Presupuesto 2026: detalles de lo que pasó en la reunión privada entre el presidente Petro y los congresistas ponentes del proyecto

La controversia alrededor del Presupuesto 2026 se aviva cada día que pasa, pues ese proyecto de ley, el más importante para una nación, tiene un cronograma estricto para su aprobación y, de no darse el debate en el Congreso de la República en los tiempos reglamentarios, como sucedió el año pasado, terminará siendo expedido por decreto, lo que, a todas luces, no es bueno para la democracia ni para las finanzas públicas.

La propuesta legislativa debe estar aprobada el 30 de octubre, pero ya muchos parlamentarios, principalmente de partidos de oposición al Gobierno, manifestaron que no avalarán el monto, establecido por el Ministerio de Hacienda en 556,9 billones de pesos, de los cuales 26,3 billones provienen de una fuente incierta: una reforma tributaria de difícil aceptación en las actuales circunstancias económicas y políticas del país.

El presidente Gustavo Petro, como pocas veces sucede, se reunió durante cuatro horas con el grupo de ponentes y coordinadores ponentes, quienes serán los encargados de elaborar el texto que llegará al estrado legislativo para ser sometido a votación y a una eventual aprobación.

En el encuentro surgió el punto que puso en el debate el Centro Democrático, partido que pidió un recorte de 39,3 billones de pesos. Pero el mandatario, según contó la representante a la Cámara Saray Robayo, les dijo claro y tajante que, de no aprobarse el monto original, tendría plan B y hasta C para sacarlo adelante. Es decir, no aceptará que le muevan la cifra, la cual, entre otras cosas, también fue ajustada con su puño y letra, como lo dijo en uno de sus consejos de ministros: “El presidente no firmará un proyecto de ley que reduzca el gasto social”, manifestó tan pronto como conoció la primera versión realizada por el Ministerio de Hacienda.

Desde la perspectiva de Robayo, con el Presupuesto no se evidencia una planeación real. “Mueven la Regla Fiscal como si se tratara de un juego. Alrededor del tema de la alimentación, que es uno de los que impulsó desde el Congreso, se habló de la estrategia ‘hambre cero’, con una asignación de 1,3 billones de pesos, de los cuales se han ejecutado 500.000 millones. Para 2026, el sector defensa, que debería tener aumentos de 15 por ciento para enfrentar la inseguridad rampante en el país, solo hay un alza de 7 por ciento. Por eso, queremos dar el debate en el Legislativo, como lo establece la Constitución”.

En la reunión entre los congresistas y el jefe de Estado estuvieron tres de los presidentes de las cuatro comisiones económicas que darán el primer debate al proyecto de ley.

Enrique Cabrales, de la Comisión IV del Senado, dijo a este medio que se abstuvo de participar porque “el escenario para hablar del presupuesto es el de las comisiones conjuntas y no las reuniones privadas”.

En el encuentro todos los asistentes tuvieron una participación activa, según afirma Olga Lucía Velásquez, parlamentaria que también forma parte del equipo de ponentes, quien tiene una visión más optimista con el debate del Presupuesto. “Veo voluntad de parte del Congreso para sacar el proyecto adelante sin que tenga que ser establecido por decreto. Y veo disposición del Gobierno a escuchar, como lo mostró en la reunión”. No obstante, la controversia se activó desde ese encuentro. Angélica Lozano, de la Comisión IV, dijo en la reunión que el monto de la carta financiera no se debería incrementar más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Ello, en medio de las críticas, como la que hizo Cabrales, según la cual “el gasto de funcionamiento crecería en 74 por ciento entre 2020 y 2026, mientras que la inversión, que es la que produce empleos para los colombianos, solo lo haría en 27 por ciento”.

Desfinanciado

En medio de la controversia, lo que no se puede perder de vista es que, por tercera vez consecutiva, el Gobierno presentó el Presupuesto desfinanciado, con la misma inconsistencia entre ingresos y gastos, lo que tarde o temprano terminará pasando una costosa factura al país, según advierte Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). “La incoherencia entre ingresos y gastos genera el desequilibrio fiscal tan alto que hoy tenemos. Por eso, hay un déficit persistente y una deuda que va a alcanzar máximos históricos”.

