Ley de Financiamiento o reforma tributaria: ¡Llegó la hora!

La próxima semana será clave en materia económica para el país. Por un lado, debe quedar listo el nuevo reparto del Presupuesto General de la Nación para 2019, cuya ley aprobatoria debe estar lista antes del 20 de octubre. Y, por el otro, el gobierno comenzará a socializar la tan esperada ley de financiamiento, el nuevo nombre del paquete de reformas en materia tributaria.

Con esos 135 artículos y alrededor de 7 capítulos, el gobierno insistirá en aprobar los cambios en materia de IVA y renta discutidos durante las últimas semanas para garantizar un mayor recaudo. Traerá temas novedosos como un régimen simple de tributación para las pequeñas empresas, nuevas normas antievasión y algunos tipos penales para castigarla.

Además, plantea ajustes en cuanto a la factura electrónica, así como una nueva normalización de los capitales que muchos colombianos tienen aún en el exterior. En este aspecto, contempla disposiciones más precisas con el objetivo de que ahora sí todos los capitales de colombianos en el exterior queden bajo la lupa del fisco.

 Una de las premisas centrales de la nueva ley de financiamiento es hacer más simple el pago de impuestos. También buscará que las empresas que no lo hacen, cumplan sus obligaciones.

La reforma tiene el espíritu de simplificar y reducir los trámites para facilitarles a los colombianos cumplir sus obligaciones tributarias, fomentar la formalización, el emprendimiento y el crecimiento empresarial en los próximos años, como asegura el director de la Dian, José Andrés Romero. De paso, el gobierno buscará que esta reforma le aporte al fisco recursos adicionales por 1,5 puntos del PIB, es decir, cerca de 14 billones de pesos adicionales. Estos son algunos de los principales cambios propuestos.

Impuesto de renta: el rebalanceo. Tal como prometió en campaña, el presidente Iván Duque buscará reducir la carga tributaria de las empresas para fomentar “la competitividad del sector productivo y la generación de empleo”. En las últimas semanas se discutió reducir el impuesto de renta al 32 por ciento a partir de 2020. Si bien es una reducción menos agresiva de la que muchos vaticinaban, vendrá acompañada de la posibilidad para las empresas de descontar el IVA sobre la inversión en bienes de capital, deducir del impuesto de renta parte del gravamen a las transacciones financieras y el ICA.

 El gobierno tendrá que comenzar a hacer pedagogía y socializar los beneficios de la nueva ley fiscal. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

Para compensar el menor recaudo, la ley buscará trasladar parcialmente la carga hacia las personas naturales de mayores ingresos, sin afectar a la gran masa de trabajadores, como ha dicho Duque. Las propuestas iniciales del Ministerio de Hacienda hablan de aumentar la tarifa al 37 por ciento para las personas que ganen más de 450 millones de pesos al año (30 millones al mes). Pero en algunas intervenciones Duque ha dicho que se centrará en los que ganen más de 50 millones de pesos.

IVA: el combo familiar. El gobierno insistirá en ampliar la base para el cobro del impuesto al valor agregado, que podría verse compensada con una reducción gradual de la tarifa general del impuesto. Presentaron tres ‘combos’ que plantean reducir gradualmente la tarifa actual de 19 por ciento y ampliar el cobro a otros productos exentos o excluidos. Pero todo parece indicar que la mayor presión recaerá por la propuesta que mantiene el porcentaje. El exministro Guillermo Perry y otros expertos aseguran que la multiplicidad de exenciones y tarifas en IVA resulta poco productiva y eficiente. Además, buena parte de las exenciones del IVA terminan por beneficiar a los más ricos. Por esto, el proyecto planteará un sistema de compensación para las familias vulnerables a través, por ejemplo, de Familias en Acción.

El director de la Dian José Andrés Romero.

Régimen simple para las pymes. El espíritu de simplificar y facilitar a las empresas cumplir sus obligaciones, una de las mayores novedades, se aplicará a las que facturen hasta 2.652 millones de pesos al año. La idea es que esas empresas, que hoy tienen altas cargas tributarias –según el Banco Mundial, la tasa sobre las pymes asciende al 69,7 por ciento de las ganancias–, paguen un porcentaje fijo de sus ingresos. Y que este porcentaje cubra los temas de renta, IVA, impuesto al consumo y hasta seguridad social en un solo pago, para evitar multiplicidad de trámites.

En este rango hay unos 250.000 contribuyentes (170.000 personas naturales y 80.000 jurídicas) que si bien representan la mitad de los declarantes, solo responden por el 4 por ciento del recaudo. La medida no tiene el objetivo de lograr un mayor recaudo tributario, sino de incentivar que se formalicen estas empresas, fuente significativa de empleo y crecimiento.

