Reforma energética en debate: borrador de ley busca bajar tarifas, redefine subsidios y despierta tensiones en el sector

Las grandes firmas de abogados revisan con detalle los diez artículos del borrador de ley que modificaría el régimen tarifario de energía. El proyecto, que busca reducir los precios, fue anunciado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien prometió radicarlo el 11 de agosto en el Congreso, pero ese trámite aún no se concreta.

A diferencia de la reforma a la Ley de Servicios Públicos, que lideró en 2024 el entonces ministro Andrés Camacho, el nuevo proyecto propone una modificación más específica, más quirúrgica, concentrada en la disminución de tarifas. No obstante, recoge aspectos de la anterior iniciativa y establece criterios legales sobre cómo debe funcionar la confiabilidad del sector energético para no repetir la historia de un apagón.

A las oficinas de abogados que acompañan a las empresas del sector en esta puja de polos opuestos les preocupa tanto lo técnico del proyecto de ley como su impacto en el bolsillo de los colombianos.

Subsidios, en la cuerda floja

El Gobierno pretende que los subsidios que pagan los colombianos a través de los impuestos no sean permanentes ni se destinen a casas de campo, mansiones o empresas que deberían ser de estrato 5 o 6, pero que no están bien clasificadas, pues se ubican en municipios que no tienen su estratificación actualizada.

La estratificación está en camino de ser eliminada en el país y por eso el proyecto incluye un régimen transitorio mientras se reglamenta lo relacionado con la implementación del Registro Universal de Ingresos. Al Gobierno le preocupa qué hacer con los subsidios mientras el Registro avanza, porque solo se refiere a los ingresos de los individuos, pero nada se dice cuando hay una suma de individuos asociados en un hogar.

Alejandro Mesa, managing partner, y Laura Torres Restrepo, asociada sénior de Energía e Infraestructura de Baker McKenzie Colombia, consideran que es indispensable recuperar la cartera en mora y que los subsidios de servicios públicos sean pagados en el tiempo debido.

Pablo Jaramillo, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas, piensa que, en un escenario de alta cartera y tensión en el flujo de caja, la prioridad de las empresas distribuidoras es preservar la continuidad del servicio y la estabilidad de la cadena de pagos del sector. Propone evaluar mecanismos innovadores que permitan una recuperación más ágil de la cartera y una asignación eficiente de los riesgos de no pago, así como medidas que reduzcan las pérdidas no técnicas. “La sostenibilidad financiera de los distribuidores es un elemento esencial para garantizar la viabilidad de las inversiones y la expansión de la infraestructura eléctrica”.

Opción tarifaria

El Gobierno quiere mitigar el impacto de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, pues fue una situación heredada que causó morosidad y, en algunos casos, representó incrementos del 20 por ciento en la tarifa de la luz, como ocurre en la costa caribe.

Sin perjuicio de evaluar alternativas hacia el futuro, Patricia Arrázola, socia y directora de Energía y Recursos Naturales de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, considera que “cualquier solución debe garantizar de manera rigurosa el pago a los prestadores y distribuidores del servicio de energía eléctrica”, ya que a finales de 2024 la deuda acumulada por ese concepto superó los 3,5 billones de pesos.

“Incumplir lo acordado bajo la opción tarifaria no es otra cosa que quitarles a las empresas un derecho, afectar directamente su flujo de caja y obligaciones financieras. Quedaría muy debilitada la confianza de los inversionistas”, afirmó Arrázola.

En el proyecto de ley se propone que los usuarios de los estratos 5 y 6 y no residenciales regulados asuman la parte de esa deuda por la opción tarifaria, que ya fue pagada en algunas regiones por los operadores de red.

Manuel Gómez Fajardo, docente de la Maestría en Contratación Pública y su Gestión de la Universidad del Rosario, piensa que esa solución es “poco razonable y desproporcionada”, pues el garante de la prestación de servicios públicos realmente es el Estado, de acuerdo con la Constitución.

Cargo por confiabilidad

Aunque falta ver cómo se radica el proyecto de ley, la eliminación del cargo por confiabilidad, como plantea el Gobierno, podría afectar a los usuarios y a la seguridad energética. Para Juan Pablo Gutiérrez, de PPU Legal, este cargo ha sido vital para garantizar la oferta en momentos de escasez. Indica que, si se elimina, la reforma debe prever un mecanismo equivalente que asegure la continuidad del servicio.

El borrador del proyecto de ley no aborda las subastas para nuevos proyectos de generación, esencial para la oferta y la demanda. Según José Luis Palacios, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, el interés de los inversionistas ha caído por problemas en licencias ambientales, consultas previas y la incertidumbre regulatoria. Confía en que ese interés repuntará si se simplifican los requisitos de licenciamiento.

“Un primer paso sería publicar el decreto sobre la Licencia Ambiental Simplificada para proyectos solares y dar garantías de respeto a los derechos adquiridos y al modelo económico vigente”.

Otro tema clave para el sector tiene que ver con la propuesta del Gobierno de modificar la composición de la Creg para incluir representantes de sindicatos, usuarios y academia. Sandra Manrique, socia de PPU Legal, asegura que la independencia de la Comisión ha sido fundamental para el desarrollo energético. “La Creg es una entidad técnica y no debe tener injerencias externas en su operación ni en sus decisiones”.

Mientras esta discusión estaba avanzando, el Gobierno sorprendió con un decreto para comentarios en el que aumentaría 20 por ciento el precio de la energía para algunos segmentos, y se espera un recaudo aproximado de 1,4 billones de pesos anuales a fin de mitigar el impacto fiscal derivado de los subsidios de energía. El debate jurídico no termina.

La energía de Ecopetrol

Aunque el proyecto de ley de tarifas de energía no lo contempla, la entrada de Ecopetrol como generador tras la compra de proyectos no convencionales siniestrados, como el eólico Windpeshi en La Guajira, ha despertado inquietud en el sector. La preocupación crece, además, ante la posibilidad de que ISA siga el mismo camino.

Milton Montoya, counsel en Holland & Knight, recordó que ISA ya no se encuentra limitada legalmente para participar en actividades distintas a la transmisión de energía y puede incursionar en nuevas etapas de la cadena energética.

“La Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enfrentan un reto mayúsculo: garantizar que Ecopetrol compita en igualdad de condiciones con los generadores privados, sin ventajas derivadas de su carácter estatal o de su acceso a financiación. En ese sentido, la participación de Ecopetrol, y la eventual entrada de ISA, en la generación de energía despierta inquietudes sobre la concentración del mercado y la libre competencia”, advirtió el jurista.