Mientras las ciudades crecen y la demanda industrial y energética por agua se dispara, la infraestructura hídrica sigue operando con la capacidad instalada de hace generaciones y bajos presupuestos de inversión locales. Ese rezago ya no es solo un problema técnico: es un riesgo para la competitividad del país y una oportunidad de inversión que hoy nadie canaliza de forma ordenada.
Un problema que no es solo de lluvia o sequía
La seguridad hídrica es la capacidad de garantizar un suministro de agua confiable, en cantidad y calidad suficientes, para la salud, la producción de bienes y servicios y la subsistencia, junto con la protección frente a inundaciones, deslizamientos y sequías. Es la base sobre la que se sostienen las ciudades, la agricultura, la industria y, cada vez más, la generación de energía.
El diagnóstico es claro: la autonomía constitucional de entidades territoriales y corporaciones autónomas regionales dificulta rediseñar el sector; los mecanismos de coordinación son ineficaces y traban proyectos multisectoriales; las fuentes de financiación están dispersas y atadas por ley a destinaciones específicas; y los recursos técnicos se distribuyen de forma desigual entre entidades ejecutoras. El resultado: proyectos que no se estructuran, capital que no llega y una brecha que se profundiza año tras año.
No existe una ruta clara
Para quien invierte en servicios públicos, infraestructura o energía, la pregunta es concreta: ¿dónde está la entidad que estructura, prioriza y bancariza los proyectos de agua en Colombia? Hoy no existe una sola. Hay ministerios, corporaciones autónomas regionales, comisiones de regulación y fondos territoriales, pero ninguno tiene el mandato ni la autonomía financiera para estructurar proyectos de gran escala o agregar demanda con proyectos regionales con la agilidad que exige el mercado de capitales. Eso encarece los proyectos, alarga los tiempos y espanta capital disponible, nacional y de banca multilateral.
La propuesta: una Agencia Nacional de Agua, estudiada desde 2019
Desde 2019, con apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación, se desarrolló una propuesta detallada para crear la Agencia Nacional de Agua (ANA): una agencia estatal de naturaleza especial, con personería jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, encargada de estructurar, financiar y ejecutar proyectos de obra pública, concesión o asociación público-privada para la gestión integral del recurso hídrico.
Su estructura sería ágil: un Consejo Directivo, un Director designado por el Presidente, y cuatro vicepresidencias —Planeación, Estructuración, Jurídica y Ejecución—, además de una Vicepresidencia Administrativa. El modelo replica el que ya funciona en otras agencias de infraestructura: separar quien planea, estructura, contrata y ejecuta.
Los recursos vendrían del presupuesto nacional, transferencias del Sistema General de Participaciones, cobros por gerencia de proyectos y cooperación de banca multilateral, dándole vocación de cofinanciar proyectos con capital mixto. La vía de creación recomendada: facultades extraordinarias al Presidente para expedir, por decreto, la creación de la Agencia en un plazo cercano a 180 días.
El banco de proyectos que hoy no tiene dueño
Uno de los elementos más atractivos para el sector privado es el banco de proyectos hídricos de interés nacional que la ANA administraría, priorizados según su relevancia para la gestión sostenible del recurso. Es lo que necesita cualquier fondo de infraestructura antes de comprometer capital: una cartera de proyectos evaluados y con viabilidad técnica, legal y financiera verificada. La ANA estructuraría iniciativas bajo esquemas de Asociación Público-Privada, cerrando el eslabón que falta hoy en la inversión en agua.
El momento es ahora
Las ciudades crecen, la industria demanda más agua y la generación de energía depende de su disponibilidad, mientras el cambio climático intensifica sequías e inundaciones. No se trata de si Colombia necesitará más infraestructura hídrica, sino de cuándo se construirá y quién la va a estructurar.
La propuesta lleva más de cinco años lista, estudiada y validada institucionalmente. Lo que ha faltado es voluntad política: el gobierno pasado la prometió como centro de su Plan Nacional de Desarrollo y no solo no la cumplió, sino que la olvidó. Para empresarios e inversionistas en servicios públicos, esta no es solo una reforma institucional deseable: es la pieza que falta para destrabar miles de millones de pesos en proyectos de agua y saneamiento. Colombia ya perdió décadas; no puede perder una más.