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Simplificar el régimen tributario también tiene como propósito reducir la informalidad de los microestablecimientos, que ronda el 80 por ciento. La meta sería incorporar al sistema la tercera parte de los más de 1,2 millones de empresas informales. Para el FMI, 36,4 por ciento de ese fenómeno en América Latina se explica por los impuestos. Formalizar este porcentaje –unas 450.000 empresas– . Las tarifas no se conocen, pero se fijarían a partir de la facturación, los sectores y el número de empleados. En todo caso, se tratará de “tarifas razonables” y, de paso, podrían mejorar otros recaudos como el del IVA. El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, asegura que el recaudo del IVA es bajo comparado con países como Bolivia, donde la informalidad también es elevada.

Giro a la facturación electrónica. Para que el ‘régimen simple’ funcione, será clave darle un mayor impulso a la factura electrónica y, por esto, el gobierno aprovechará la ley de financiamiento para hacer algunos ajustes. Este instrumento viene avanzando, pero tal como quedó reglamentado no ofrece grandes ventajas por los escasos datos que suministra a la administración tributaria y porque no permite desarrollar el mercado de las facturas, conocido como factoring. Por eso, el gobierno contrató un nuevo software ya probado con éxito en Chile, que permite validar mejor la información, impulsará al factoring electrónico y facilitará la financiación de las pymes del país. “En Chile ya llegaron a la universalidad, a tal punto que pueden sugerirle las declaraciones a la totalidad de las compañías y 90 por ciento las acepta”, dice Romero.

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Se espera que a partir de marzo comience la adopción del nuevo sistema por sectores (no por cuantías como se venía haciendo) para que estén tanto los que emiten como los que reciben la factura. Sectores como los de salud y del carbón quieren entrar entre los primeros.

Evasión: castigo a sus promotores. Una fuerte lucha contra la evasión forma parte del nuevo esquema. Por un lado, el delito dejará de ser excarcelable con el pago, como viene sucediendo, a partir de montos superiores a 1.800 millones de pesos. Pero, además, creará un nuevo tipo penal, separado de la evasión, que incluirá a los determinadores, cómplices y favorecedores de dichas conductas. Esto incluye a los asesores financieros, contables y tributarios que proponen ‘novedosas estructuras’ a las empresas para eludir las normas. En el tema participa la Fiscalía General de la Nación para mandar un mensaje contundente de considerar criminal al evasor y que evadir no paga. Las penas serán progresivas.

Normalización tributaria: nuevo chance. Está previsto darles una nueva oportunidad a quienes tienen activos en el exterior sin declarar, ya sea por la incertidumbre política y de seguridad del país o por los huecos de la norma anterior. Hay quienes aseguran que el proceso pasado tuvo tanto éxito como otros; por ejemplo, el de Argentina, que normalizó alrededor de 116.000 millones de dólares. El gobierno planteó esta nueva oportunidad en buena medida porque ya tiene intercambio de información tributaria de 74 países y requerimientos con Panamá. La ley permitirá normalizar activos con una tarifa del 13 por ciento, y quienes los inviertan en el país, solo pagarán la mitad, es decir, 6,5 por ciento.

Modernización autosostenible. Todo indica que esta vez sí habrá una gran reforma de la Dian, clave para luchar contra la evasión y aumentar el recaudo. Se estima que costará unos 6 billones de pesos, para aumentar cada año el recaudo entre 3 y 5 puntos del PIB, o sea, entre 30 y 50 billones de pesos. Estas inversiones no están en la ley de presupuesto, pero ya el gobierno inició el trámite de un préstamo ante el BID para financiar el proyecto, que prácticamente se paga solo. La Dian busca incorporar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, mejorar la trazabilidad de las labores de los funcionarios y facilitarles el cumplimiento a los contribuyentes. Además, requiere aumentar y renovar su planta de personal. Un análisis de la Función Pública indica que esta entidad requeriría alrededor de 17.500 funcionarios y hoy tiene unos 9.600. Además, el 40 por ciento de la planta está próxima a jubilarse. Para este mismo año, la entidad planea contratar a cerca de 900 funcionarios y hacer más atractiva la entidad para los nuevos talentos. El articulado se conocerá la próxima semana, cuando empezará la socialización. Como se sabe que una cosa es la que entra en el Congreso y otra muy distinta la que sale, los padres de la patria deberán asumir una gran responsabilidad para tomar las decisiones más convenientes para el país.

El gobierno tendrán que emplearse a fondo para hacer una buena pedagogía que permita a los colombianos conocer los cambios propuestos, entender la importancia de la cultura de la legalidad y los beneficios de cumplir. En últimas, lograr que cale el mensaje de que pagar impuestos sí paga.