“Hay que dignificar el trabajo pero con transición responsable”: José Acuña Bayona advierte efectos del salario mínimo en mipymes

A pocos días de iniciar las negociaciones para definir el salario mínimo de 2026, el debate económico volvió a centrarse en variables como la inflación, la productividad y el desempleo. Sin embargo, desde el sector empresarial surgieron inquietudes frente a los efectos que un nuevo ajuste podría tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El empresario José Acuña Bayona expresó su preocupación por el impacto que este incremento representa para negocios que sostienen empleo formal con recursos limitados.

Acuña señaló que, para muchos pequeños empleadores, cualquier punto adicional en la cifra del aumento puede definir la continuidad de un puesto laboral. “Un pequeño empresario mira la nómina. No lo hace como economista, sino como alguien que sostiene una mipyme: cada diciembre sabe que cualquier punto adicional en el aumento puede ser la diferencia entre seguir contratando o empezar a pensar a quién no va a poder sostener el próximo año”, afirmó.

En Colombia, las condiciones del mercado laboral mantienen contrastes marcados. Según el Dane, para el trimestre julio–septiembre de 2025, el 55 % de las personas ocupadas estaban en la informalidad. El Gobierno ha destacado que el país registra alrededor de 24 millones de personas trabajando y un desempleo del 8,2 % en octubre de 2025. No obstante, la alta proporción de informalidad muestra que una parte significativa de la población laboral no cuenta con garantías laborales ni seguridad social.

El panorama también se vio reflejado en la mesa de concertación del salario mínimo, que este año tuvo la ausencia de Fenalco, gremio que decidió no participar en la negociación. Acuña recordó que la organización empresarial calificó esa determinación como “populista”, y argumentó que un gremio no debería sentarse “en condiciones donde la cifra ya está prácticamente decidida de antemano”.

El salario mínimo vigente para 2025 quedó en $1.423.500, más un auxilio de transporte de $ 200.000. Sin embargo, para las mipymes, el costo de un trabajador mínimo supera ese valor. “Para un pequeño empleador formal, ese número es solo el comienzo: al salario se suman las prestaciones, los aportes a salud y pensión, los parafiscales, las cesantías, los intereses, las vacaciones”, señaló Acuña, quien añadió que el costo real de un trabajador puede superar los $ 2 millones mensuales.

Las mipymes representan cerca del 99,5 % del tejido empresarial y generan cerca del 79–80 % del empleo formal en el país, según datos citados por el empresario. En ese contexto, Acuña advirtió que la informalidad sigue siendo la vía para muchos emprendimientos que consideran la formalización como un riesgo alto. “La informalidad deja de ser un número abstracto y se vuelve escena cotidiana”, expresó al referirse a comerciantes y negocios pequeños que operan sin obligaciones laborales completas.

El empresario planteó tres puntos que considera fundamentales en este proceso de concertación: reconocer que el impacto del aumento no es igual para grandes empresas y mipymes; crear transiciones graduales hacia la formalidad; y que el Estado impulse medidas que no vean a las Mipymes solo como fuente de recaudo. “El Estado necesita más empresas formales para recaudar y garantizar derechos; la persona informal necesita sobrevivir hoy”, afirmó.

Acuña concluyó que el país debe avanzar hacia la dignificación del trabajo con una transición responsable que evite el cierre de negocios formales y la pérdida de empleo. “Hay que dignificar el trabajo, pero dignificarlo también implica comprenderlo desde una transición responsable”, dijo.

El debate continúa mientras avanza la concertación del salario mínimo para 2026, en un escenario donde el reto será equilibrar la protección del trabajador con la sostenibilidad de las mipymes que sostienen buena parte del empleo en Colombia.