Entre 2009 y 2010, cuando el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aplicó salvaguardas o recargos a productos importados, especialmente de Colombia, con el argumento de proteger la industria local —afectada por la crisis financiera global y la devaluación del peso colombiano frente al dólar—, en la frontera pensaron que vivían uno de los capítulos más difíciles para el comercio binacional. No obstante, una década después llegó la pandemia del covid-19 y de nuevo creyeron estar ante la crisis más profunda, dado que, como medida sanitaria, se cerraron los puentes limítrofes.
Su evaluación esa vez también fue incorrecta, pues, sin asomo de duda, empresarios, autoridades locales y ciudadanos de Nariño y Putumayo, así como de las provincias de Carchi y Sucumbíos, afirman que en 2026 están registrando su momento más crítico.
Todo comenzó el pasado 21 de enero, cuando el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció una tasa de seguridad a los productos colombianos, argumentando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Esto implicó inicialmente un arancel de 30 por ciento en febrero, luego lo subió a 50 por ciento en marzo y al ciento por ciento en mayo, con excepciones para importaciones petroleras y de generación energética. Sin embargo, desde Quito dijeron que a partir de junio lo bajarán al 75. Colombia respondió con aranceles que igualmente fueron subiendo y ahora están en niveles de 35, 50 y 75 por ciento sobre unos 190 productos ecuatorianos, al tiempo que cerró su frontera terrestre al ingreso de arroz y banano del vecino país.
Como resultado, en el puente de Rumichaca, que une a Ipiales y Tulcán, hoy circulan muchos menos vehículos y carga que durante la pandemia, mientras que el puente San Miguel, en Putumayo, está cerrado desde el año pasado por decisión del Gobierno de Noboa.
“Estamos muy afectados. Prácticamente, trabajamos al 5 por ciento de lo usual y eso gracias a las mercancías que vienen en tránsito de Perú”, asegura Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, asociación que reúne a camioneros, empleados de los cinco depósitos habilitados de la Dian en Ipiales y los de las 60 agencias de aduana del municipio nariñense.
Señala que, en su caso —se dedica a importar arroz ecuatoriano—, la operación está completamente paralizada, al igual que la de muchas empresas formales y la de trabajadores informales, como los coteros, que pasaron de ganar 80.000 pesos diarios a quedarse sin ingresos.
Su estimación es que, de las 200 tractomulas diarias que se movían por Rumichaca en importaciones y exportaciones, ahora si acaso se registran diez.
“Ipiales y Tulcán dependen del comercio internacional y hoy el resultado son locales vacíos, cerrados y despidos. Una desolación total en las dos ciudades. La afectación es en toda la cadena productiva, que involucra hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, mecánicos, almacenes de repuesto, lavaderos, engrasaderos, etcétera”, precisa Obando. Dice que a esas preocupaciones se suma la partida de muchos camiones que, al no encontrar carga, se van al centro del país.
Jairo Ramos, gerente de Negocios Internacionales de Transportes Sánchez Polo, una de las empresas de carga terrestre más grandes de Colombia, ratifica la gravedad de la situación actual y recuerda que, con las salvaguardas de Correa en 2010, la compañía tuvo una caída de 40 por ciento, pero esta vez la baja es mucho mayor. “Nosotros manejábamos un promedio de 400 viajes mensuales de tractomulas de Colombia hacia Ecuador y cerca de 150 viajes de Ecuador hacia Colombia. A raíz de las medidas, los primeros bajaron a 150 y los segundos, a 80”, comenta. Afirma que, como resultado, se han visto forzados a recortar personal en ambos países.
Su estimación es que, si no se logra un arreglo, se va a perder el 88 por ciento de la mano de obra relacionada con el sector del comercio exterior en la frontera.
Oliva Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, señala que 3.287 empresas colombianas exportan a Ecuador y la mayoría está en Bogotá, Valle, Antioquia, Atlántico y Santander, pero incluso hay exportadores en Chocó. Esto implica que unos 30.000 empleos directos están en riesgo en Colombia.
En Ecuador, 2.055 empresas importan productos de Colombia o exportan a este mercado, con cerca de 15.000 empleos en riesgo. “No solo está paralizado el comercio exterior, sino casi toda la actividad productiva de la región, incluida la bancaria, que ha caído a niveles que ni siquiera se registraron durante la pandemia”, insiste Díazgranados.
Una de las víctimas de esta situación es Yaritza Estupiñán Poveda, gerente y fundadora de YEP Logistic, una empresa ipialeña de transporte terrestre nacional e internacional de carga pesada. Esta pyme nació en 2019 y a comienzos de 2026 ya empleaba a diez personas de forma directa y a cinco indirectas. Sin embargo, la crisis actual los llevó a pasar de una etapa de crecimiento y consolidación a verse obligados a despedir a ocho colaboradores. “Hoy nos sostenemos con dos empleados directos y algunos apoyos externos, gracias a unas pocas operaciones nacionales que nos han permitido sobrevivir y evitar, hasta el momento, el cierre definitivo”, lamenta esta emprendedora.
Asegura que alternativas sugeridas por el presidente Gustavo Petro, como orientar el comercio hacia mercados del Mercosur, no representan una solución real para las empresas de esta frontera, debido a las enormes limitaciones logísticas, estratégicas y de costos.
Y si en la frontera nariñense llueve, en la de Putumayo no escampa. Aunque el puente de San Miguel tenía una operación comercial menor, hoy está cerrado. A esto se suma el alza de 900 por ciento en la tarifa para transportar crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, lo que detuvo los envíos por esa ruta, golpeando la producción, el empleo y la economía del departamento.
La Comunidad Andina, organismo al que pertenecen Colombia y Ecuador, ha intentado sin éxito mediar para desescalar la guerra comercial. Tras considerar que los aranceles recíprocos vulneran el libre comercio regional, ordenó desmontarlos y fijó como plazo el 22 de mayo. Sin embargo, antes de que venciera el término, el Gobierno de Noboa anunció recursos para mantener las medidas, y Colombia sostuvo su posición.
Las partes involucradas piensan que la exigencia de la CAN no es más que un saludo a la bandera, dado que la entidad no tiene suficientes dientes. Mientras tanto, en la frontera cada vez la pasan peor y temen que el creciente contrabando se lleve por delante todos los esfuerzos de formalidad.
En la zona se calcula que existen unas 70 trochas, por donde circula cada vez más mercancía ilegal y se expande la inseguridad, que, en teoría, motivó esta crisis y no muestra señales de ceder.