Política
Tribunal les pone ‘tatequieto’ a entidades del Estado por el uso de las redes sociales oficiales para promover a la Presidencia
La Sala concluyó que ninguna entidad estatal puede desvirtuar su misión institucional para sumarse a estrategias comunicacionales del Ejecutivo.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un nuevo capítulo en el control del uso de redes oficiales por parte de las entidades públicas. En un fallo que podría transformar la manera como los gobiernos comunican.
La Sala concluyó que ninguna entidad estatal puede desvirtuar su misión institucional para sumarse a estrategias comunicacionales del Ejecutivo, incluso, cuando estas se presenten como acciones de coordinación.
La decisión surgió tras revisar publicaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X, donde la entidad replicó mensajes presidenciales y piezas gráficas ajenas a su objeto técnico, como la crisis de la Nueva EPS o la convocatoria a una movilización nacional, acompañadas de etiquetas como #SeRobaronLaSalud y #El24ALaPlaza.
Para el Tribunal, ese comportamiento constituyó un uso indebido de recursos públicos, pues desvió la publicidad oficial hacia fines no relacionados con sus funciones legales.
En un análisis extenso, la sentencia recuerda que la publicidad estatal solo es legítima cuando informa de manera objetiva sobre planes, programas y servicios propios de cada entidad.
Cualquier mensaje que promueva figuras públicas, partidos o campañas gubernamentales, o que simplemente se aparte del objeto misional, viola las prohibiciones expresas del Estatuto Anticorrupción.
La Sala también enfatizó que el principio de coordinación entre entidades no habilita a ninguna para replicar propaganda política o gubernamental.
Aunque el fallo se concentra en la conducta del SGC, su alcance es mucho mayor. Según el Tribunal, las entidades deben abstenerse de usar sus redes para amplificar mensajes políticos del Gobierno o convocatorias a actos públicos que no guarden relación con su labor. Y ordena adoptar medidas internas para impedir que esto vuelva a ocurrir.
El pronunciamiento llega después de meses de controversia sobre el uso de cuentas institucionales para difundir mensajes del Ejecutivo. Pero, más allá de ese contexto, sienta una regla de obligatorio cumplimiento para cualquier administración.
Las redes oficiales, según el fallo, no son herramientas de campaña ni de propaganda. Su única función es informar al ciudadano dentro del marco legal y del objeto de cada entidad.
