En días recientes, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expuso las razones detrás de la expedición del decreto de emergencia económica. No obstante, no fue sino hasta el 29 de diciembre cuando se anunciaron los nuevos impuestos que regirán en el país.
Uno de los más relevantes impone una serie de cargas tributarias al sector minero y a las actividades realizadas por los actores de este sector en Colombia.
Los nuevos decretos establecen un impuesto transitorio del 1 % sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, dirigido a empresas con ingresos netos superiores a 50.000 UVT.
El Gobierno justificó esta medida basándose en la alta rentabilidad del sector, sus impactos ambientales negativos y la necesidad urgente de generar recursos financieros inmediatos.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su profunda preocupación ante la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno, amparado en un supuesto estado de emergencia económica, impone nuevas cargas tributarias al sector minero.
“Estas decisiones adoptadas vuelven a castigar de manera desproporcionada a un sector estratégico que ya enfrenta una elevada presión fiscal, incertidumbre regulatoria y pérdida de competitividad”, señalan en un comunicado.
La asociación indica que las principales inquietudes del sector radican en que el Gobierno insiste en revivir normativas que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, como la prohibición de deducir las regalías.
Según los representantes del sector minero, este proceso implica un desconocimiento de fallos judiciales previos emitidos por las autoridades judiciales del país. Además, subrayan que se estaría pasando por alto al máximo intérprete de la Constitución, lo que refleja una preocupante intención de ignorar el marco constitucional y las decisiones judiciales adoptadas.
“Es inadmisible que una emergencia económica sea utilizada para revivir decisiones judiciales que ya fueron declaradas contrarias a la Constitución, debilitando así el ordenamiento jurídico y democrático. Este decreto, además, compromete la caja del próximo gobierno y agrava la vulnerabilidad fiscal que heredará la siguiente administración”, reiteró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
Finalmente, la asociación minera sostiene que, tras analizar la información presentada por el Gobierno nacional, los mecanismos establecidos en el Decreto podrían generar esquemas de anticipos orientados a obtener recursos a corto plazo para fines políticos. Estos anticipos, una vez declarados inconstitucionales, podrían dejar un hueco fiscal aún mayor para el próximo gobierno.
Este escenario, según los actores del sector minero de Colombia, representaría un riesgo significativo. El desconocimiento de los controles institucionales podría comprometer gravemente la estabilidad económica del país.