Alerta por proyecto de ley sobre Jurisdicción Agraria. “Se ponen en riesgo las garantías procesales”. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica?

A principios de septiembre, la Corte Constitucional avaló la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, tras el control automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023, que tuvo tránsito por el Senado y el 360 de 2024, en la Cámara, en cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz, dijo en su momento el Ministerio de Agricultura.

Ahora, agregó esa cartera, le corresponde al Congreso de la República avanzar con decisión en la aprobación de la ley ordinaria que define las competencias de la Jurisdicción, sistematiza los principios del derecho agrario y crea un procedimiento especial, “en consonancia con el mandato constitucional del Acto Legislativo 03 de 2023”.

De hecho, advierte en su pronunciamiento de ese momento el Ministerio de Agricultura que “con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma la necesidad de contar con un sistema judicial especializado para resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las poblaciones rurales al acceso a la justicia”.

Sin embargo, en el sector y en centros de pensamiento hay preocupación por los alcances del proyecto de ley que se tramita en el Congreso, que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica en el sector y, por extensión, las inversiones que se requieren para aprovechar el potencial que tiene la frontera agrícola en Colombia.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) señaló que el Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria amenaza la independencia judicial y concentra poder en el Ejecutivo.

Advirtió al Congreso de la República sobre lo que llamó “graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica” que representa este proyecto, en especial el artículo 9, que elimina el control judicial automático en los procesos agrarios.

“Esta iniciativa restringe o elimina el control judicial automático en varios procesos agrarios, lo que pone en riesgo las garantías procesales, la independencia judicial y la protección del derecho de propiedad privada. El artículo 9 suprime ese control en casos como la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la condición resolutoria y la caducidad administrativa, y solo lo mantiene si hay oposición del afectado en los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde de tierras”, asegura el ICP.

Agrega el centro de pensamiento que el control judicial automático “es una garantía esencial del debido proceso que protege a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias. No existen fundamentos que justifiquen su eliminación o restricción, pues el Gobierno no ha demostrado que la intervención judicial obstaculice los procesos agrarios”. Y señala que la experiencia, por el contrario, “evidencia que los principales problemas derivan de la falta de gestión y cumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la aplicación del Decreto Ley 902 de 2017”.

Para el ICP, la Corte Constitucional, ha reiterado que las decisiones que afecten la propiedad rural deben ser competencia de los jueces y no de autoridades administrativas. “Ignorar este precedente pondría en entredicho la constitucionalidad del proyecto y abriría la puerta a decisiones arbitrarias e irreversibles”.

Y advirtió: “En el plano social y económico, la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural agravaría los conflictos por la tierra, desincentivaría la inversión en el campo y erosionaría la confianza en el Estado de derecho”.

A su vez, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, afirmó que cuando la rama Ejecutiva asume el papel de juez y parte, “se rompe el límite entre la administración y la justicia, y con ello se debilita la confianza en la institucionalidad. La independencia judicial no es un obstáculo, es la garantía de que el poder se ejerce dentro de la ley”.

Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en un reciente foro de SEMANA, también alertó sobre esta medida y su impacto en la seguridad jurídica del sector rural.

“El Gobierno decide crear una Jurisdicción Agraria, como lo manda el acuerdo de paz, pero miren lo paradójico: quiere quitar las garantías judiciales a los ciudadanos con el proyecto de ley”, dijo el dirigente gremial. Y añadió: “Vaya a ver quién quiere invertir hacia adelante si eso sale así”.

Bedoya señaló que cualquier ciudadano que tenga relación con la ruralidad “queda en manos de un funcionario de gobierno investigando y decidiendo de fondo. Alguien podrá decir, hay un recurso de apelación, pero cuando ya le quitaron la tierra eso no tiene ningún sentido”, puntualizó.