Los colombianos recuerdan bien la fuerte ola invernal que sacudió al país entre 2010-2012. Los torrenciales aguaceros –los peores en medio siglo– provocaron inundaciones y deslizamientos y, entre otros efectos, hicieron que la red vial nacional prácticamente colapsara. Para atender esta y futuras emergencias y mitigar sus efectos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) abrió –en abril de 2013– una licitación para adquirir maquinaria y equipos, entre ellos automotores para mantenimiento de las vías.
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Uno de los lotes de la licitación tenía por objeto comprar volquetas para distribuir en los departamentos y ayudarles a atender la ola invernal. Al proceso se presentaron tres proponentes y ganó la Unión Temporal Automayor-Autosuperior, concesionarios Chevrolet, que tuvo la oferta más barata. Ofreció volquetas Chevrolet FTR Camión 700P, con las precisas dimensiones y particularidades técnicas de ese modelo. Según lo pactado, el contratista entregó 192 vehículos y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pagó por ellos 27.669 millones de pesos.
Pero lo que parecía ser un buen plan se volvió un dolor de cabeza para la UNGRD. A menos de un año de entregadas, las volquetas empezaron a fallar. Cuando una de ellas llegó al concesionario autorizado para efectos de la garantía, este negó reconocerla y señaló que el vehículo había sido modificado en sus dimensiones.
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Ante este hecho, el interventor del contrato ordenó medir una muestra de 106 volquetas y encontró que todas tenían una longitud de chasís y una distancia entre ejes sustancialmente menor a la que, según la ficha técnica entregada por la unión temporal, debían tener las Chevrolet FTR Camión 700P.
La interventoría descubrió que la unión temporal entregó vehículos con características técnicas diferentes a las señaladas por ellos mismos en el ofrecimiento que les valió ganar la licitación sobre otros competidores.
Por considerar que incumplió el contrato, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres demandó al contratista y pidió medidas cautelares. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del Estado y decretó dichas medidas, razón por la cual en la actualidad Automayor y Autosuperior tienen embargadas algunas cuentas corrientes y bienes inmuebles.
Consultados por SEMANA, los demandados afirmaron que el prematuro deterioro de los vehículos, según diagnóstico de expertos, se debió al mal uso de los productos y a deficiencias en los mantenimientos regulares. En la respuesta a la demanda agregan que la permanente rotación de los conductores y operarios habrían agravado el problema. En cuanto a las especificaciones técnicas, Marisol Ibagón Castro, gerente de Ventas de Automayor, afirmó que “estas se estudian junto con los ingenieros de la fábrica para adecuarlas a los requerimientos de los diferentes contratos […] siempre con el total aval de los ingenieros de la marca”. Afirmó que tiene pleno convencimiento de haber cumplido a cabalidad con el contrato, y que este es el único caso generalizado que se presenta de esta manera en estos 45 años de trayectoria empresarial en Colombia.
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El magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón, de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al aceptar las medidas cautelares controvirtió algunos de los argumentos anteriores. Señala allí que según el certificado de garantía de General Motors (GM) los vehículos eran aptos para funcionar en las condiciones climáticas y topográficas existentes en Colombia.
Ahora, la UNGRD le reclama al contratista 33.000 millones de pesos por la plata que pagó por los vehículos y por los perjuicios ocasionados. Fuentes del gobierno afirmaron que esperan no solo que el contratista pague, sino que GM sancione al concesionario que vendió los carros. Y agregó que no es posible que a la hora de licitar, ciertos proponentes pinten pajaritos de oro por ganarse un contrato, pues están en juego recursos públicos que, como dice el exalcalde Antanas Mockus, son sagrados.
