Gustavo Petro, presidente de la República, le respondió al empresario Mario Hernández, quien ahora es candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático.
De acuerdo con el empresario santandereano, el impuesto del 5% al patrimonio, contemplado en los decretos de emergencia económica del Gobierno nacional, es un “asalto”.
A través de su cuenta de X, el presidente dijo que “los grandes capitales” piensan que los impuestos son un asalto.
Siempre los grandes capitales han pensado que pagar impuestos es un asalto. Asalto es impedir que el trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta mínima familiar para vivir
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 25, 2026
Un verdadero atentado contra la vida de las y los colombianos fraguan quienes, en lugares… https://t.co/o2sZSdKHyf
“Siempre los grandes capitales han pensado que pagar impuestos es un asalto. Asalto es impedir que al trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta mínima familiar para vivir", manifestó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Un verdadero atentado contra la vida de las y los colombianos fraguan quienes, en lugares cerrados, tratan de acabar con el salario vital”.
Luego, el mandatario colombiano dijo que los “grandes ricos” no pagan impuestos y que por eso quieren que se derogue el decreto de emergencia económica expedido por su Gobierno.
Además, Petro acusó al candidato al Senado de la República de “ganar” a través de “arruinar la vida familiar” de los trabajadores.
“Grandes ricos que no pagan impuestos y por eso quieren derogar el decreto tributario, mientras quieren ganar es a punta de arruinar la vida familiar de la gente que trabaja”, concluyó en X.
El decreto de emergencia económica se encuentra en revisión de la Corte Constitucional. Carlos Camargo, magistrado ponente del caso, ya envió una ponencia que pide suspender los efectos de la declaratoria.
Al mismo tiempo, el magistrado Juan Carlos Cortés radicó una ponencia pidiendo que se tumben apartes de los decretos que salen a partir de las medidas del Ejecutivo para atender la declaratoria, entre ellas, las disposiciones tributarias.
Queda en manos de los demás magistrados de la Sala Plena la continuidad de las medidas del Gobierno, que desde varios sectores han sido rechazadas.
