Los participantes de negocios de apuestas en línea están desconcertados y preocupados, según cuenta Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, quien desde el año pasado también preside la Federación Internacional de Asociaciones de Juegos de Azar, creada justamente para promover globalmente la legalidad y la transparencia del sector.
Montero afirma que los dos decretos emitidos al amparo de una emergencia económica, relacionados con las apuestas en línea, tienen serias inconsistencias y, desde su perspectiva, las medidas evidencian un desconocimiento de esta clase de actividades.
En diálogo con SEMANA, el presidente de Fecoljuegos, en primer lugar, enfatizó que se retomó un impuesto que está suspendido y en revisión por la Corte Constitucional; es decir, mantenerlo es “buscarle el esguince al Alto Tribunal”.
En relación con el contenido de la norma, Montero subraya los desaciertos que hay en la ruta tomada por establecer un impuesto al consumo para los juegos operados por internet: “Se establece como hecho generador el depósito que hace el usuario en su cuenta, pero al mismo tiempo se fija como base gravable el ingreso real del operador, es decir, las apuestas menos los premios”.
Según Montero, esa mezcla introducida no solo genera una incertidumbre jurídica y operativa, sino que, “no se entiende cómo se hizo y con qué consideraciones técnicas”, afirmó.
“Desconocen la industria”
Otra perla es que el decreto referido a la adición presupuestal (el 0241) que se ordena, proyecta ingresos provenientes del IVA del 19 % en juegos en línea, mientras que el 0240 habla de un impuesto al consumo del 16 %. “Es una diferencia muy compleja que no es menor y muestra que el diseño normativo fue muy mal concebido, que no hay conocimiento de la industria y ni siquiera de las decisiones que se están tomando”.
El problema mayor es que el camino tomado para gravar los juegos de suerte y azar, según expresa el directivo de Fecoljuegos, solo llevará a incrementar la ilegalidad. “Al no darles las garantías competitivas a una industria que está entre las más controladas en el país, se abre aún más la puerta a la ilegalidad”, afirmó.
Para Montero, la ilegalidad es el gran beneficiario de las decisiones que está tomando el Gobierno, pues es sabido que en el país es muy fácil apostar ilegalmente y no solo a través de aparatos electrónicos, sino también presencialmente.
“Los operadores legales no tienen hoy en día garantías para desarrollar su actividad. La vena rota de este sector está en las apuestas ilegales que el Gobierno ha sido incapaz de controlar”, dijo el vocero del gremio de juegos y azar.
En su pronunciamiento, manifestó que se utilizan las pasarelas de pago para mover todos esos dineros de las apuestas ilegales y, pese a las reiteradas solicitudes de Fecoljuegos para que haya un control más contundente, no ha habido resultados.
De carácter político
Por todo ello, a Montero le resulta preocupante que, “por hacer un recaudo con unas medidas tributarias que son más de carácter político, lo que están generando es que se ponga en riesgo la sostenibilidad de la actividad”.
Peor aún si se envían señales de desconocimiento del sector. “Se habla de 45 billones de pesos que mueven las apuestas en línea, pero se trata de una cifra que no es real. Este sector se mueve con cuentas en participación, no con dinero real. Se hace un depósito y cada uno se puede rejugar hasta seis veces. En consecuencia, no pueden hacer una sumatoria de los rejuegos porque allí se gana, se pierde, se retira, no se juega… Hay muchas opciones en esta mecánica que parece que no ha querido entender el Gobierno”.
#Noticia | Gobierno decreta impuesto a juegos de suerte y azar y nuevas medidas para atender emergencia por inundaciones.https://t.co/vdvFvK2MdD
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 13, 2026
Según las cuentas que, a juicio de Montero, son las reales, el dinero depositado por apuestas es de alrededor de 7,9 billones de pesos, que es el que se rejuega hasta 6 veces, lo que podría estar explicando la cifra que se ha mencionado, de 45 billones (7.9x5 o 6).
Agrega que, por norma, debe hacer un retorno del dinero apostado, lo que llega hasta el 95 %. “Eso quiere decir que los ingresos reales de la industria están en alrededor de 2,7 billones de pesos. A ellos hay que restarles las tributaciones, los gastos de funcionamiento, operativos, publicidad. Todas las cargas impositivas. Y al final, queda un margen del 3 %, que es la ganancia real de la industria”.
Un punto de equilibrio
Para Montero, se trata de una industria de volumen y cualquier cambio en la estructura financiera puede afectarla grandemente.
De ahí que su petición al gobierno sea la de buscar un punto de equilibrio, de manera que las normas definidas le sirvan al recaudo, pero a la vez, garanticen la continuidad de la operación. Para ello, invitan a que las decisiones que se tomen no se basen en apreciaciones, sino que sean estudiadas y partan del conocimiento del sector. De lo contrario, afirma Montero, se podría llegar al peor de los escenarios y es que la actividad migre en su totalidad a la ilegalidad. “En ese caso no habrá recursos para la salud, ni para decretos de emergencia, ni empleo, ni un sector ayudando a dinamizar la economía”.