Se veía venir. Las cuentas con las que el Gobierno saliente de Gustavo Petro proyectó enfrentar el retador 2027, plasmadas en el presupuesto presentado en julio antes de dejar el poder, no cuadraron. Las proyecciones quedaron mal hechas, según el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el manejo de las cuentas por parte de la anterior administración fue una “irresponsabilidad fiscal”. De ahí que, a partir de ahora, se hable de un “presupuesto de la verdad”, que el país tiene, dolorosamente, que conocer. El desajuste es billonario. La gran pregunta es de dónde saldrá la plata.
“La irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, de salud ni de los salarios de los funcionarios públicos. Tampoco el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo el vicepresidente.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que recibió unas finanzas públicas mucho más deterioradas de lo que esperaba y lo primero que hizo fue sincerarlas. Por eso, la carta financiera para el próximo año ya no será de 575 billones de pesos, sino de 635 billones.
“No cayó bien la cifra del presupuesto general de la nación porque la gente no quiere que le digan la verdad –admitió el ministro–. Es como cuando a uno le dicen: ‘Oye, te has engordado’, y a uno no le gusta que le digan eso. Lo que estamos diciéndoles a los colombianos es que, después de cuatro años de mentiras, no podíamos seguir en lo mismo. Hay que decir la verdad, y la transparencia fiscal es el principio para ordenar las finanzas. Si no sabemos de qué magnitud es el problema, es difícil enfrentarlo”.
En efecto, la nueva cifra causó sorpresa, puesto que se esperaba ver en el nuevo monto un fuerte ajuste en el gasto público, como lo había prometido el presidente De La Espriella, quien habló en campaña de encoger el Estado y disminuir la burocracia en vez de aplicar nuevos impuestos.
Sin embargo, ante un presupuesto mal calculado por parte del Gobierno Petro, el ministro de Hacienda primero tuvo que corregir lo recibido y ahora vendrá el apretón de cinturón. De hecho, se espera que este fin de semana, en un consejo de ministros en Barranquilla, se apruebe una reducción del gasto público por 21,9 billones de pesos para el próximo año. “Yo espero que el gabinete, en su sabiduría, nos acompañe en este esfuerzo. Es muy importante que no perdamos de vista que el esfuerzo que hay que hacer consiste en reducir el gasto”, reiteró Gómez Martínez.
La batalla que se avecina será en el Congreso, donde el presupuesto será sometido a discusión de las comisiones económicas conjuntas. La meta del ministro de Hacienda es ganar la confianza de los legisladores para que esto también se traslade a la economía nacional.
Las necesidades presupuestales suben ahora en casi 60 billones de pesos frente a los 575 billones de Petro, que, de por sí, ya implicaban un desfinanciamiento en 30 billones, que se iban a cubrir con una reforma tributaria por 21,9 billones. Esta fórmula tampoco la aceptó el ministro Gómez, quien eligió eliminar esa dependencia de ingresos tributarios inexistentes, basados en reformas que no han sido aprobadas por el Legislativo, como se hacía con los presupuestos en la administración Petro.
El jefe de la cartera de Hacienda considera que la reformulación que le hicieron al plan para financiar al Estado reconoce mayores presiones de gasto que no estaban contabilizadas y que justifican esos 60 billones de pesos adicionales.
Las pensiones, la salud, los subsidios de energía y gas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y las elecciones regionales del próximo año sumaban casi 24 billones de pesos en obligaciones inaplazables, que, sin embargo, estaban desfinanciadas en medio de las inconsistencias del proyecto.
Al registrar las cifras reales, se elevó la demanda de recursos, sumada al aumento del servicio de la deuda (pago de intereses), que subió 37,4 billones de pesos. “Este monto es derivado de la estrategia irresponsable de endeudamiento del Gobierno pasado, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo cuyas tasas fueron más elevadas, y que, sin embargo, la administración previa no incorporó en sus cuentas”, enfatizaron en el ministerio.
Prueba de fuego
La misión ahora será demostrar que, a pesar de que se planea un presupuesto más gordo, se está haciendo la tarea de encaminar al país hacia un saneamiento de las finanzas y hacia una senda que permita cumplir principalmente las promesas sociales, lo que, no obstante, en 2027 no se ve venir todavía.
