Jalón de orejas

La ejecucion de recursos de Bogotá a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) puede convertirse en un dolor de cabeza para el alcalde Antanas Mockus. Un informe de la Contraloría de Bogotá hace reparos a varios convenios de asistencia que seis entidades del Distrito han hecho con este organismo de cooperación entre 1996 y 2003.

Como explicó SEMANA en una edición anterior, muchas entidades han recurrido a estos convenios para evitar los trámites de la Ley 80 de contratación. Sin embargo en muchos casos este mecanismo se ha prestado para irregularidades, y al ser administrados por organismos con fuero diplomático los entes de control no pueden hacer su trabajo.

En Bogotá la Contraloría analizó convenios con el Pnud firmados por la Alcaldía Mayor, el Departamento del Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Transito, el Instituto de Cultura y Turismo y la Empresa de Teléfonos de Bogotá por cerca de medio billón de pesos. Si estos organismos brindan cooperación, o en la práctica sólo administran recursos públicos, es algo que ha sido cuestionado por los entes de control y por el gobierno nacional. Este es uno de los puntos centrales que señala la Contraloría, ya que el Distrito ha cancelado por ese concepto al Pnud una comisión de 3,5 por ciento, más de 30.000 millones de pesos.

Alicia Eugenia Silva, secretaria privada de la Alcaldía, dijo a SEMANA que la administración está dispuesta a revisar el tema y "que se abra el debate no quiere decir que se esté haciendo algo por fuera de la ley". Y que no se debe "macartizar" un mecanismo que permite desarrollar algunos proyectos de forma ágil.

Lo cierto es que ejecutar recursos a través de organismos de cooperación internacional les permite a las entidades públicas mostrar en sus balances que sus presupuestos se han invertido en su totalidad pero en muchas oportunidades los proyectos ni siquiera han comenzado a realizarse (ver gráfica)

Además, como en últimas el que termina contratando la ejecución es el organismo de cooperación, ante un incumplimiento es más difícil reclamar. Por ejemplo el Pnud, en un convenio con la ETB, firmó dos contratos por 72 millones de dólares para sistematizar la empresa distrital y mejorar su sistema de facturación y de servicio al cliente. Luego de haber hecho pagos por 110.000 millones de pesos los contratistas incumplieron y el negocio se suspendió sin recibir todo lo contratado. Ahora la ETB está supeditada a que el Pnud resuelva esto en un tribunal internacional.

Es normal que la banca multilateral exija que la ejecución de sus créditos se haga por medio de organismos internacionales como el Pnud precisamente por su gran credibilidad. Pero cuando intervienen en la administración de dineros públicos pueden ir en contravía de los principios de la contratación.

En Bogotá la selección de contratistas por el Pnud no siempre cumple los principios legales de objetividad y transparencia. Esto ha permitido contratar personal hasta por 52 meses bajo prestación de servicios, con lo que se eluden las relaciones laborales y se constituyen en una 'nómina paralela'. SEMANA encontró que en 2002 la Alcaldía, a través del Pnud, realizó 236 contratos de consultoría por 5.648 millones de pesos, el Instituto de Cultura y Turismo 392 por 2.998 millones y la Secretaría de Tránsito 14 por 645 millones de pesos.

Ante esto Silva dice que la selección de contratistas por el Pnud es muy exigente y brinda garantías. Sobre las consultorías dice que para programas específicos se requieren especialistas y no es necesario que entren en nómina pues, según ella, esto puede salir más costoso.

Adicionalmente el Pnud presenta tardíamente los informes y no existen indicadores sobre los resultados de los proyectos, dice el informe. Aparte de que los bienes adquiridos no entran al inventario de las entidades sino hasta que se liquiden los convenios pero, como estos se van prorrogando, hace difícil el control. SEMANA se comunicó con este organismo para su opinión pero su representante se encontraba fuera del país.

Para la Contraloría estos convenios "podrían generar daño fiscal", por lo que aplicó un control de advertencia, que es un llamado de atención para que se corrijan las deficiencias. "Bajo esta administración, dice Silva, estos convenios se han reducido y estamos buscando que sean sólo para programas muy puntuales". Y agrega que no hay cuestionamientos en los recursos administrados por el Pnud.

Por ser tan polémica esta figura habrá que ver cómo Mockus reorienta estos convenios. Podría servir de modelo para cientos de entidades que han acudido a los organismos de cooperación para administrar sus recursos.

Escriba a: investigaciones@semana.com