Las consecuencias, según argumenta Betancur, podrían llegar al punto en el que se requiera hacer un ajuste a la fuerza. Sería cuando el nivel de deuda del país alcance un punto tan alto que se le cierren los mercados financieros. “Si no hay quién le preste a un país, a la fuerza los ingresos y los gastos tendrán que igualarse. Por eso, la sostenibilidad fiscal hay que protegerla”, explica.

Por el momento, la coyuntura de las cuentas públicas en medio de la cual se debatirá el Presupuesto 2026 no podría ser más compleja. El déficit fiscal en 2024 alcanzó el 6,7 por ciento, mientras que para 2025 se proyecta en 7,1 por ciento, tal como estuvo durante la difícil situación de la pandemia.

El agravante, para 2026, es que se activó la llamada cláusula de escape de la Regla Fiscal, lo que implica que se podrá suspender durante tres años el tope máximo permitido, del déficit y de la deuda. El Gobierno tendrá así un mayor margen para incrementar los gastos.

El propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, argumenta que en la torta presupuestal pasar la tijera a los gastos es casi imposible, pues más del 90 por ciento de ellos son inflexibles, porque se refieren al pago de sueldos, mesadas pensionales, la deuda y las transferencias a las regiones. En consecuencia, el primer sacrificado en esos casos es el rubro de inversión y, de hecho, se ha visto en este 2025, cuando se frenaron las obras de infraestructura, sector que prácticamente se movió solo por la construcción del Metro de Bogotá.

Cristian Garcés, representante a la Cámara e integrante de las comisiones económicas, dice que sí hay margen de maniobra para que el Gobierno pueda apretarse el cinturón, siempre que se quiera buscar el equilibrio en las finanzas públicas. Por ejemplo, mencionó que “hay más de 1.000 cargos nuevos en el Ejecutivo. Es importante que el Gobierno explique por qué ese aumento tan visible en comparación con el año anterior. Existe espacio para que puedan disminuir nóminas paralelas y burocracia innecesaria”.

Desde la perspectiva de Garcés, lo que se debería priorizar es la destinación de recursos a los sectores que generan reactivación económica, camino que, de tomarse, se convertiría en un círculo virtuoso. “Además de aumentar el beneficio social, se incrementarían los ingresos del Estado, por el crecimiento económico. Esto no se está haciendo. Por el contrario, se propone una fuerte disminución de plata para la vivienda, 1,4 billones de pesos menos, cuando, por esa vía, se podrían impulsar infinidad de subsectores que dependen de la construcción”.

Por consenso, la preocupación de los parlamentarios está en tres sectores que tendrán fuertes recortes presupuestales, o, al menos, crecimientos insuficientes en comparación con la importancia que tienen para el desarrollo. Es el caso de la agricultura, que disminuye en un 25 por ciento frente a la plata que tiene asignada en 2025; el deporte, que baja en 33 por ciento, y la educación, que solo crece en un 8 por ciento. En total, de 163 entidades, 65 tienen disminución en la asignación de recursos.

En ese escenario, el Gobierno tendrá que mover las fichas para ajustar los recursos a las necesidades inaplazables. Velásquez dice que su posición con la propuesta del Gobierno se concretará cuando se conozca el contenido de la ley de financiamiento, la cual será radicada la próxima semana. “Recientemente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hizo cálculos que afirman que, de cada 100 pesos que deberían recaudarse por impuestos, 50 se pierden en todas las exenciones que hay. También dice que el 90 por ciento de esos beneficios tributarios los tiene el 10 por ciento de las empresas que más ingresos generan en el país. Entonces, habrá que esperar la propuesta con la ley de financiamiento”.

El presupuesto 2026, durante las próximas semanas, dará mucho de qué hablar.