La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que llevan el proceso por la violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente y archivaron el proceso contra el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción, abrió la “caja de Pandora” en esta célula legislativa.
Quedó al descubierto un escándalo en el cual la Comisión de Acusación, encargada de investigar a los magistrados de la Corte, se habría convertido en el “contratadero” de abogados, siendo, al mismo tiempo, los encargados de defender a congresistas ante la Corte Suprema. Es tan grave el conflicto de intereses, que ya hay una investigación en curso en la Comisión de Disciplina Judicial.
SEMANA conoció en exclusiva que esta inusual conexión quedó al descubierto después de que a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llegaron dos denuncias por posibles irregularidades de los congresistas que archivaron en tiempo récord la investigación contra el magistrado Francisco Farfán, actual presidente de esa sala, por la supuesta filtración de información al clan Gnecco, en la investigación contra el senador del partido de La U, José Manuel Gnecco Zuleta, por presunta compra de votos.
El otro caso está relacionado con un presunto prevaricato de la terna conformada por Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, todos afines al Gobierno, en el proceso por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente. De hecho, la Corte inspeccionó la Comisión de Acusación buscando pruebas sobre esa denuncia.
En esas pesquisas, la Sala de Instrucción le pidió a la Dirección Administrativa de la Cámara que identificara a los abogados que ha contratado la Comisión de Acusación entre los años 2023 y 2025. Ahí quedó al descubierto la escandalosa situación: abogados que defienden congresistas en la Corte son contratistas de la célula que investiga a los magistrados: ‘yo te defiendo, tú me contratas’.
Uno de los juristas señalados en este conflicto es Wilson Cadena Gómez, quien apareció en la lista de contratistas de la Comisión de Acusación para los años 2024 y 2025, pero al mismo tiempo era defensor del representante por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, en la investigación que adelanta la Corte por supuestas irregularidades en el archivo del caso Farfán.
Wills es el mismo congresista que le abrió una investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción, después de que una tutela le dio la razón al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que la Comisión de Acusación indague una supuesta extralimitación de funciones de Lombana. De hecho, hasta la Procuraduría abrió una indagación contra el representante a la Cámara porque no habría tramitado la denuncia.
Mientras tanto, en la Procuraduría está congelada y en “práctica de pruebas” la investigación contra Benedetti por calificar como “loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana, según le confirmaron a SEMANA.
Con la aparición del abogado Cadena Gómez en la matriz de contratistas de la Comisión de Acusación, la Sala de Instrucción de la Corte le envió el pasado 30 de enero al magistrado William Libardo Mendieta, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Bogotá, una compulsa de copias para que lo investigue por un posible conflicto de interés.
La información conocida por esta revista señala: “Habiéndose puesto en entredicho el principio de lealtad procesal que debe regir estas actuaciones, resulta admisible compulsar copias en contra de Wilson Andrés Cadena Gómez, ante la Comisión de Disciplina Judicial, para que se investiguen las presuntas conductas disciplinarias en las que habría incurrido, las cuales guardan relación con el asesoramiento y representación simultáneas dentro de las actuaciones prenombradas”.
Lo que más ha llamado la atención es que el abogado Cadena Gómez también fue suplente del exviceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, encargado de liderar y construir la defensa del magistrado Francisco Farfán por el caso Gnecco. Es decir, defendió simultáneamente a un congresista investigado en ese proceso y al magistrado por el que inició ese caso en la Corte Suprema.
El otro abogado que aparece en la matriz es Luis Carlos Torregrosa, defensor del imputado y detenido representante Wadith Manzur. Nuevamente, Manzur fue miembro y presidente de la Comisión de Acusación.
Manzur también es investigado junto con el representante Leonardo Gallego por el archivo de la investigación al magistrado Farfán. Pero, en medio de esa indagación, la Corte tuvo que rechazar un poder que la congresista Johana González, también integrante de la Comisión, envió para que Torregrosa la representara en otro proceso que tiene pendiente.
La Corte explicó esa decisión así: “El abogado Torregrosa se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicios, al menos desde el año pasado y hasta la actualidad, con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuyo objeto es la sustanciación de los procesos y disciplinarios que en esa célula legislativa se adelantan”.
Es decir, la función de Torregrosa es ser el apoyo técnico y jurídico de los congresistas encargados de las investigaciones contra altos funcionarios del Estado, como los magistrados. La Corte también compulsó copias para que investiguen al abogado por dejar en “entredicho el principio de lealtad procesal”.
Desde el alto tribunal remitieron copias a la Comisión de Disciplina contra el abogado Andrés Garzón, quien apareció como contratista de la Comisión de Acusación en los años 2023 y 2024, al tiempo que defendía los intereses de la representante Karen Manrique, actualmente en la cárcel por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Garzón era uno de los abogados sustanciadores de Wadith Manzur en la Comisión de Acusación en la investigación contra Farfán y el autor del archivo del proyecto que presentó hacia octubre de 2024; un mes después, la Corte abrió investigación contra su cliente Manrique por el caso UNGRD.
SEMANA se contactó con los abogados involucrados para que explicaran esta compleja situación. Andrés Garzón indicó: “Me parece muy coincidente que salgan estos temas en el momento en que mi cliente Karen Manrique presentó una recusación contra los conjueces que decidieron su medida de aseguramiento (...) frente a la compulsa debo decir que no hay inconveniente porque no represento a congresistas de la Comisión de Acusación. Esto se da porque Carlos Carreño, a quien defiendo, recusó a la magistrada Lombana cinco veces”.
El abogado Luis Carlos Torregrosa aseguró que no habría conflicto de interés porque no ha intervenido simultáneamente en casos que se enfrentan ni ha asesorado desde la comisión casos que se litiguen en la Corte Suprema. Calificó de “injusta” la compulsa por supuesta violación a la lealtad procesal.
Por su parte, el abogado Wilson Cadena explicó: “No conozco la investigación contra el doctor Wills (caso Farfán), por cuanto la doctora Cristina (Lombana) revocó el poder que me había concedido el congresista. Representé al doctor Farfán como abogado suplente del doctor Gómez Pavajeau (...), pero no he cometido infracción alguna a la lealtad procesal”. Todos aseguraron que su salario en la Comisión es distinto a los honorarios por la defensa en la Corte.
El magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción, también respondió a esta compleja situación aclarando que Wilson Cadena era suplente de su defensa liderada por Gómez Pavajeau, y que no conocía al abogado ni sus vínculos con la Comisión de Acusación. Farfán señaló a la magistrada Cristina Lombana al afirmar que “ha hecho pronunciamientos en los que manifiesta me va a intentar desacreditar”.
Con la respuesta del magistrado Farfán, SEMANA se contactó con la magistrada Cristina Lombana, quien manifestó: “Nunca he dicho eso, no necesito desacreditar a nadie. Los hechos hablan por sí solos”.