En el presupuesto se estimó un déficit fiscal mayor, de 9,4 por ciento en total, en vez del 6,7 por ciento que se esperaba en el proyecto presentado por Petro, lo que puede implicar demoras para ordenar la casa.
El gasto en funcionamiento, ampliamente criticado porque se relaciona con contratos para pagar favores políticos, iba a ser de 367,7 billones y pasó ahora a 392,6 billones.
Para el pago de la deuda ya no se dispondrá de 118 billones, sino de 155,4 billones. Mientras tanto, la inversión, que es lo que llega de forma tangible al ciudadano a través de obras, se recorta, de 90 billones previstos en el proyecto de presupuesto del Gobierno saliente a 87 billones ahora.
Una cuenta de servilleta revela la dimensión del complejo panorama. Implica que de cada 100 pesos de la torta financiera para 2027, 86 se van en funcionamiento y deuda, y solo quedan 14 pesos para inversión, justamente el componente que cayó a niveles más bajos de las últimas cuatro décadas y es lo que propicia una economía pujante.
Así las cosas, el Ministerio de Hacienda sustenta que está realizando un esfuerzo de austeridad, porque, por ejemplo, el gasto en salarios para pagar los empleados públicos se estimó para que solo se incremente con la inflación, y se planea recortar la adquisición de bienes y servicios.
No obstante, con un déficit fiscal tan alto, que resultó de sincerar las cuentas que estaban inconsistentes, será imperativo presentar una ley que se describe como “rescate económico”. Se ha entendido como parte de una reforma tributaria, pero en realidad contiene otras medidas, y serán insumos indispensables para lograr una reducción gradual del déficit fiscal que permita estabilizar la deuda, que es el mayor dolor de cabeza de la economía.
El ministro Gómez reiteró que no se trata de una reforma tributaria, sino de un plan para el adelgazamiento del Estado. Se complementará con medidas para impulsar el crecimiento, que se incluirán en el Plan de Desarrollo.
El costo de la deuda
Con las cifras ajustadas, la deuda total del país pasaría de cerca del 60 por ciento del PIB a más del 66 por ciento entre 2026 y 2027, con el agravante de que el costo de los intereses podría aumentar si se eleva el riesgo país. Ese nivel no es sano para una nación emergente como esta, dijo Rodrigo Valdés, del FMI, al participar en la Convención Bancaria.
Con la ley de rescate económico anunciada, que será radicada en septiembre en el Congreso de la República, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Pero, en todo caso, sería un camino doloroso, porque, en promedio, las reformas fiscales en Colombia en los últimos 20 años han dado 0,7 por ciento del PIB y ahora van por 3 veces el promedio histórico.
La estrategia fiscal destapada, entonces, no constituye un ajuste como tal, sino el reconocimiento de un desequilibrio y así lo ha manifestado el ministro Gómez. En otras palabras, la transparencia en las cuentas quita el riesgo de encontrar nuevas sorpresas que tomen desprevenido al Gobierno, sin plata en la billetera pública para maniobrar, pero, por el momento, no resuelven el problema fiscal. Aun así, es preferible –como lo han manifestado algunos líderes de opinión– que se conozca una realidad difícil en vez de alimentar una mentira disfrazada.
Defender esas alternativas que procurarán ordenar las finanzas públicas pondrá a prueba toda la capacidad negociadora del nuevo Gobierno en el Legislativo, porque se trata de hacer un ajuste de 2,2 por ciento del PIB, lo que corresponde a unos 47 billones de pesos, echando mano, principalmente, de fuentes como reasignación de gastos de bajo impacto, optimización del espacio fiscal, operaciones de manejo de deuda y acceso a recursos multilaterales y de cooperación internacional.
En plata blanca, 299 billones del total del presupuesto provendrán de los llamados ingresos corrientes de la nación, que son principalmente los tributarios. Se espera que 281,4 billones de pesos lleguen de los recursos de capital, que no son otra cosa que créditos internos y externos principalmente. De ingresos por establecimientos públicos, que son del tipo Ecopetrol o Coljuegos, que recaudan por sanciones, entre otras, provendrán otros 30 billones de pesos. Los restantes 20 billones son de otras fuentes, como contribuciones parafiscales y fondos especiales.
