Los $9 billones que el presidente de Colpensiones dijo que le debían los fondos privados y que resultaron siendo un imposible jurídico

En la última semana de septiembre hubo revuelo en el país por cuenta de unas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró que los fondos privados de pensiones “se quedaron con la gente de alto riesgo, en una equivocación por la alcahuetería del gobierno. La gente de alto riesgo no puede estar afiliada a los fondos privados. Son más de 45.000″.

Estos trabajadores son quienes trabajan como bomberos, mineros o funcionarios de las cárceles, entre otros, los cuales tienen un régimen especial de pensión, dado que se pueden jubilar antes que el resto de los colombianos. Como muchos de ellos están en los fondos privados, Dussán aseguró que por este motivo los fondos privados de pensiones le deben a la Colpensiones y al Gobierno nacional nueve billones de pesos.

Su argumento es que esa es la cantidad de dinero que suma el ahorro de los trabajadores de alto riesgo y que, por ese motivo, junto con otros ministros del equipo económico y la Superintendencia Financiera iban a obligar a los fondos privados a trasladar a Colpensiones a esos 45.000 trabajadores, junto con el dinero que tienen guardado para su pensión.

La propuesta generó alertas porque justamente una de las características que está vigente en el sistema pensional colombiano (al menos hasta que arranque la nueva reforma) es el derecho de los afiliados a escoger en qué régimen cotizan. Además, para trasladarse de un fondo privado al público, o viceversa, la ley exige cumplir previamente con un proceso de doble asesoría, destinado a determinar cuál de los dos sistemas resulta más conveniente para cada persona.

“Esas manifestaciones del señor presidente de Colpensiones realmente son desacertadas. Los trabajadores de alto riesgo que deciden afiliarse a un fondo privado no pueden ser trasladados a Colpensiones por una orden presidencial, ni por un decreto, pues eso no lo permite la ley y violaría su decisión voluntaria de pertenecer al régimen que ellos consideren”, explica el abogado laboralista Misael Triana.

Los trabajadores de alto riesgo pueden acceder a la pensión de vejez a los 55 años (hombres y mujeres) o incluso a los 50 años, si superan las 1.300 semanas de aportes, debido a que sus labores reducen su expectativa de vida saludable. Dado que cotizan durante menos tiempo, la ley obliga a sus empleadores a aportar 10 puntos porcentuales adicionales frente al resto de los trabajadores, de modo que la contribución de estas pensiones no es del 16 % sino del 26 % del ingreso del trabajador.

“La matemática pensional demuestra que es inmensamente más favorable que estos trabajadores estén afiliados a Colpensiones, pero la única manera de que estén allí, es mediante la decisión individual y voluntaria de cada uno de trasladarse”, reitera Triana y agrega que, por ende, los fondos privados no le deben dinero al Gobierno o a Colpensiones, pues estos lo que hacen es administrar el capital de los afiliados que los eligieron para guardar y hacer rendir su ahorro.

La segunda gran imprecisión que cometió Dussán, fue que dijo que con los nueve billones de pesos iba a contribuir a pagar el pilar solidario, con el que se busca darles una mesada a tres millones de adultos mayores que están en vulnerabilidad económica, que es uno de los cambios que trae la reforma pensional.

Triana alerta que el dinero que se traslade de los fondos privados a Colpensiones no se puede usar para el pago de rentas básicas solidarias o subsidios, pues eso no lo permite ni la Ley 100 de 1993, ni la nueva ley de pensiones 2381 del 2024, que aún está pendiente de entrar en vigencia. Varios expertos han advertido que esos subsidios solo se pueden pagar con recursos del presupuesto y no con el ahorro pensional.

Por ahora lo cierto es que, tras las declaraciones del presidente de Colpensiones, los ministros se reunieron con los fondos privados y se llegó a la conclusión de que el Gobierno va a volver a habilitar la cotización de alto riesgo en los fondos privados (la cual se había cerrado en julio de este año) y que van a crear unas mesas técnicas para definir la población a la que le puede interesar trasladarse, para contactarla y darle la información.

“En últimas, son los afiliados los que deciden en qué fondo cotizan y cuando se trasladan”, reitera un experto. Así, los nueve billones de pesos no fueron más que un anuncio inejecutable.