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| 5/4/2019 12:00:00 AM

¿La Policía puede ingresar a las universidades públicas?

En los últimos días, los actos de violencia y de vandalismo en las universidades públicas se han pasado de la raya. Aunque la Policía asegura que puede ingresar a los campus, los rectores desaprueban esta medida. ¿Por qué la falta de control?

¿La Policía puede ingresar a las universidades públicas? Desmanes en la Plaza de Bolívar durante el paro nacional. Foto: Esteban Vega La Rotta

“Nos preocupa que la violencia se está incrementado dentro de las universidades a un nivel que no habíamos visto en los últimos cuatro años”. La frase no es de quienes atacan la protesta, ni de la Policía. Lo dijo Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, una de las universidades que más ha tenido confrontaciones con la fuerza pública en Bogotá.

Su angustia no es para menos. Lo ocurrido en la Universidad del Valle, en donde murió un hombre que no pertenecía a la institución y otros más resultaron heridos, dejó en evidencia la permisividad, falta de control e impotencia por parte de los directivos universitarios y de la Policía frente a estos hechos. En ese episodio, los involucrados, presuntamente, estaban manipulando material explosivo al interior del campus.  

Para Juan Carlos Ruiz, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, lo más grave es que la comunidad académica se acostumbró a estos actos violentos y no denuncia. “Han optado por ser como el avestruz: meter la cabeza en la arena para no darse cuenta de lo que está pasando. Pero, además, tienen un acuerdo tácito con la Policía para evitar el ingreso de los uniformados, así se han convertido en tierra de nadie”, explicó.

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No es un secreto que bajo el escudo de la autonomía universitaria, es decir la independencia política y administrativa de las universidades públicas, los violentos se han escudado para generar caos. Y aunque para ciertos sectores parezca lógico la presencia de la Policía cuando esto ocurre, para un rector no debería abrírsele la puerta. ¿Por qué?

Algunos directivos expresan que, si dejan ingresar a la Policía cuando se presentan las manifestaciones, la confrontación entre estudiantes y fuerza pública se agudiza. Y, por supuesto, ningún rector está dispuesto a ser el responsable de un conflicto mayor. Por otro lado, se han dado casos en que los denunciantes de quienes promueven los actos vandálicos son víctimas de represalias.

Como la Policía no parece ser la salida, algunos académicos han presentado algunas propuestas. Por ejemplo, el exrector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, dijo que una solución sería crear una policía universitaria para judicializar a los estudiantes que participen en las protestas violentas. El profesor Ruiz, por su parte, planteó la creación de un protocolo consensuado entre universidades, Policía y Ministerio de Educación en que se establezca cuándo puede entrar la fuerza pública y cuál debe ser el papel de la universidad durante una protesta.

Aunque el ministro de Defensa Guillermo Botero afirmó que no hay ningún territorio vedado para la fuerza pública, los rectores creen lo contrario. Para Martínez, la presencia de la Policía depende de la Fiscalía, que ordena un allanamiento, o de los rectores. “En este caso, no aceptamos su ingreso, porque sería peor y lo hemos visto en intervenciones anteriores”, aseguró.

La historia, según algunos académicos y líderes estudiantiles, muestra que cuando la Policía ha ingresado a las universidades públicas los resultados no son positivos. 

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De acuerdo con Julián Báez, vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), el ingreso del Esmad ha generado más hechos de violencia. "Estudiantes han sido asesinados, los han judiciliazado bajo pruebas que no son claras, porque no existe un protocolo para su ingreso e incluso plantan elementos para culparnos por situaciones que no cometemos". 

El caso más recordado es el asesinato del estudiante de la Universidad del Valle, Jhonny Silva, durante una incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios al campus universitario, para contener una protesta en septiembre de 2005Por ese hecho, en 2017 el Consejo de Estado condenó a la Policía pagar una indemnización de 700 millones de pesos y en ese mismo fallo le exige a la Fiscalía reabrir la investigación penal y dar con los responsables.

Ahora, en un momento en que la violencia se está apoderando de las protestas estudiantiles, como aseguró Martínez, es urgente plantear una medida que no encienda los ánimos entre manifestantes y fuerza pública, pero que tampoco permita desmanes como los ocurridos en la plaza de Bolívar durante el paro nacional. En este ambiente, la acción de las universidades públicas es clave.

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