La factura
Aunque la mayor parte de las estrategias del plan rescate no generan ingresos, sino ahorros por eficiencias, sería inevitable que en ese primer año completo de mandato la administración De La Espriella termine pagando una costosa factura, tanto económica como política. Así se evidencia ya en el cambio que traen las apuestas contempladas en el presupuesto. Por ejemplo, se vería malograda –al menos en el corto plazo– la apuesta de crecimiento del 7 por ciento que tiene De La Espriella para la economía nacional.
En el recálculo de los supuestos en los que se basa la carta financiera del próximo año, se tuvo en cuenta que viene un agresivo fenómeno de El Niño, que atropellará parte de las cosechas y podría encarecer el costo de la energía, el gas y el agua. En 2027, la expansión del PIB ya no será de 2,2 por ciento, sino de 1,8 por ciento, lo que se llevará por delante el recaudo de impuestos como renta e IVA, principalmente, que solo suben si hay dinamismo en la actividad económica.
Por ello, otra de las cifras que baja y que debería ir para arriba es la de los recursos que se obtendrán por ingresos tributarios. Ya no serán de 17,3 por ciento del PIB como estaba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sino de 15,5 por ciento, mientras que el promedio en países de América Latina es del 22 por ciento. De los 299,07 billones de ingresos corrientes estimados, el recaudo por impuesto de renta aportará 138,5 billones de pesos y el IVA sumará 112 billones. Entretanto, el 4 × 1.000, que cada vez que se hace una reforma tributaria sale a relucir como candidato para ser borrado del sistema impositivo, también sigue en la baraja de aportantes a la bolsa pública, al igual que el impuesto al consumo y los impuestos saludables, estos últimos en la palestra porque ya hay un proyecto de ley de Daniel Briceño y Carol Borda, representantes a la Cámara, para tumbarlos.
Con mayores necesidades de financiación y nuevos desafíos difíciles de controlar, como el fenómeno de El Niño, la disyuntiva pasa por cumplir la promesa de campaña de De La Espriella de no subir impuestos, sino estimular al sector productivo para recuperar competitividad y reactivar la inversión en el país.
El programa de gobierno del nuevo Gobierno, que se basa en la seguridad, el impulso a la competitividad y, en general, la expansión de la economía para que cada vez se generen más empleos y mayor bienestar, es lo que está en juego.
El proyecto de presupuesto, por lo pronto, les apuesta a unos altos montos para la educación, que tendrá 78 billones de pesos en el año entrante y es el que encabeza la lista de los sectores con más asignación. El segundo lugar lo ocupa salud, con 77 billones de pesos, lo que está en línea con la garantía de que los colombianos vuelvan a tener el servicio, que se volvió deficitario. Para el Ministerio del Trabajo, entretanto, los recursos que contempla la carta presupuestal ascienden a 58,8 billones y para el de Defensa la cifra es de 33,3 billones. Por el contrario, le recortan destinaciones financieras a los ministerios de Ambiente, Cultura y Deporte.
En consecuencia, el corto plazo no será fácil. La inflación cerraría este año en 6,8 por ciento, más del doble de la meta del 3 por ciento del Banco de la República. Llevarla nuevamente hacia ese nivel exige mantener tasas de interés elevadas, una estrategia cuestionada por el Gobierno saliente porque encarece el crédito y puede frenar la producción y la inversión privada, precisamente uno de los motores que ahora se busca reactivar para reducir la dependencia del gasto público.
Y no podía faltar el nubarrón del dólar, que, en el presupuesto del próximo año, se estima en 3.438 pesos, conservando una relativa estabilidad para sectores golpeados por la revaluación del peso, como los exportadores.
El Gobierno, con el proyecto de ley radicado, se cura en salud, al decir que no se contemplaron los efectos económicos del terremoto, que, si se suman a las cuentas fiscales transparentadas, podrían golpear aún más las expectativas de crecimiento y la corrección fiscal.
Para enfrentar la nueva demanda de recursos por el evento sísmico, más allá de lo urgente, que fue la atención humanitaria, se plantea canalizar recursos mediante el Fondo Milagro de Reconstrucción, que podrá combinar financiación pública con asociaciones público-privadas, obras por impuestos y participación privada, según el proyecto de ley.
De esa manera, y con las cuentas ajustadas, la clave estará en cómo el Gobierno logra armonizar las finanzas públicas de tal manera que pueda hacer el ajuste fiscal y, al mismo tiempo, cumplir la promesa de disminuir o eliminar impuestos como el del patrimonio.