A través de un comunicado, el Pacto Histórico expresó su respaldo “pleno y responsable” al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.
De acuerdo con el partido del presidente Gustavo Petro, la declaratoria está fundamentada en una crisis fiscal y riesgos para la sostenibilidad macroeconómica del país.
“La declaratoria responde a una crisis fiscal estructural, a riesgos graves para la sostenibilidad macroeconómica y a amenazas directas sobre derechos esenciales, que no podrían ser enfrentadas por las vías ordinarias”, se lee en el comunicado.
Y agregó: “Se ajusta plenamente al artículo 215 de la Constitución, a la Ley Estatutaria 137 de 1994 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional: es necesaria, proporcional, temporal, no suspende derechos y está sometida a control constitucional”.
De acuerdo con el partido, la crisis se agravó por las decisiones del Congreso de la República, que tumbó dos leyes de financiamiento propuestas por el Gobierno.
“La crisis se agravó por el desfinanciamiento del PGN 2026, tras el archivo de la ley de financiamiento de 2025 en el Congreso, pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres", expresó la colectividad.
Y luego, aseguró que se trata de un “bloqueo” que puso en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales y la garantía de derechos como la salud, seguridad social, acceso a la energía, la atención de víctimas y la seguridad ciudadana: “La inacción habría tenido consecuencias irreparables para el país”.
Desde el Pacto respaldamos el Estado de Emergencia Económica y Social.
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) December 27, 2025
Gobernar es proteger derechos, no trasladar la crisis al pueblo.
✊ El cambio es contigo. pic.twitter.com/f7qdzBwjOq
De esa forma, el Pacto Histórico exhortó a la Corte Constitucional a tener en cuenta este contexto al revisar el decreto.
“Valorar la procedencia y necesidad de la declaratoria, teniendo en cuenta que la rigidez normativa y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios impedían una respuesta eficaz”, declaró el partido.
Y finalmente, defendió al Gobierno, que según la colectividad “optó por no trasladar el ajuste fiscal a la gente, no recortar la inversión social y proteger los servicios públicos esenciales, porque la estabilidad económica no puede lograrse sacrificando derechos ni profundizando la desigualdad”.
El próximo 29 de diciembre se convocó el debate de control político contra la declaratoria en el Congreso, donde el partido debe defender la decisión del Gobierno en un ambiente que exigirá explicaciones por la decisión.
