Las decisiones del Banco de la República y sus teorías suelen verse como contradictorias: ¿Por qué se suben las tasas de interés si se necesita estimular la economía?; ¿por qué se trata de atajar el consumo si es bueno para el crecimiento?; ¿cuál es la razón por la cual ahora se ve riesgoso que el dólar esté alto si al país le sirve como exportador de petróleo, flores, café?
A cada uno de esos interrogantes respondió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, al presentar su informe ante la Comisión Tercera del Senado, donde asistió a un debate de control político citado por la mesa directiva de dicha comisión.
Claro está, sus mensajes no dejaron de desatar controversia, teniendo en cuenta las voces de los representantes de partidos de oposición, en particular, el Pacto Histórico, que trata de defender a capa y espada las políticas aplicadas en el cuatrienio anterior, alrededor de las cuales estiman que están siendo borradas “porque sí”, sin tener en cuenta si técnicamente sirvieron o no.
Un punto en particular fue polémico: el del incremento en el salario mínimo, que ha sido señalado como generador de presión inflacionaria, debido a la indexación de su alza a la economía (todo es más costoso y al final se le traslada al consumidor).
Según la sustentación de Villar, el país venía en una senda reduccionista de la inflación, que llegó a estar en un 13,4 % en el primer trimestre de 2023, como efecto de la pandemia, y se empezó a aplicar la política monetaria, cuyo principal instrumento es la tasa de interés. Fue así como se llegó a disminuir en 8,5 puntos porcentuales ese indicador que afecta gravemente el bolsillo de los colombianos y que es considerado como el peor impuesto para la clase más vulnerable. A mediados de 2025, como lo venían logrando otras naciones del continente, la inflación en el país llegó al 4,8 %, pero empezó a revertir la tendencia. ¿A qué se debió?
Desde la perspectiva de Villar, en Colombia se dieron tres elementos que no tenían otras naciones que sí bajaron la inflación a niveles más cercanos a niveles tolerables para sus economías. Por un lado estuvo el ya mencionado aumento del salario mínimo, que mientras el índice de precios al consumidor-IPC, como una de las variables que se utiliza para aplicar las alzas buscando el equilibrio necesario, estaba cercano al 5 %, el salario aplicado fue del 23 %. Es más, en los casos del trabajo por hora, dicha alza real fue del 28 %, teniendo en cuenta que hubo una combinación de medidas: además del alza salarial se juntaron los nuevos costos laborales, por disminución de las horas semanales trabajadas (fuera de ellas se deben pagar extras). Ello, ha encarecido la producción y prestación de servicios de forma generalizada en todas las canastas de consumo.
Villar también sustentó la relación entre la inflación y el déficit fiscal que tiene Colombia, pero sin duda, el punto controversial fue el del salario mínimo, sobre el cual respondió David Racero, quien afirmó que no veía claridad en el hecho estadístico según el cual, en el 68 % de los países hubo inflaciones altas: “eso es la tercera parte del mundo”, y solo en Colombia se iba a subir por una medida que, a su juicio, y por el contrario, fue positiva, pues impulsó el consumo, lo que a su vez movió el crecimiento económico.
A juicio de Racero, “veo una contracción de fondo, porque el consumo jalonó la demanda. La producción no se va a ver beneficiada con el nuevo gobierno”.