gracias a los relatos que han conseguido de quienes estuvieron en la cárcel, un lugar en el que solo les permiten ver el sol una hora cada día, cuando los sacan encadenados de sus celdas para tener un breve momento fuera de las rejas.

Por su parte, la última vez que Gilma Rosa Quinchía Daza supo de su hijo Luis Eduardo fue el 30 de septiembre, cuando el joven cruzó el río Arauca para ver unos caballos que quería comprar y que estaban en una finca al otro lado de la frontera. Para entonces tenía 28 años y ahora tiene 29, porque la celebración de su cumpleaños llegó mientras estaba en prisión, acusado de supuestos cargos de narcotráfico.

Gilma Rosa vive de sembrar cacao, plátano y yuca en la finca que le dejó su padre. Con el dinero que recogió de sus cultivos viajó a Caracas para buscar a su hijo cárcel por cárcel, pero su nombre no apareció en ningún listado de detenidos. Pese a la negativa de las autoridades venezolanas, ella sabe que su hijo está detenido en ese país porque en mayo recibió una comunicación en la que le dijeron que él es uno de los presos políticos del régimen.

“Llegamos a hablar con el presidente Petro y esta es la hora en la que no nos ha dado la cara, tampoco la ministra. Los colombianos que están presos en Venezuela solo pueden salir de allá con la gestión que haga el Gobierno. Le pido al presidente que se ponga la mano en el corazón y atienda el dolor de nosotras, las madres. Ellos están prácticamente secuestrados”, apuntó. Luis Eduardo también tiene nacionalidad venezolana, pero ni su cédula de ese país le ha servido para que se agilice su trámite.

Los familiares de los connacionales presos en ese país tenían una cita con la canciller (e) Rosa Villavicencio, a la que la funcionaria no llegó. Entonces, se encontraron con el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir en el Palacio de San Carlos, el pasado lunes, en una cita de la que salieron molestos porque —aseguran— no les han dado respuesta.

Su único camino, por lo pronto, es la protesta: empapelaron la fachada de la Cancillería, también las barricadas contiguas al Congreso de la República y hasta bloquearon calles en el centro de Bogotá mostrando los retratos de sus familiares para que la gente conozca su clamor.

Han pasado casi once meses desde que la dictadura de Maduro encarceló a decenas de colombianos que pasaron por los puestos de control migratorio. Un documento interno de la Embajada de Colombia en Caracas, al que tuvo acceso SEMANA, confirmó que más del 70 % tienen cargos relacionados con narcotráfico, aunque no hay pruebas, ni les dan derecho a tener un abogado, mucho menos a una llamada con sus familias.

Entonces, la única llave para abrir las rejas que les encarcelan está en manos de la diplomacia de la administración Petro, gobierno que mantiene relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro sin que esa amistad haya servido, por ahora, para poner en libertad a los colombianos.