La agenda ambiental en Colombia está dejando de ser un terreno de consenso técnico para convertirse en un tema cada vez más politizado y subordinado a intereses económicos.
Así lo advierte el análisis “Escenarios de Gobierno” de LLYC, que señala un cambio de fondo en la conversación pública: la sostenibilidad pierde peso frente a prioridades de corto plazo como la seguridad energética y la reactivación económica.
Este giro no es exclusivo del país. A nivel global, la agenda ambiental enfrenta un retroceso impulsado por la crisis energética, la inflación y una mayor presión por competitividad.
En 2025, por ejemplo, los inversionistas retiraron 8.600 millones de dólares de fondos sostenibles, en medio de un menor entusiasmo por los criterios ESG.
En Colombia, esta tendencia se refleja en el debate electoral de 2026, donde el medio ambiente dejó de ser un eje técnico para convertirse en un campo de disputa ideológica y económica.
Sergio Fajardo: sostenibilidad con enfoque económico y técnico
El análisis ubica a Sergio Fajardo como uno de los candidatos que mantiene una agenda ambiental estructurada, aunque condicionada a su viabilidad económica. Su propuesta gira en torno a una “transición responsable” que busca equilibrar la protección ambiental con la seguridad energética.
Entre sus principales apuestas están metas como cero deforestación para 2030 y el impulso de la bioeconomía como motor de crecimiento. Además, plantea mecanismos de financiación como bonos verdes y canjes de deuda por naturaleza.
Sin embargo, su enfoque prioriza que la sostenibilidad sea rentable, lo que evidencia una subordinación del tema ambiental a la generación de valor económico.
Paloma Valencia: el medio ambiente subordinado al crecimiento económico
En el caso de Paloma Valencia, la agenda ambiental pierde protagonismo frente a un enfoque centrado en la competitividad y el desarrollo económico. Su narrativa parte de la premisa de que la pobreza es el principal problema ambiental, por lo que prioriza la generación de empleo y riqueza.
Su propuesta se enfoca en una expansión energética amplia, incluyendo hidrocarburos, y en la defensa de actividades como el fracking. En este enfoque, el medio ambiente deja de ser un eje de conservación y se convierte en una variable subordinada al crecimiento económico.
Iván Cepeda: sostenibilidad como eje social y político
Iván Cepeda plantea una visión ambiental más restrictiva frente al modelo extractivo, vinculando la sostenibilidad con derechos humanos y justicia social. Su enfoque prioriza la protección del agua, la Amazonía y los territorios, con una oposición clara al fracking y a la expansión minera.
Además, propone medidas como declarar el acceso al agua potable como un derecho fundamental y crear un fondo nacional para su protección.
Sin embargo, su postura anticipa tensiones con sectores económicos, especialmente el energético, lo que podría traducirse en conflictos regulatorios y de inversión.
Abelardo de la Espriella: extractivismo como motor económico
La visión de Abelardo de la Espriella se alinea con un modelo productivo que prioriza la utilización eficiente de los recursos del país como el eje central para garantizar la sostenibilidad del Estado.
Su propuesta busca generar entre $15 y $20 billones adicionales en regalías por hidrocarburos y cerca de $5 billones por minería legal.
En este modelo, la agenda ambiental queda relegada a un segundo plano, subordinada a objetivos de crecimiento económico y seguridad nacional.
La protección del medio ambiente se limita principalmente a combatir la minería ilegal, más por sus efectos en seguridad que por su impacto ecológico.
Un debate que deja de ser técnico
El resultado es una agenda fragmentada. Según LLYC, el medio ambiente ya no funciona como un eje transversal de política pública, sino como una herramienta dentro del debate político y económico.
La discusión se ha reducido en gran medida al futuro de los hidrocarburos, dejando de lado temas estructurales como la biodiversidad, el agua o la adaptación al cambio climático.
La falta de una visión integral podría afectar tanto la sostenibilidad ambiental como la estabilidad económica en el mediano plazo.