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Carrasquilla, con el agua al cuello

Los ‘bonos de agua’ de Alberto Carrasquilla dieron resultados muy poco satisfactorios en los municipios. Pero eso no pone en entredicho la integridad del ministro de Hacienda.

16 de septiembre de 2018

Alberto Carrasquilla sabía que este escándalo se le venía. La controversia de los ‘bonos de agua’ se había presentado en 2014, y aunque hubo todas las explicaciones del caso, dejó muchos interrogantes. Por eso, rechazó inicialmente el Ministerio de Hacienda que le ofreció el presidente Iván Duque. Sin embargo, como el recién elegido mandatario había estudiado el tema y había llegado a la conclusión de que no había nada grave, presionó a Carrasquilla hasta que lo convenció de aceptar. Los dos sabían que se iba a revivir el escándalo, pero como no veían ningún pecado mortal, decidieron darse la pela.

Eso está sucediendo ahora. Lo primero por aclarar sobre el escándalo es que no hay nada ilegal. Eso lo reconoce el propio Daniel Coronell, el autor de la columna que levantó toda la controversia de esta semana. Él considera que el problema no es jurídico, sino ético. Sin embargo, la delimitación entre esos dos extremos no siempre es fácil de establecer, pues cada cual ve las cosas desde su perspectiva. En todo caso está claro que en la polémica alrededor de Carrasquilla hay claridad sobre lo legal, discusión sobre lo ético y consenso sobre su coletazo político.

Las acusaciones más serias contra el ministro son tres: 1) Que habría utilizado su cargo de ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe para hacer aprobar unas reformas que lo beneficiarían después. 2) Que se embolsilló una comisión anual de 14.000 millones de pesos –unos 70.000 millones en cinco años– por las costosas tasas de interés que cobró como intermediario en ese negocio. 3) Que habría sacado esa plata para una cuenta en Panamá, supuestamente sin declararla. Esas acusaciones son inexactas o, por decir lo menos, exageradas.

Los hechos son los siguientes. A finales de 2007, varios meses después de haber salido de su cargo en el Ministerio de Hacienda, a Carrasquilla lo contactó un grupo de inversionistas de Estados Unidos que buscaban negocios en Colombia y Perú. Él se había retirado del gobierno el 5 de marzo de ese año porque enfrentaba un problema personal: su hijo tuvo una grave enfermedad y debió hacerse un tratamiento en Londres. Al final de ese proceso, que duró casi un año, Carrasquilla volvió a sus actividades profesionales.

Entonces retomó las conversaciones con los inversionistas extranjeros y fueron concretando un proyecto importante. El fondo PanAmerican Capital Partners, representado por el banquero de inversión de origen colombiano Christian Murrle y el norteamericano Martin Baker –experto en financiación de aguas–, decidió concentrarse en Colombia. Los banqueros vieron que la legislación recientemente expedida por el gobierno de Uribe favorecía montar esquemas de financiación de obras públicas, acueductos y alcantarillados. Para ese efecto crearon el Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), que se convirtió en el dueño del proyecto.

Lo que hacía viable el negocio era que, por medio de una reforma constitucional, de una ley y de un decreto, las condiciones para que el gobierno central les girara recursos a los municipios cambiaron. Esto les permitiría a estos, de ahí en adelante, tener capacidad de endeudamiento para desarrollar obras prioritarias en estos.

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El ministro Carrasquilla no fue el único pero sí el principal arquitecto de ese nuevo mecanismo, que para el presidente Uribe iba a producir una revolución en materia de acueductos. El modelo consistía en captar recursos del público por medio de bonos para prestárselos a los municipios que estuvieran en condiciones de desarrollar obras de infraestructura de aguas, alcantarillado y saneamiento básico.

Para diseñar ese muñeco, el grupo internacional GFI contrató varias firmas para que lo asesoraran, una de las cuales, Konfigura, fue creada en ese momento por Carrasquilla. Los socios de Konfigura son, por partes iguales, el ministro Carrasquilla, Andrés Florez y Lía Heenan. Otras firmas colombianas asesoraron el negocio: el bufete Gómez Pinzón Zuleta, para los temas legales; Ingecom –del exministro Germán Cardona–, para la interventoría de las obras; Corredores Asociados, para la colocación de los bonos, y Alianza Fiduciaria, a cargo del patrimonio autónomo. Que se requiriera todo este ejército demuestra la dimensión de la operación.

