Después de toda una mañana en la que la plenaria de la Cámara, que parecía adelantarse a la del Senado, para debatir y aprobar el articulado del Presupuesto 2027, el proyecto de ley más importante en el momento para el Gobierno, quedó en vilo. De un momento a otro, la sesión fue levantada, por orden del presidente de esa célula legislativa, Nicolás Antonio Barguil.
La jornada había iniciado a las 11 de la mañana, y durante tres horas, se ocuparon de votar un catapacio de impedimentos que presentaban los congresistas, además, de manera desordenada. A medida que votaban unos y ya parecía terminarse la fila, llegaban otros que obligaban a abrir de nuevo la votación.
Al final, muy cerca de las dos de la tarde, desde la mesa central se anunció que la jornada se levantaba y se convocaba para el lunes 19 de octubre, a las 10 de la mañana.
La decisión fue tomada por la falta de quórum, pues la mayoría más uno, necesaria para este tipo de debates, se disolvió.
De esa manera, el proyecto de ley queda ahora con más aprietos, debido a los tiempos que exige la normatividad: debe ser votado, con todo y conciliación —si se requiere— antes del 20 de octubre a la media noche.
En consecuencia, quedan solo dos días hábiles para que se estudie en plenarias, de manera simultánea, la propuesta financiera para 2027, aforada en 645 billones de pesos, con una reorganización de las partidas, según la propuesta consignada en la ponencia para el segundo y último debate del proyecto de ley.
El trámite del proyecto de Presupuesto 2027 no ha sido fácil. En primer lugar, partió de una propuesta presentada por el gobierno anterior, que tenía 60 billones de pesos menos. No obstante, al organizar las cuentas el nuevo gobierno decidió retirarlo del Congreso y volver a presentar un plan nuevo.
En su momento, el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo que si bien no era el mejor presupuesto, al menos era más acorde con las realidades de financiación del país.
Alrededor del proyecto de ley se han desatado controversias, como la relacionada con la reducción de la asignación presupuestal para la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.
Y ni qué decir de los reclamos de congresistas, no solo porque la expectativa de un aumento en el monto está basada en la presentación de una ley de rescate fiscal, para recortar gasto público.
Pero tampoco a faltado la puesta del sombrero, por un lado, para que se incluya una destinación específica de recursos para el terremoto, teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo para reorganizar las partidas entre los tres grandes rubros: financiamiento, deuda e inversión, pero con la expectativa de que se tenga la disponibilidad presupuestal para atender las necesidades que trajo consigo el sismo del 10 de agosto.