Política
Llueven críticas a la JEP por su primera condena contra jefes de las FARC por secuestro: “Despilfarró 3 billones para garantizar impunidad”
Los exmiembros de las FARC no irán a la cárcel, pero fueron condenados a ocho años de sanción en territorios, proyectos restaurativos, búsquedas de personas y desminado. Hay indignación.
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La Justicia Especial para la Paz (JEP) profirió el primer fallo condenatorio tras más de siete años de su creación. Fue contra los miembros del Secretariado de las FARC, que se desmovilizaron en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando esta justicia transicional fue creada para su juzgamiento.
Los magistrados condenaron a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra Rodríguez, el hoy senador de Comunes, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda Escobar.
El tiempo de sanción propia contra estos miembros de las Farc, señalados de secuestrar a reconocidos políticos en Colombia, entre ellos, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco, entre otros, son ocho años en los que no irán a la cárcel, según el expediente de más de 600 páginas.
Al contrario, adelantarán proyectos restaurativos en las regiones: búsqueda de personas desaparecidas, contribución a la memoria histórica, reparación simbólica, recuperación ambiental, desminado, entre otras.
La condena es mínima porque causaron más de 30 años de horror y violencia en casi todas las regiones de Colombia por donde se movieron las Farc.
Por eso, la JEP recibió una lluvia de críticas, entre ellas, del excongresista conservador Jaime Felipe Lozada, quien fue víctima de ese grupo armado porque permaneció más de un año secuestrado; su madre, Gloria Polanco, también fue plagiada y su padre, Jaime Lozada, fue asesinado por el grupo armado entre Hobo y Gigante, Huila.
“La JEP es el tribunal de la vergüenza, la impunidad y la revictimización. Es lacerante que nuestros victimarios sean sancionados, entre otros, con proyectos de restauración ambiental. Las víctimas nunca fuimos el centro del acuerdo, el acuerdo giró en torno a lavarles las manos manchadas de sangre a las Farc y a materializar a toda costa su impunidad”, manifestó Lozada.
La excongresista Clara Rojas, quien fue víctima del secuestro por parte de la guerrilla y su caso está documentado en la sentencia contra las FARC, recordó que ha pasado más de 23 años desde que fue objeto de secuestro.
“Casi 18 años desde que recobré mi libertad, gracias a Dios perdoné y no tengo resentimiento. Gracias a Dios, en todo este tiempo no he albergado mayores expectativas sobre la JEP”, dijo.
Y añadió: “Queda una sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”.
Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado por las FARC en 2003, confesó que nunca le tuvo fe a la JEP. “Vergüenza. La JEP es un tribunal vergonzoso. ¿Ratificar derechos políticos a los criminales de las FARC después de leer parte de su prontuario?”, preguntó.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia también opinó: “La JEP despilfarró $ 3 billones durante siete años para garantizar la impunidad total del secretariado de las Farc. 21.936 colombianos fueron secuestrados por esa organización y los máximos líderes no pagarán un solo día de cárcel. Durante ocho años deberán cumplir ‘sanciones propias’, es decir, servicio comunitario y podrán seguir participando en política. No entregaron las rutas del narcotráfico, no devolvieron los niños reclutados y repararon a las víctimas con traperos. Mientras tanto, hay oficiales condenados a más de 30 años. Una profunda injusticia que deja un mal ejemplo a las nuevas generaciones”.
El abogado penalista Iván Cancino se refirió a la sentencia. “No, no está cumpliendo, qué decisión más tibia, más alejada de la realidad, la JEP confirma que fue un regalo de Juan Manuel Santos a los terroristas”.
Por su parte, el exprecandidato presidencial Juan Carlos Echeverry afirmó que la Justicia Especial para la Paz mostró sus rodilleras con las que fue creada y con las que ha actuado por casi una década. “Derrama tantas babas en su cínica ‘sentencia condenatoria’, que dejan un mojón de imbecilidad para los próximos siglos. ¡Qué vergüenza!”.
Para un exmagistrado de la JEP que pidió la reserva de su nombre, “la sentencia describe un andamiaje de restricción y verificación correcto en el papel, pero deja sin cerrar tres brechas críticas: incompatibilidad práctica entre una restricción robusta y el ejercicio político ordinario de cargos de elección. También dependencia presupuestal y logística que condiciona la verificación y, por ende, la ‘efectividad’ de la sanción. Y sanciones restaurativas comunitarias, cuya pertinencia y proporcionalidad respecto del daño del secuestro no son claras ni medibles, ni han tenido la centralidad y participación de las víctimas. Conforme a los estándares de Derecho Internacional y a los criterios de la CPI, al parecer, pese a la espera y justicia tardía luego de dos periodos congresionales, la JEP no cerró esas brechas, por ejemplo con perímetros y horarios concretos, métricas de resultado, garantías de financiación y límites operativos claros frente a la actividad política, y por ello la sanción se percibe como funcionalmente inocua e incumple con los fines de retribución, reparación y no repetición”.