El modelo diseñado por Konfigura tenía dos componentes: por un lado, obtener recursos del mercado de valores y, por el otro, colocarlos como préstamos a las alcaldías. En la captación, colocaron cuatro emisiones de bonos por 440.000 millones de pesos en que recibieron una calificación AA+, buena pero no la mejor. Los recursos quedaron en un patrimonio autónomo constituido por Alianza Fiduciaria. Esos bonos fueron vendidos exitosamente en la Bolsa de Valores de Colombia, a una tasa de UVR+ 8 puntos, que en la práctica significaba la inflación más 8 puntos. Como la inflación era del orden de 3 por ciento, se trataría de alrededor del 11 por ciento.

Más allá del tema legal y jurídico, Carrasquilla quedó debilitado políticamente frente a las grandes reformas que se vienen en el Congreso

Colocaron estos recursos entre 117 alcaldías que previamente habían recibido la aprobación de sus concejos municipales. La tasa de los préstamos fue de UVR+11 puntos, es decir, un interés de entre 14 y 16 por ciento. Una tasa claramente elevada para los municipios.

En teoría, el negocio pintaba bueno para todas las partes. Para los tenedores de bonos el pago estaba garantizado. Este se cobraba por la derecha con parte de los giros que la Nación tenía que hacerle a cada municipio para agua y saneamiento básico. También se suponía que era una muy buena opción para los alcaldes porque sin ese mecanismo nadie les iba a prestar a esas tasas ni a 20 años.Y, por supuesto, también iba a ser un buen negocio para los promotores y los asesores que participaron, dado que la emisión y colocación de bonos fue muy exitosa.

El resultado, sin embargo, no salió como se esperaba. A los tenedores de bonos les fue muy bien, a los asesores también, pero a los municipios les fue bastante mal. Como sucede con frecuencia en Colombia, algo va de la firma de un proyecto a su ejecución.

Daniel Coronell advierte que solo 30 de los 117 municipios terminaron sus acueductos, mientras que Carrasquilla asegura que ellos hicieron una auditoría que muestra que el 85 por ciento de las obras culminaron satisfactoriamente.

Aunque algunos municipios han terminado satisfactoriamente sus proyectos, no pocos carecieron de la capacidad de administrar una obra de esa dimensión. Y como era de esperarse no faltó quien se la robara. En todo caso, hoy la mayoría de los municipios, aun los que cumplieron, se quejan del oneroso costo que están pagando.

Es difícil de establecer cuántos fueron los buenos y cuántos los malos en ese listado. Daniel Coronell advierte que solo 30 de los 117 municipios terminaron sus acueductos, mientras que Carrasquilla asegura que ellos hicieron una auditoría que muestra que el 85 por ciento de las obras culminaron satisfactoriamente. Esa cifra está por verificarse in situ pero, si está la mitad de las dos versiones, terminaría dándole la razón a Coronell.

En 2012, cuando crecían los cuestionamientos al modelo por los elevados costos de los créditos y el desgreño en las obras, el Ministerio de Vivienda intervino y formuló ante la Fiscalía demandas penales por posible daño patrimonial. Los resultados no se conocen, pero tampoco se abrieron causas en la Contraloría o en la Procuraduría. En 2014 el gobierno decidió desmontar los bonos y devolverles el dinero a los inversionistas.

Findeter se hizo cargo de pagar los bonos y asumir los créditos, mientras que los alcaldes lograron rebajas en sus tasas de interés –hoy oscilan entre 7 y 10 por ciento–. Para los nuevos mandatarios municipales estos costos representan una camisa de fuerza en su presupuesto y muchos expresan su inconformidad por esas decisiones tomadas por sus antecesores.

El debate de control político que se realizará este martes en el Senado se ha presentado como la antesala de una moción de censura al ministro de Hacienda. Los senadores de la oposición insistirán en que buena parte de las obras financiadas por el esquema que montó Carrasquilla en 2008, cuando ya no era ministro, afectaron las finanzas de 117 municipios, que hoy siguen endeudados.

