El costo de acceder a servicios de salud en Colombia está recayendo cada vez más en los hogares. Así lo revela un estudio presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con Algebra Labs, que advierte un deterioro en la protección financiera del sistema y mayores barreras de acceso entre 2019 y 2025.
De acuerdo con el análisis, basado en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el gasto de bolsillo en salud creció 57,3% entre 2022 y 2025, reflejando que un número creciente de familias está pagando directamente por servicios, medicamentos o tratamientos que deberían estar cubiertos.
El impacto, además, ha sido desigual. En los hogares de menores ingresos, el aumento fue de 63,4%, mientras que en los de mayores recursos apenas alcanzó el 15,3%, lo que confirma que la carga económica del sistema está afectando con mayor intensidad a las poblaciones más vulnerables.
Las diferencias también se reflejan en el territorio. En zonas rurales, el gasto en salud aumentó 61,7%, más del doble del crecimiento registrado en áreas urbanas (26,4%), evidenciando mayores barreras de acceso en regiones donde la oferta de servicios es limitada.
El estudio identifica fallas estructurales detrás de este fenómeno. Uno de los principales problemas está en la oportunidad de atención.
La percepción sobre la asignación de citas, por ejemplo, pasó de 42,14% en 2020 a 55,76% en 2023, pero volvió a caer a 51,63% en 2025, en un periodo marcado por intervenciones al sistema.
En paralelo, el acceso efectivo a los servicios también se deterioró. El porcentaje de personas que acudieron a su EPS ante un problema de salud cayó de 55,7% en 2023 a 43,1% en 2025, lo que sugiere una menor confianza o mayores obstáculos para recibir atención oportuna.
Uno de los puntos más críticos es la disponibilidad de medicamentos. En 2025, el 60,3% de las personas de menores ingresos reportó no haber recibido los fármacos formulados, frente al 45,1% en los hogares de mayores ingresos.
Esta brecha obliga a muchas familias a comprar los medicamentos por su cuenta para no interrumpir tratamientos, aumentando aún más el gasto de bolsillo.
El análisis también muestra que el impacto no es homogéneo en términos de salud. Mientras las personas con mejor estado redujeron su gasto en un 36,5%, aquellas con condiciones más críticas lo incrementaron en 32,7%, lo que implica una mayor carga para quienes más dependen del sistema.
En este escenario, AFIDRO advierte que el gasto de bolsillo se está convirtiendo en un “copago de facto”, trasladando progresivamente la carga financiera hacia los pacientes. Esto no solo amplía las desigualdades, sino que compromete el acceso efectivo a la salud.
El debate ahora se centra en la sostenibilidad del sistema. Victoria Soto, Directora de Proesa, señala que será clave ajustar mecanismos como la financiación de la UPC, mejorar la eficiencia del gasto y garantizar la disponibilidad de servicios y medicamentos.
Los primeros meses del próximo gobierno se perfilan como determinantes para definir si el sistema logra corregir estas fallas o si la presión económica sobre los hogares continúa en aumento.