Vehículos

Asopartes también rechaza proyecto de incremento de aranceles a carros y motos a combustión: “frenará la demanda”

El proyecto presentado por el gobierno busca aranceles de hasta el 40 % a vehículos con motores a gasolina y diésel.

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11 de noviembre de 2025, 6:31 p. m.
Peligro de tanquear el carro usando el celular.
Al gobierno planea alzas de hasta el 40 % de aranceles a estos vehículos. | Foto: Getty Images

La Asociación del Sector Motriz y sus Partes, Asopartes, expresó su preocupación frente al proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que propone aumentar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas propulsados por motores a gasolina y diésel.

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.
El gobierno busca un incremento de aranceles bajo el pretexto de impulsar hacia la movilidad eléctrica. | Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

De aprobarse, señala Asopartes, esta medida afectará directamente los precios al consumidor, reduciendo la demanda y generando impactos sobre el empleo y la formalización.

Según el gremio, el incremento de los gravámenes arancelarios hasta el 40 % para las importaciones de vehículos a gasolina y el 35 % para los vehículos diésel y las motocicletas, tendría un impacto directo en el valor final de estos productos, afectando la demanda y reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares. Asimismo, podría frenar la recuperación que el sector automotor ha venido mostrando en 2025, tras varios años de contracción.

“Asopartes entiende la necesidad de avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible, pero considera que esta transición debe hacerse de manera gradual, técnica y concertada con el sector. Un aumento abrupto de aranceles no solo encarece el acceso a los vehículos, sino que también incrementa los costos de operación de talleres, almacenes y distribuidores formales que dependen de este mercado”, señaló Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.

Esta motocicleta ha sido diseñada principalmente para la movilidad urbana.
Las motocicletas también tendrán una fuerte carga arancelaria. | Foto: Getty Images

El gremio insiste en que medidas de este tipo deben analizarse con una visión integral, considerando su efecto en la competitividad, el empleo y la formalización. La industria automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos, aporta alrededor del 2,5 % al PIB industrial y dinamiza economías regionales a través de miles de pequeñas y medianas empresas que dependen del mantenimiento y la comercialización de partes y repuestos.

“Asopartes mantiene toda la disposición de trabajar con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones conjuntas que promuevan la sostenibilidad sin sacrificar la competitividad ni el bienestar de los consumidores. La transición energética no puede lograrse a costa de los empleos formales y de la movilidad asequible para los colombianos”, agregó Pineda.

El gremio reiteró su compromiso con la sostenibilidad y la modernización del parque automotor colombiano. Sin embargo, enfatiza que cualquier ajuste arancelario debe ser el resultado de un diálogo técnico, basado en evidencia y articulado con las políticas de competitividad, empleo y formalización. La transición energética solo será exitosa si es gradual, concertada y equitativa para todos los actores del sector motriz.

El pronunciamiento de Asopartes se suma a los de Fenalco y Andemos, desde donde calificaron la medida como improvisada y señalaron que frenaría la inversión en el país y la relación comercial con mercados que han venido cerrando negocios con Colombia.

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Desde los gremios aseguran que esta medida frenaría la venta de carros en Colombia. | Foto: 123RF

“En lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor, sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables“, señaló Fenalco.

“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limitar la oferta y afectar la libre competencia en el sector automotor”, agregaron desde Andemos.