¿Y Carrasquilla qué?

Aunque el negocio tuvo sus lunares, es conveniente precisar el papel y las responsabilidades del ministro. Pensar que él promovió una reforma constitucional anticipando que después se iba a lucrar con ella es más que aventurado. Pese a que hay una coincidencia no existe una relación causa-efecto. Como se dijo anteriormente, la inhabilidad no existía, por lo cual la legalidad del negocio no entra en tela de juicio.

¿Se puede responsabilizar al ministro de las fallas de la ejecución en los municipios? Eso sería injusto. Como ha habido tanto descontento, se ha regado la especie de que otorgaban esos créditos sin estudios de factibilidad, a la topa tolondra y al municipio que lo pidiera. Eso no fue así. Siguieron un procedimiento que unas veces funcionó y otras no.

Legalmente Carrasquilla no ha tenido ninguna investigación. Los cuestionamientos son más éticos que políticos.

La concepción del modelo original era interesante en el papel: los municipios siempre han vivido asfixiados en materia financiera y no podían hacer las obras de infraestructura por falta de recursos. La fórmula de combinar una actividad del sector público con recursos del sector privado parecía solucionar ese cuello de botella. Pero en la realidad pasó lo que tenía que pasar: el sector privado funcionó con la eficiencia que lo caracteriza e hizo su platica y el sector público fue incapaz de ejecutar muchas obras o en el camino se robaron la plata. De eso no se le puede echar la culpa a Carrasquilla.

¿Y fue para él un buen negocio? Sí, pero no tanto como se podría inferir de la columna de Coronell. En esta se calcula que Konfigura ganó el 3 por ciento de comisión por la diferencia entre las tasas que pagaron a los inversionistas (UVR+8) y las que cobraron a los municipios (UVR+11). Coronell cuantifica esto, pero cita a Jorge Enrique Robledo, quien afirma que este beneficio alcanzó 14.000 millones de pesos anuales o 70.000 millones en cinco años.

El senador Jorge Enrique Robledo prepara su artillería para el debate al ministro Carrasquilla por su participación en el diseño de los ‘bonos de agua‘. Robledo ha criticado duramente que buena parte de las obras nunca culminaron.

Carrasquilla no se embolsilló ese 3 por ciento. Este quedó repartido entre una cantidad de actores del negocio, y a su sociedad, Konfigura, le correspondieron ingresos brutos por 8.000 millones de pesos durante tres años, es decir, cerca de 2.700 millones al año. De ahí toca deducir los gastos de nómina y funcionamiento, y la utilidad restante dividirla por tres. A ojo de buen cubero, eso podría dejar a cada socio una utilidad total cercana a los 1.500 millones de pesos.

Toda esta historia no es fácil de entender y da para un debate político, pero no para tumbar a un ministro. Jorge Enrique Robledo, ni corto ni perezoso, está preparando la artillería para un debate el próximo martes. El senador del Polo Democrático sabe hacer oposición como ninguno y en el mano a mano con el ministro seguramente habrá ruido e impacto. Sin embargo, a menos que Robledo tenga cargas de profundidad desconocidas o que Carrasquilla colapse en su defensa, la cosa no debería pasar de un debate de control político. Los citantes están anunciando este debate como el preámbulo de una moción de censura. Pero no es fácil que esta se concrete. En primer lugar, porque los hechos, aunque cuestionables, no dan para una medida de esta naturaleza. Y en segundo lugar, porque Duque lleva un mes y un poco más en el gobierno, y su situación política quizás no da para una estocada de ese nivel.

Carrasquilla va a quedar debilitado políticamente. Y en las circunstancias actuales sería grave para el gobierno si el ministro renuncia. Fue el coordinador del empalme y es uno de los mayores conocedores de la realidad fiscal del país hoy. Tendrá que manejar una impopular reforma tributaria, y está dispuesto a asumir el costo político personal de ese calvario. Desde que aceptó la cartera de Hacienda sabía que le iba a tocar darse la pela de los ‘bonos de agua’. Se la está dando y en los próximos días el país sabrá si él y el gobierno pueden doblar esta página.