NACIÓN
Procuraduría pone la lupa a contratos de Fondo Paz y Gestión del Riesgo
El ente de control cree que “no es clara la conexidad” del contrato suscrito por la Presidencia con la firma Du Brands, con el objeto legal del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
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En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus en Colombia, la Procuraduría General puso la lupa sobre los contratos suscritos por gobernaciones, alcaldías y entidades para evitar corrupción o mal uso de los dineros públicos destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control anunció este jueves que tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 tomó ya una decisión procesal, mientras que en otros 487 avanza en estudio preliminar de los hechos.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones, 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
El departamento con más investigaciones es Chocó, con 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
De acuerdo con la Procuraduría, el 70 % de esos procesos disciplinarios (364) son casos en 272 alcaldías. De estos, 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como en los casos de los alcaldes de Armenia (Quindío), Guaduas (Cundinamarca) y El Socorro (Santander).
Mención aparte merece el caso del Fondo Paz y la Unidad de Gestión del Riesgo. En primer lugar, el procurador Fernando Carrillo designó en las últimas horas un funcionario especial para adelantar una investigación que permita esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la suscripción del cuestionado contrato entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Du Brands S.A.S.
Según la entidad, como resultado de una vigilancia preventiva “se pudo establecer que no sería clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, lo que habrá de ser investigado, para evaluar su legalidad y oportunidad”.
Por otro lado, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, y a los subdirectores generales Gerardo Jaramillo Montenegro, y para el Manejo de Desastres, Guillermo Escobar Castro.
Las pesquisas se dan ante “presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país”, para programas de apoyo social que lidera el Gobierno por la emergencia del coronavirus.
El ente de control quiere establecer cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta por Gestión del Riesgo para elegir a los contratistas, su capacidad técnica, financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta en el proceso.
